La letra pequeña del decreto que posibilita a los ayuntamientos disponer de su superávit para hacer frente al covid-19 ha disgustado aún más a las entidades locales que ya se oponían al acuerdo entre la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y el Gobierno. En el texto recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles se desarrolla que el Estado tendrá 15 años a partir de 2022 para devolver a los consistorios sus remanentes, cuando en el acuerdo inicial se hablaba de 10.
Cabe recordar que el acuerdo, sacado adelante en la FEMP con el voto de calidad del socialista Abel Caballero, establecía que los ayuntamientos que decidan usar su superávit de 2019 deberán remitir al Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre de 2020 un "compromiso firme, vinculante e irrenunciable" de transferir esos recursos al Estado. Esos compromisos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. A cambio, el Estado realizará un préstamo a las entidades locales que será amortizado en el plazo máximo de 10 años, a partir de 2022, y que tendrá un tipo de interés anual que no superará el de la financiación de la deuda del Estado.
La variación del final de este plazo de 2032 a 2037 ha provocado el enfado de diferentes representantes de las entidades locales. El alcalde de Estepona con el PP y vicepresidente de la FEMP, José María García Urbano ha calificado de "impresentable e inadmisible" este cambio. "El BOE publica que el Gobierno de Pedro Sanchez no nos devolverá los ahorros incautados a los ayuntamientos en 10 años, como habían dicho. ¡Lo devolverán en 15 años! El PSOE nos ha engañado a todos", se ha quejado.
Por su parte, el diputado y dirigente del PP Antonio González Terol ha incidido en la misma línea: "Ayer Sánchez expropió los ahorros de los ayuntamientos y dijo que los devolvería en 10 años. Hoy en el BOE publican que lo amplían hasta 15 años. ¡Es una vergüenza!".
Impresentable e inadmisible.
José M García Urbano (@JMGarciaUrbano) August 5, 2020
El BOE publica que el Gobierno de Pedro Sanchez no nos devolverá los ahorros incautados a los ayuntamientos en 10 años, como habían dicho. ¡Lo devolverán en 15 años! El PSOE nos ha engañado a todos. pic.twitter.com/CmZsZ3jdL2
Ayer Sánchez expropió los ahorros de los ayuntamientos y dijo que los devolvería en 10 años. Hoy en el BOE publican que lo amplían hasta 15 años. Es una vergüenza! pic.twitter.com/YuwnQoMX7I
Antonio Glez. Terol (@Aglezterol) August 5, 2020
Desde la izquierda, el alcalde de Rivas Vacimadrid, Pedro del Cura (IU), también se ha quejado de los detalles aparecidos en el BOE: "Quiero pensar que es una errata y el Ministerio de Hacienda no ha cambiado el acuerdo después de firmarlo. El plazo de devolución son 10 años y no 15 como pone en el BOE de hoy. El plazo debe de reducirse a la legislatura, no aumentarse de manera unilateral. Mal empezamos".
Quiero pensar que es una errata y el Ministerio de Hacienda no ha cambiado el acuerdo después de firmarlo. El plazo de devolución son 10 años y no 15 como pone en el BOE de hoy. El plazo debe de reducirse a la legislatura, no aumentarse de manera unilateral.????????#malempezamos pic.twitter.com/R7wBzT8bRT
Pedro del Cura (@Pedro_delcura) August 5, 2020
En la referencia del Consejo de Ministros de este martes, cuando se aprobó la medida por parte del Ejecutivo, ya se abría la puerta a ampliar el plazo a 15 años: "El Estado devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de 10 años a contar desde 2022 aunque el plazo podría alcanzar los 15 años si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ofrece condiciones más ventajosas".
Puede caer en el Congreso
Casi todos los partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que suman diputados por encima de la mayoría absoluta de la Cámara, han mostrado ya su rechazo frontal al decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP, informa EP.
El Consejo de Ministros transformó en decreto ley el acuerdo con la agrupación municipalista, por lo que tiene que llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles, ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.
Desde Unidas Podemos, que forma parte del Ejecutivo de coalición, se han mostrado muy críticos con el acuerdo y se atrevieron a decir incluso que iba en contra del acuerdo de gobierno con el PSOE en materia municipalista. En Comú, el socio catalán del grupo confereal, han sido los más vehementes a la hora de cargar contra la propuesta de Hacienda, algo que ha sido recientemente verbalizado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien aseguró que el decreto era "un error" y llamó a seguir trabajando desde "la unidad municipalista" para que se modifique en el Congreso.
Por su parte, partidos como PP, Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, Bildu, Navarra Suma, Compromís y Foro Asturias, que suman en torno a 180 escaños, vienen anunciando su voto en contra.
Torra lo lleva al TC
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado este jueves una carta a los ayuntamientos catalanes en la que ha anunciado que la Generalitat interpondrá un recurso de inconstitucionalidad "contra la decisión del Gobierno sobre el uso de los remanentes municipales". En la carta consultada por EP, Torra ha criticado que "en una decisión unilateral" el Gobierno retendrá los remanentes de los municipios.
"El Estado se apropia de la buena gestión de muchos ayuntamientos y se lleva para un uso que desconocemos miles de millones de euros de Cataluña que servirían para invertir en vuestros pueblos, villas y ciudades", ha criticado Torra. También ha defendido que el Govern "iniciará todos los trámites legales necesarios" para recurrir esta decisión, e interpondrá este recurso de inconstitucionalidad, y ha calificado este acuerdo de gravísimo perjuicio a la ciudadanía.
