El gobierno catalán aprobó este martes por Decreto-ley la subida temporal del impuesto de Patrimonio en Cataluña para equipararlo a la nueva tasa estatal a las grandes fortunas y evitar que el Estado capte ingresos de las rentas más elevadas de la región. La Generalitat calcula que supondrá una recaudación adicional de 12 millones de euros anuales para la Agencia Tributaria de Cataluña.
Así, estos cambios, que tienen una vigencia de dos años, al igual que el nuevo gravamen estatal, permiten que la recaudación por este impuesto se quede en Cataluña "en lugar de ir a parar a la Hacienda española", esgrimen desde el Ejecutivo autonómico, que hace hincapié en que si no se realizaran estas modificaciones técnicas, la Generalitat de Cataluña podría perder recaudación en favor del Estado.
Su vigencia estará vinculada a la existencia del nuevo impuesto estatal, y la nueva tarifa del impuesto catalán que se propone implica crear un nuevo tramo a partir de 20 millones de euros de patrimonio, que estará gravado con un tipo del 3,48%.
Las prisas a la hora de elaborar este decreto ley catalán, en vez de tramitarlo como una ley, se deben a que el Estado prevé aprobar de manera inminente el nuevo impuesto a las grandes fortunas con efectos sobre los patrimonios de este mismo año 2022.
Dado que se quieren coordinar las modificaciones del impuesto catalán sobre el patrimonio con el nuevo tributo estatal, es necesario que los cambios se apliquen antes de que acabe el año, y esto impide, por tanto, que se puedan efectuar por la vía ordinaria de una ley.
De hecho, la vía natural para elevar el impuesto de Patrimonio en Cataluña era la conocida como la ley de acompañamiento de los Presupuestos catalanes de 2023, donde se suelen introducir las novedades fiscales y financieras, pero la falta de apoyos políticos al gobierno regional en solitario de ERC está retrasando la tramitación, y también este martes el Ejecutivo de Pere Aragonès autorizó la prórroga técnica de las cuentas de 2022 a partir del 1 de enero mientras busca adhesiones suficientes para sacar adelante las de 2023.
Hasta ahora, ha alcanzado un acuerdo con En Comú Podem, pero los republicanos necesitan que se sume también Junts o el PSC. De hecho, fue la formación morada la que, entre sus condiciones para rubricar un pacto presupuestario, planteó a ERC el alza de Patrimonio en Cataluña para igualarlo al nuevo impuesto nacional de solidaridad de las grandes fortunas. Desde Podemos también han forzado un incremento del 33% en el impuesto autonómico a los pisos vacíos, después de que los republicanos rechazasen crear nuevos tramos regionales en el IRPF para elevar la presión fiscal a las rentas más altas.
Asimismo, el pacto político entre ERC y En Comú Podem pone fechas para nuevos impuestos ya pactados en la negociación presupuestaria para 2022: el que gravará a los grandes barcos deberá iniciar su tramitación parlamentaria entre los meses de enero y febrero de 2023, y el de los alimentos ultraprocesados deberá iniciar su tramitación parlamentaria durante el tercer trimestre de 2023, y los ingresos recaudados se destinarán a la creación de "un fondo para apoyar a explotaciones sostenibles del sector primario".
