Madrid
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves convalidar el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la cesión de los remanentes de los ayuntamientos, tras la crisis por el coronavirus, que ha quedado derogado.
En concreto, el texto ha sido tumbado por 193 votos en contra, frente a 156 síes. El Ministerio de Hacienda alcanzó a última hora un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos que ha permitido el apoyo de los morados y sus confluencias, pero no ha logrado sumar a ningún otro grupo parlamentario. Se trata de la primera vez que el Gobierno de coalición de socialistas y morados pierde una votación sobre la convalidación de un decreto ley.
En vísperas de la votación y ante el riesgo de derrota, Hacienda flexibilizó su postura, ofreciendo que parte de ese dinero prometido a los ayuntamientos se pueda repartir sin condiciones, es decir, sin necesidad de ceder remanentes al Estado y permitiendo que accedan también los ayuntamientos sin superávit.
La propuesta correspondeía a entre un 40 y un 60% del fondo, para distribuirlo entre los municipios sin condiciones, es decir, sin necesidad de ceder remanentes al Estado y permitiendo que accedan también los ayuntamientos sin superávit. No obstante, la última oferta de la ministra María Jesús Montero no ha tenido el beneplácito de los grupos.
Finalmente el texto sí ha sido refrendado por Unidas Podemos tras un acuerdo alcanzado en 'in extremis' con el departamento que dirige Montero. Desde el Ejecutivo recalcan que no pueden hacer más propuestas para intentar convencer a la oposición y subrayan que ahora deberán ser los responsables de que el decreto decaiga los que pongan sobre la mesa una alternativa.
Hacienda había replanteado su posición para facilitar que tire adelante la fórmula de la cesión voluntaria de los remanentes municipales al Estado para usarlos como préstamo y que en contrapartida recibirían el correspondiente reparto de un fondo extra de 5.000 millones adicionales. Una de las condiciones que hasta ahora más rechazo ha generado entre el municipalismo que exige que mande solo el criterio de la población a la hora de repartir el fondo de 5.000 millones.
En rueda de prensa este miércoles tras el Consejo de Ministros, Montero dijo que habría que convalidar el decreto porque incluye aspectos imprescindibles que deben abordarse ya para el funcionamiento de los ayuntamientos, como la suspensión de la regla de gasto o el fondo de transportes. "El Gobierno se compromete a no hacer nada hasta que el Congreso adopte una fórmula más consensuada", señaló la ministra. "Es una propuesta de sentido común, razonable, que no entorpece el trabajo de los ayuntamientos y que habla de la disposición del Gobierno a un acuerdo amplio que permita a los ayuntamientos contribuir a la recuperación económica y social".
Ante el rechazo unánime de la oposición, hasta ahora lo único que había ofrecido Montero era dejar en suspenso esa parte del decreto ley a la espera de que, en su tramitación como proyecto de ley, se alcanzase un acuerdo mejor en base al marco legal que impide a los ayuntamientos hacer uso de sus superávits.
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