La economía española parece estar echando el freno tras un verano atípico y los rebrotes que comienzan a generalizarse en toda la geografía, y mientras, el gasto público no deja de aumentar, al contrario que ocurre con el consumo de las familias y la inversión empresarial. La tasa de ahorro de los españoles está subiendo a un ritmo muy elevado y el endeudamiento empresarial también lo hace a marchas forzadas.
En este contexto, las arcas públicas están de secano por la caída dramática de la recaudación y el aumento del gasto, de modo que apenas queda dinero para hacer frente a los compromisos del Estado, entre ellos el pago de pensiones, los salarios públicos y el resto de las prestaciones sociales que consumen la mayor parte del presupuesto de un Estado con elevadísimos gastos estructurales y comprometidos. Todo ello a pesar del aumento en más de 100.000 millones de la deuda pública en lo que llevamos de año (480 millones cada día).
Y tal es la sequía que muchos apuntan a un endurecimiento de la situación a partir del mes de octubre. Prueba de ello ha sido el intento de obtener liquidez llevado al Congreso, una medida que imponía un corralito a los ahorros de los ayuntamientos con el resultado que ya todos conocemos; 14.000 millones que sólo habrían prolongado la agonía mientras llega el ansiado maná desde la Unión Europea.
El Estado apenas tiene dinero para el pago de las pensiones y los salarios públicos
La principal consecuencia es que varios de los miembros del Gobierno están realizando un curso avanzado sobre las técnicas del zahorí, pues necesitan encontrar urgentemente dinero debajo de las piedras o bien posibles generadores de ahorro. Por ello, se habla últimamente de las pensiones, la congelación del salario de los funcionarios o las cotizaciones de los autónomos, entre otros temas de actualidad política.
Ahora bien, si alguien nos dice que tiene que pagar por trabajar, seguro que nos echamos las manos a la cabeza e inmediatamente pensamos que está siendo objeto de un timo o cualquier otra ilegalidad. Sin embargo, esta es la situación del colectivo de autónomos, que debe abonar religiosamente una cuota mensual independientemente de si consigue facturar e incluso cobrar; pero que eso es harina de otro costal.
En estos días se encuentra en el candelero mediático una medida que se abordó hace tiempo pero que estaba aparcada en un cajón y ha vuelto a salir a la luz: legislar para que el autónomo pague las cuotas sociales en base a sus ingresos reales, porque más del 85% lo hace sobre la base mínima, de modo que la medida afectaría a 3 de cada 4 autónomos que verían incrementar su cuota de forma muy sustancial, contribuyendo así a mejorar las mermadas arcas públicas, al menos en teoría.
En España los autónomos son un colectivo muy heterogéneo que suma un total de 3,25 millones de trabajadores de los cuales cerca de 2 millones son personas físicas y el resto son autónomos societarios, familiares colaboradores, religiosos y otros asociados a colegios profesionales. Sin embargo, frente a esa diversidad hay un aspecto que genera consenso entre estos trabajadores: la cotización sobre la base mínima. Para algunas asociaciones, ello genera distorsiones en términos de equidad y justicia social; para otras, se trata de lo correcto porque es el autónomo quien libremente decide su contribución y asume las consecuencias en términos de prestaciones de modo que, aumentar la cuota de forma coercitiva supone una manera encubierta de subir los impuestos.
El argumento que indica que aumentando la cotización el autónomo tendrá acceso a mayores prestaciones y a una mayor pensión es a todas luces paternalista, pues estos trabajadores son suficientemente capaces para tomar sus propias decisiones. De hecho, si la gran mayoría cotiza libremente por la base mínima es porque no valora esas prestaciones y porque busca en el sector privado alternativas complementarias a su pensión pública. Por tanto, disfrazar de beneficio lo que es una subida encubierta de impuestos que nadie quiere sólo apunta a la necesidad de alimentar la voracidad del Estado como sea en un momento en que no está "el horno para bollos".
Aumentar las cuotas sin mejorar las prestaciones solo servirá para destruir empleo
Lo más complejo y que generará distorsiones será la implantación de la medida, pues no se pueden calcular los ingresos reales de buena parte de los autónomos y, si se tienen en cuenta los ingresos pre-COVID, estaríamos penalizando aún más a aquellos que han visto reducida su actividad más de un 50%, que estarían financiando a coste cero al Estado independientemente de que luego se realice una regularización con su correspondiente devolución. De igual forma, dadas las diversas tipologías de autónomos habrá que ver cómo se trata cada caso, pues algunos también cotizan en el Régimen General por pluriactividad, otros son societarios y profesionales.
Si finalmente se decide llevar a cabo la medida habrá que tener en cuenta varios aspectos: 1) cómo afecta a los diferentes tipos de autónomos, 2) qué se entiende por ingresos reales, la facturación o el beneficio (descontando los gastos), lo cobrado o lo facturado, 3) cómo se regulariza si hay periodos sin ingresos, 4) si los ingresos cero conllevan la exención de cuota o hay que pagar un mínimo, 5) si hay un periodo transitorio para que se pueda ajustar la medida conforme la economía se va recuperando, 6) cómo evitar la picaresca y el aumento de la economía sumergida, 7) en base a qué ingresos se fija la cuota, los del mes actual o los del ejercicio anterior, 8) cómo deberían pagar aquellos que tienen pluriactividad, 9) si el aumento de la cuota conlleva un incremento igual en las prestaciones a recibir y la protección del autónomo y 10) si realmente es este el momento para aplicar la medida sin afectar a la recuperación.
Las prisas no son buenas consejeras y, para llevar a cabo esta medida, es necesario diseñar un sistema de cotizaciones para los autónomos que tenga en cuenta todos los posibles escenarios y que sea fácil de implantar; que permita corregir distorsiones y fomentar el alta en el RETA mediante incentivos a aquellos ciudadanos laboralmente más vulnerables; que fomente el espíritu emprendedor entre aquellos que tienen menos de 30 años y no consiguen trabajo y los mayores de 45 años que no consiguen volver al mercado laboral con prestaciones similares a los trabajadores del Régimen General y bonificaciones del 100% en la cuota. Si además se bonifica la cuota de aquellos que establezcan su residencia fiscal en zonas rurales de la España vaciada o a aquellos negocios relacionados con las nuevas tecnologías estaríamos matando dos pájaros con un solo tiro.
El autónomo está acostumbrado a asumir riesgos empresariales, a poner en juego su patrimonio personal, a hundirse y volver a levantar la cabeza, pero lo que no sabe afrontar es el riesgo político, las decisiones de los gobernantes sobre las que no tiene margen de actuación y que pueden afectar a la cuenta de resultados. Autónomo por devoción o por obligación, lo cierto es que nadie quiere que le suban las cuotas de forma forzosa y más sabiendo los vaivenes que tienen las cuentas de este colectivo; muchos de ellos están sufriendo problemas de creciente morosidad por impagos de clientes, y otros han echado el cierre y necesitan incentivos para volver a abrir.
Ahora bien, si todo esto sólo consiste en aumentar la recaudación sin un incremento proporcional en las prestaciones y en la estabilidad del autónomo, estaremos buscando agua en el desierto y sólo se conseguirá una mayor destrucción de nuestro tejido empresarial, aumentando el volumen de economía sumergida. Si el autónomo no queda plenamente convencido y concienciado de la utilidad de aumentar su cuota será una medida estéril. No debemos olvidar que, dada nuestra estructura productiva, el florecimiento de los autónomos generará un efecto palanca que hará posible que aparezcan los denostados brotes verdes de nuestra economía, el elemento primordial para la creación de empleo.
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