Carmen Obregón

Redactora de elEconomista
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elEconomista ha tenido ocasión de entrevistar al presidente de la patronal de empresarios de Madrid, Miguel Garrido, quien en cuestión de algo más de un mes cumplirá dos años en el cargo.

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La reunión sectorial entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Hacienda, celebrado este lunes por la tarde, no tuvo resultado optimo. El motivo del encuentro era la información por parte del Gobierno del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que la semana pasada fue anunciado tres veces. Pero los consejeros del ramo, tanto los que proceden de gobiernos del PP, como del PSOE -Canarias-, e incluso nacionalistas e independentistas -País Vasco y Cataluña- expresaron una suerte de enmienda a la totalidad en contra de la gestión y de la actitud que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido con las CCAA, que se quejan de la falta de participación, de cogobernanza o de transparencia sobre el Plan con el que España acudirá a Bruselas.

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Aunque el Gobierno afirma ahora que no tiene intención de subir impuestos en el corto plazo, lo cierto es que Pedro Sánchez concedió la semana pasada todos los parabienes a un Consejo de Expertos para abordar la reforma fiscal, y donde el presidente del mismo, Jesús Ruiz-Huerta, es el director del Laboratorio o factoría de donde de salen las ideas y las reformas socialistas.

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El golpe del efecto del Partido Socialista en Madrid fue la incorporación a las listas de número tres -de una forma inusual y extraoficial- de Reyes Maroto, actual ministra de Industria y Turismo.

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La última decisión del Gobierno de coalición tendrá consecuencias económicas sobre la banca. El anuncio de Pedro Sánchez, de prorrogar tres meses la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como el pago del alquiler, se traducirá en un castigo de 5.000 millones para las entidades financieras que durante este periodo dejarán de amortizar las hipotecas. Además, en este tiempo, la banca dejará de ingresar 100 millones en intereses.

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Sin haber pasado por el Congreso, sin antes consultar con las formaciones políticas -como han denunciado-, los sectores o hablar con los agentes sociales como hará este miércoles por la tarde, el presidente del Gobierno anunció ayer un paquete de inversiones para España de 50.000 millones de euros, producto de los fondos europeos para la Reconstrucción y Resiliencia.

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La Junta de Andalucía, y en su nombre el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha enviado este martes 13 de abril una carta a la ministra del ramo, María Jesús Montero, donde recuerda que justo hoy cumple el plazo de un mes de periodo límite para tramitar las ayudas directas por parte de las CCAA. El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla señala también la falta de información por parte del Ejecutivo progresista, la nula participación de las administraciones regionales y ciudades autónomas, y advierte que de seguir así, esta situación puede poner en riesgo la eficacia de estas ayudas calificadas de urgentes. Así será el reparto de las ayudas.

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Expectantes por conocer la letra pequeña de los programas, en especial de los programas económicos, nada hace prever grandes sorpresas, salvo el del Partido Socialista, que a días del anticipo electoral anunció su intención de no gravar los actuales impuestos, y de no crear ninguno nuevo. Con el escepticismo del Gobierno popular de Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo se compromete a repartir 80 millones en ayudas, del fondo de contingencia, a la hostelería, además de un plan a largo plazo de ayudas directas de hasta 1.300 millones de euros. Por su parte, el Partido Popular de Madrid ahonda en su punto estrella, el compromiso de rebajar medio punto de IRPF en todos los tramos, además de continuar con su política de bonificaciones fiscales sobre los impuestos cedidos, y profundizar en su Ley de Mercado Único, que fomenta que cualquier empresario de cualquier región puede operar en Madrid sin necesidad de un permiso adicional. El PP prevé ayudas para compensar a los sectores olvidados por el Gobierno.

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Pese a dar la cara por Ángel Gabilondo el pasado martes tras el Consejo de Ministros, y justificar que ahora en Madrid el candidato socialista no quiera subir impuestos, la hoja de ruta de Pedro Sánchez es bien distinta. En su propósito está aumentar la fiscalidad, y rebajar o eliminar deducciones y bonificaciones, además de intervenir en los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas, tal y como se comprometió con ERC en su acuerdo para sacar adelante las Cuentas Públicas de 2021, donde el voto de los independentistas catalanes fue determinante.

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El Gobierno de España está a punto de dar a conocer una revisión a la baja de las previsiones del PIB para este año, pasando del 7,2% al 6,4%, según fuentes económicas. Eso significaría una caída de 8 décimas, en la línea de la última previsión del FMI, que sitúa este índice en el 6,4%. Fuentes del Ministerio de Economía afirman, sin embargo, que aun no se puede anticipar este porcentaje.