El Govern de ERC en solitario ha llegado a un acuerdo con En Comú Podem sobre los Presupuestos de la Generalitat para 2023, si bien todavía serán necesarios más apoyos para sacar adelante las cuentas catalanas.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la líder de los comuns, Jéssica Albiach, han rubricado esta tarde el acuerdo. A cambio de su apoyo, En Comú Podem ha exigido un aumento presupuestario en partidas sociales y de transporte público, cambios en favor de la energía verde e incrementos fiscales, pero sus 8 escaños, junto a los 33 de ERC, no son suficientes para poder sacar adelante el proyecto de Presupuestos en el Parlament.
Es por ello que los republicanos buscan también el apoyo de Junts (con 32 diputados) y del PSC (con 33), si bien sería suficiente solo con uno de los dos para lograr la mayoría frente a los 135 escaños totales de la Cámara catalana.
De momento, el líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que "las cosas están verdes" con el Govern. "Las negociaciones han mejorado en las últimas semanas, pero estamos lejos de un acuerdo todavía", ha asegurado.
Por su parte, el acuerdo entre el Ejecutivo catalán y En Comú Podem dificulta el entendimiento con Junts, dado que su estrategia fiscal es totalmente opuesta.
Albiach ha destacado en rueda de prensa, tras la firma con Aragonès, que este acuerdo sobre los Presupuestos para 2023 "sienta las bases para redistribuir los costes de la inflación entre los que más tienen y proteger a la clase trabajadora".
Más impuestos
El pacto entre el Govern de ERC y En Comú Podem incluye alzas fiscales que ya avanzó elEconomista.es, como la subida del impuesto de Patrimonio y el de pisos vacíos. El primero se equiparará a las tarifas del inminente impuesto estatal a las grandes fortunas, con lo que se prevé una recaudación adicional para la Generalitat de 12 millones de euros, y el segundo subirá un 33%.
Asimismo, el pacto político pone fechas para nuevos impuestos ya pactados en la negociación presupuestaria para 2022: el que gravará a los grandes barcos deberá iniciar su tramitación parlamentaria entre los meses de enero y febrero de 2023, y el de los alimentos ultraprocesados deberá iniciar su tramitación parlamentaria durante el tercer trimestre de 2023, y los ingresos recaudados se destinarán a la creación de "un fondo para apoyar a explotaciones sostenibles del sector primario".
Por el contrario, de momento queda sin fecha el nuevo impuesto a las emisiones de la industria, y tampoco habrá cambios en los tramos autonómicos del IRPF.
Otros puntos del acuerdo son un plan de choque social para combatir los efectos de la inflación dotado con 555 millones (incluyendo la actualización del IRSC con una subida del 8%), frente a los 300 anunciados hace unos meses por Pere Aragonès, y que la energética pública de la Generalitat (que nacerá con un presupuesto inicial de 25 millones) también impulse actividad comercializadora, y no solo de generación.
