La Generalitat iniciará este jueves la tramitación parlamentaria de los Presupuestos catalanes para 2023 tras llegar ayer a un acuerdo con el PSC, que se suma al alcanzado con En Comú Podem en diciembre y asegura los apoyos suficientes para que las nuevas cuentas puedan entrar en vigor hacia mediados de marzo. Pero el pacto con los socialistas añade la particularidad de que los principales compromisos sobre infraestructuras que han sido claves para rubricar la entente vinculan al Gobierno central.
Asi, la Generalitat deberá hacer efectivo este primer trimestre el convenio de acuerdo y financiación con el Ministerio de Transportes para garantizar la redacción del proyecto de la nueva carretera que debe unir Terrassa con Sabadell y Castellar del Vallès (la denominada B-40 o Ronda Nord), y de cuyas obras de ejecución se encargará la administración catalana una vez disponga de los fondos estatales.
Además, el Ejecutivo de Pere Aragonès deberá acordar este año con el Gobierno de Pedro Sánchez una comisión técnica que permita acordar el nuevo modelo para transformar el Aeropuerto de Barcelona de forma que "gane capacidad y se convierta en un verdadero hub intercontinental" (ERC insiste en que para ello no es neceario ampliar las pistas). Dicho proyecto también va a cargo de las arcas del Estado porque es una infraestructura de la red nacional.
Asimismo, ERC y PSC han rubricado acordar con el Gobierno central la transferencia del dinero para la gestión de Rodalies (algo que el Ministerio ofreció para 2022 pero todavía no concretado), así como el traspaso de las infraestructuras que puedan ser segregadas de la red nacional de interés general, y otras actuaciones de la mano de Renfe para disponer de mejores trenes y talleres.
Por su parte, la Generalitat se compromete a completar este año los trámites administrativos para dar el visto bueno al casino y complejo de ocio de Hard Rock en la costa de Tarragona.
Más allá de estas declaraciones de intenciones, el pacto entre el Govern en solitario de ERC y el PSC incluye partidas presupuestarias catalanas por un importe conjunto de casi 4.500 millones de euros, si bien el grueso de esta cantidad ya formaba parte de pactos previos del Govern con Podemos y los agentes sociales, como 1.284 millones más para Sanidad o 680 millones para el Pacto Nacional por la Industria, así como inversiones en materia energética.
No han tocado cuestiones fiscales, que sí condicionó En Comú Podem en el acuerdo de diciembre e implican subir los impuestos de Patrimonio y pisos vacíos y tramitar otros dos nuevos este 2023.
Análisis: Una deuda política que lastra en año electoral
No es habitual que un gobierno consiga sacar adelante la que es su ley de mayor importancia anual gracias al principal partido de la oposición, pero es lo que ha pasado este 2023 en Cataluña, y los motivos hay que buscarlos más allá de las fronteras catalanas.
ERC fue apoyo clave para que el Gobierno pudiese sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y con un Ejecutivo autonómico catalán debilitado, con ERC en solitario tras la salida de Junts en otoño, era el turno de que los socialistas devolviesen el favor a los republicanos.
Pere Aragonès ha debido dar el brazo a torcer en cuestiones sobre las que estaba en contra, como la construcción de la B-40, pero lo ha aceptado como mal menor a cambio del apoyo para las cuentas catalanas de 2023 y sabiendo que no le costará dinero porque es una infraestructura estatal.
En el caso del Aeropuerto de Barcelona, republicanos y socialistas han jugado con las palabras para evitar hablar de "ampliación" y sentar las bases para una negociación que se plasmará a largo plazo.
Pero mientras tanto, los acuerdos para negociar con el Estado cesiones como el traspaso total de Rodalies serán un lastre para el PSOE en un año electoral en el que a partir de ahora socialistas y republicanos marcarán distancias desde el nivel municipal al nacional para convencer a sus electores de que no se venden a nadie... hasta que se dibujen los nuevos escenarios políticos postelectorales.
