
El acuerdo firmado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero, este martes, nace dañado o tocado por una ofensiva general de alcaldes de toda España que ya han empezado a manifestarse en contra de la propuesta de Hacienda, según la cual, los municipios con remanentes en Tesorería dan su dinero al Estado, para que éste les reparta el dinero a lo largo de 10 años, y solo destinado a proyectos concretos.
Los regidores contemplan desde mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, hasta presentar recursos ante el Constitucional, como quiere el PP de Galicia.
El lunes, tras el único voto del PSOE y el de calidad del presidente de la FEMP, para desempatar un acuerdo que parecía nacer muerto, populares, ciudadanos, exconvergentes, comunes, nacionalistas mallorquines, entre otros, expresaban su oposición a una iniciativa que margina a los ayuntamientos que tienen las cuentas en rojo y que en tienen remanentes de Tesorería.
Lambán pide arbitrar "otras soluciones" para los ayuntamientos que no tienen remanentes
Pero este martes, y tras las quejas del regidor de Zaragoza, Jorge Azcón, uno de los ayuntamientos más afectados por la firma entre Sánchez y Caballero, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, también elevaba su queja pidiendo no dejar desamparados a estos ayuntamientos.
Lambán pide arbitrar "otras soluciones" para los ayuntamientos que no tienen remanentes, quienes no van a recibir ninguna ayuda del Gobierno central destinada a hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia del coronavirus.
Ha agregado que todos ellos, como ocurre con el de Zaragoza, "tienen servicios que desarrollar, obligaciones con sus ciudadanos", cuando "están experimentado caídas importantes en sus ingresos" a causa de la crisis de la COVID-19 y por eso "tienen que tener algún tipo de ayuda del Gobierno de España",
Ha subrayado que en el caso de la ciudad de Zaragoza, "más de la mitad de los aragoneses viven en ella" y su ayuntamiento "necesita una suficiencia financiera".
Eso sí, Lambán mantiene que el "origen del problema" se encuentra en la decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante un gobierno del PP, que "decidió bloquear los remanentes de los ayuntamientos", situación "que no había sido abordada hasta ahora" y que con el acuerdo entre FEMP y Hacienda "se resuelve de manera parcial".
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha tachado de lamentable e impresentable el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre los remanentes que, a su juicio, es una injusticia absoluta. Y es que para Revilla este acuerdo lo que hace es cargar en los ayuntamientos con superávit el "mochuelo" de la "mala práctica" de un Gobierno central "manirroto" y que ha generado un "gran déficit" en el Estado. A las quejas de Revilla se añade la oposición a la medida del BNG, Geroa Bai, Navarra Suma, Més per Mallorca, partidos que gobiernan en municipios, y que contemplan presentar mociones. Mientras, Caballero, ha salido al paso de las críticas que ha concitado el acuerdo sobre remanentes de ayuntamientos alcanzado con el Gobierno y ha acusado al PP de hacer "pura política partidaria".