El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha remarcado que el acuerdo firmado con el Gobierno sobre los remanentes garantiza que "el plazo que tiene que ofertar la Dirección General de Tesoro (para su devolución) tiene que ser de diez años".
Preguntado este jueves tras una rueda de prensa en Vigo, ha señalado que los municipios deben poder acogerse a la devolución de los remanentes prestados al Gobierno en un plazo de una década, aunque se contemple que se pueda extender este periodo hasta los 15 años si algún ayuntamiento lo encuentra "beneficioso".
En concreto, Abel Caballero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rubricaron este martes este acuerdo, que tras su paso por el Consejo de Ministros, fue publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En esta publicación se detalló que el préstamo "será amortizado por la Administración General del Estado en un plazo máximo de 15 años, a partir de 2022".
Sin embargo, el presidente de la FEMP ha insistido en que el acuerdo firmado este martes señala que la Dirección General del Tesoro debe ofertar un plazo de devolución de diez años y ha recordado que desconoce el volumen de ayuntamientos que optarán por el préstamo de estas cantidades "porque (el sistema) es voluntario".
Así, Abel Caballero ha vuelto a afirmar que este supone el único método que permite el gasto de los remanentes debido a la vigencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. "Si hay alguna alternativa, insto al PP a que me lo diga", ha retado el regidor en respuesta al rechazo de la formación al acuerdo.
En concreto, el documento rubricado esta semana establece que los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones en proporción a las cantidades entregadas.
Posteriormente, especifica que, a partir de 2022, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el 100% de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años, así como intereses. El Gobierno transformó en decreto ley el texto, por lo que tendrá que llevarlo al Congreso de los Diputados para convalidarlo.
Manifiesto en contra
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado que este viernes, 7 de agosto, se va a celebrar una reunión por videoconferencia a la que se han sumado, al menos, otros siete alcaldes de diferentes partidos políticos de España con el objetivo de suscribir un manifiesto para modificar el real decreto ley.
En rueda de prensa, tras la reunión del presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, con los concejales 'populares' en el Ayuntamiento de Zaragoza, el alcalde ha subrayado que "esto no va de ideologías, sino de recursos para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos" tras los gastos ocasionados por la pandemia del coronavirus.
Según ha contado, ya han confirmado su asistencia los alcaldes de Cádiz (Adelante Andalucía), Lérida (Esquerra Republicana de Cataluña), Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria), Granada (Ciudadanos), Bilbao (PNV), Murcia, Madrid y Zaragoza (PP). También podría participar la alcaldesa de Canyelles y portavoz de PDeCAT en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Azcón ha señalado que se está trabajando en el manifiesto, si bien el hilo conductor será la modificación del real decreto ley, cuyas consecuencias económicas se analizará en la reunión de este viernes y también cómo garantizar un reparto justo de los 5.000 millones de euros de fondos estatales para entidades locales. Ha remarcado que el texto estará abierto a más alcaldes "que quieran defender a sus ciudadanos".
Torra lo lleva al TC
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha remitido este jueves una carta a los ayuntamientos catalanes en la que anuncia que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo de la FEMP.
El presidente de la Generalitat dice en su carta a los municipios catalanes que con este pacto "el Estado se apropia de la buena gestión de muchos ayuntamientos y se lleva para un uso que desconocemos miles de millones de euros de Catalunya que servirían para invertir en vuestros pueblos, villas y ciudades".
A su vez, los diputados generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han subrayado que el Real Decreto Ley que recoge el acuerdo sobre financiación alcanzado entre el Gobierno de España y la FEMP "no afecta a las entidades locales" de Euskadi, donde la tutela financiera de los ayuntamientos corresponde a los territorios históricos.
