Cerca de 150.000 ciudadanos aún no cobran el Erte que solicitaron hace ya casi medio año, registrarse para acceder al desempleo o a la jubilación, a la que hay derecho después de una vida entera de esfuerzos, se ha convertido en un acto de fe y, para colmo de males, el 80% de las solicitudes de la renta mínima acaba en el cesto de la basura. ¿Dónde está el escudo social del que presumía Pablo Iglesias? No existe por ninguna parte.
La Administración del Estado está en estos momentos colapsada. Los ciudadanos hemos perdido el servicio de la atención pública que sufragamos con nuestros impuestos. Son, además, las clases sociales más bajas, o aquellas que tienen problemas económicos, las que padecen las mayores consecuencias del caos administrativo. Véase el caso de las empleadas del hogar, que apenas solicitan las ayudas porque les resulta difícil cumplir con el interminable papeleo que se exige. ¿Dónde están los responsables del desaguisado? Parece que continúan de veraneo.
La parálisis que padecieron cientos de hospitales en primavera por el coronavirus no era algo extraordinario, por lo visto, sino fruto de la improvisación y de la falta de previsión de las autoridades. Lo peor es que el riesgo de volver a ver cuadros dantescos en los centros hospitalarios o en las residencias de ancianos amenaza con volver.
El caos bloquea Ertes, jubilación o la renta mínima. ¿Dónde está el escudo social?
Sánchez puso fin al confinamiento general de la población y al estado de alarma el 21 de junio con la promesa por parte del doctor Simón de que todo estaba bajo control para inaugurar la nueva normalidad. Como luego se vio, era mentira. Los controladores eran claramente insuficientes en todas las autonomías. Solo 400 en Madrid o en Cataluña para el seguimiento de una población de más de seis millones de habitantes, respectivamente. El resultado es conocido. Torra tuvo que recurrir al confinamiento parcial de varias localidades, incluida Barcelona. En la capital de España, que encabeza el incremento diario de los contagios, se suspendieron las intervenciones quirúrgicas en tres grandes hospitales ante el temor de que sus instalaciones se saturen tras el fin de las vacaciones de verano.
Los contagios se multiplicaron por diez en las últimas semanas, hasta situar a España en el país con más incidencia de afectados de toda Europa (casi 150 por cada 100.000 habitantes). Y aún nos queda la vuelta al colegio en las primeras semanas de septiembre, donde los peores presagios pueden hacerse realidad.
A menos de 15 días de la apertura de los colegios de primaria e infantil no existen protocolos claros de actuación, la coordinación entre autonomías es inexistente, faltan profesores, cuadros médicos y hasta personal de limpieza para mejorar las medidas de higiene. Los sindicatos de educación han convocado una huelga para protestar por la falta de medidas en la Comunidad de Madrid, pero el resto de las autonomías vive una situación parecida. El caos y la desorganización se apoderan del Gobierno.
Hay sectores enteros seriamente dañados o cientos de miles de empresas en riesgo de desaparecer. El turismo reporta pérdidas de ingresos próximas a los 100.000 millones, casi el 70% de su facturación. Las culpas ya no pueden echarse a los malvados de los gobiernos europeos o al premier británico, Boris Johnson, por la cuarentena, sino a nosotros mismos, que no hemos sabido controlar los contagios.
La descoordinación autonómica deja fuera de control el virus y agravará la crisis económica
El cierre de discotecas u otro tipo de locales nocturnos, así como la prohibición de fumar o de las celebraciones sociales y familiares llega al final de verano, cuando los efectos desastrosos para la salud pública y para la hostelería ya no tienen remedio. Más valdría prevenir que curar.
Después de seis meses no hay un sistema homogéneo de reporte de datos, con unos parámetros claros que se sigan de manera transparente por parte de las comunidades autónomas. Tampoco existe un protocolo de intercambio de información sobre salud pública, que evite los picos de ingresos hospitalarios en unas autonomías mientras que otras pasan por momentos valle.
Asimismo, se carece de un marco común de detección temprana, que señalice claramente qué test o tecnologías de rastreo se deben aplicar, o cómo y cuándo aplicar restricciones a la movilidad ya sea horaria o mediante confinamientos restrictivos. La aplicación móvil RadarCovid no estará completamente operativa hasta mediados de septiembre.
En estas circunstancias es comprensible que nadie venga de vacaciones a España. Las estimaciones para la temporada de invierno son negras, la ocupación apenas alcanzaría el 2%, frente a tasas de entre el 80% y el 90% del año pasado. Un panorama similar se espera en el sector aéreo, donde del tráfico se hundió el 70%. El impacto entre ambos sectores superará el millón de desempleados.
Las consecuencias de la caótica organización de la pandemia pasarán una pesada factura a varias generaciones de españoles durante las próximas décadas. La deuda batió un récord histórico en junio con 1,29 billones de euros, el 115% del PIB, mientras que el déficit de la Seguridad Social, que además de las pensiones, soporta la carga de los Ertes y del desempleo, alcanzará a finales de año 100.000 millones, frente a los 17.000 millones del ejercicio pasado.
El Gobierno espera el maná europeo, un cheque de 140.000 millones para la primavera del año que viene. Pero el dinero europeo va destinado a la economía productiva no a pagar el déficit o la deuda generados por los proyectos sorpresa del político de turno.
El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, lo advirtió esta semana: "La instituciones e inversores solo sufragarán la deuda buena, aquella que se destine a mejorar el capital humano, las infraestructuras clave o la investigación. (…) Si se utiliza para propósitos improductivos, la deuda mala no será sostenible". A buen entendedor pocas palabras bastan, el BCE ya no está dispuesto a soportar en el futuro la barra libre de los déficit generados por políticos manirrotos.
El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, advertía también desde la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que todo dependerá de cómo evolucione la pandemia y de cómo respondan los planes de choque de cada Ejecutivo comunitario.
El Tesoro emitió en lo que va de año deuda por 100.000 millones, de los 130.000 millones que tiene previsto. Ademas, lo hizo con elevada demanda y gran aceptación por parte de los inversores. El secreto de este éxito está en que el BCE adquirió 60.000 millones de esa deuda nueva y si se extrapola al conjunto del año, el 90% de la nueva financiación está garantizada por el banco central. Somos drogodependientes, estamos en manos de las decisiones de la institución presidida por Christine Lagarde.
El riesgo está en que si la recuperación de la economía española no va al mismo ritmo que el resto, el BCE tenga que poner freno a sus adquisiciones. Guindos ya lo advirtió en una reciente conferencia ante la Asociación Nacional de Economía de Empresas (Nabe): "Mi preocupación ahora es una recuperación a dos velocidades en Europa".
Además, en el caso de que se produzcan rebrotes que fuercen a restringir la movilidad y dañen aún más a la hostelería y el turismo, así como a las pymes, los inversores perderán la confianza en la economía.
Los augurios para España no pueden ser más negativos. Se teme una segunda oleada del virus en otoño ante la descoordinación autonómica. El doctor Simón lo reconoce ya abiertamente: "Las cosas no van bien, que nadie se confunda. (...) La epidemia está fuera de control en algunas zonas".
No hay ni rastro de un plan de choque nacional para contener la sangría económica ya provocada. Por no haber acuerdo no lo hay ni siquiera para los Presupuestos. El virus ha sumido la gestión sanitaria y económica en un caos sin precedentes, que nos puede sacar de la primera división del euro, como dejó entrever Guindos, si no se toman medidas para dar un golpe de timón que corrija el rumbo. Es difícil hacerlo peor.
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