La Seguridad Social deja sin revisar el 80% de las solicitudes para cobrar el ingreso mínimo vital. Era previsible que la demanda de dicha ayuda desbordara las capacidades de esta Administración, tratándose de un subsidio vitalicio con un universo potencial de beneficiarios que asciende a dos millones de personas.
Los apenas dos meses transcurridos desde su aprobación bastan para que se acumulen ya 750.000 solicitudes, en un momento muy delicado para la Seguridad Social y para los Servicios de Empleo. De hecho, procesos tan básicos como pagar los Ertes o tramitar jubilaciones sufren preocupantes demoras. La aprobación de la renta mínima sólo ha contribuido a agravar el caos y amenaza también la capacidad misma de ejercer un mínimo control sobre los subsidios.
