El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sostuvo este martes que Cataluña no participará en el "juego salvaje" de bajar impuestos a las rentas más altas, en referencia a los últimos anuncios autonómicos contra el impuesto de Patrimonio, y defendió orientar la política fiscal catalana pensando en las rentas medias y bajas, que de hecho cargan con el IRPF más elevado del país.
Sin embargo, los pasos que está dispuesto a dar de momento el Ejecutivo catalán son todavía muy escasos, y se limitan a una deducción de 100 euros del tramo autonómico del IRPF por cada alumno entre el tercer curso de infantil y cuarto de la ESO de familias con rentas medias y bajas, según anunció Aragonès en la apertura de su segundo Debate de Política General en el Parlament.
Esta medida tiene un coste estimado de 100 millones de euros para alcanzar a la mayoría de los 973.000 alumnos del sistema público catalán en dichos cursos, incluyendo centros concertados, pero la administración catalana no ha concretado todavía los tramos de renta a los que beneficiará, y su puesta en marcha irá vinculada a que salgan adelante los Presupuestos de la Generalitat para 2023, actualmente en negociación.
Asimismo, forma parte de un plan de 300 millones con el que el Govern pretende aportar un "escudo social" contra los efectos de la inflación, pero que ya ha sido calificado de improvisado e insuficiente desde la oposición y los agentes sociales.
Los sindicatos lamentan que se publicite un plan de ayudas parciales (ver gráfico) mientras siguen sin resolverse aspectos clave como la actualización del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC, el equivalente al IPREM estatal), que se toma de base para calcular ayudas a las familias más desfavorecidas, como la Renta Garantizada de Ciudadanía. El IRSC está congelado desde 2010 y ya ha sido superado por el IPREM, pese a que el coste medio de la vida en Cataluña es más elevado, reprochan desde UGT y CCOO, que también exigen apoyos más ambiciosos a las rentas más bajas en materia social, energética y de transporte.
El sector productivo también se siente olvidado en el plan de 300 millones, en el que el apoyo a empresas es minoritario y muy centrado en ayudas a la transición energética dependientes de los Presupuestos de 2023 y con partidas que incluyen también el apoyo a particulares.
De hecho, cinco de los siete paquetes de actuaciones expuestas por Aragonès dependen de las cuentas del próximo año, con la excepción del aumento del 50% del bono social térmico para familias vulnerables durante este invierno y el incremento de las ayudas al alquiler para jóvenes de hasta 36 años, que pueden llegar a los 250 euros por persona. Desde la Generalitat argumentaron que se trata de un plan dinámico que se verá ampliado con "otras medidas que ya se están empezando a trabajar".
En cualquier caso, en las negociaciones para elaborar los Presupuestos catalanes de 2023 no se ha puesto sobre la mesa ninguna rebaja fiscal de calado, y solo se barajan otras posibles deducciones del IRPF de efectos limitados, según han indicado a elEconomista.es fuentes de los contactos.
En cambio, sí que se pueden añadir impuestos en la ley de acompañamiento, como el que se está elaborando para gravar las emisiones de los grandes barcos, fruto del acuerdo presupuestario de 2022.
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