Los Presupuestos para 2021 se están convirtiendo en un auténtico rompecabezas en mitad de la crisis económica y sanitaria. Los miembros del Gobierno vuelven a chocar en público a cuenta del sueldo de los funcionarios. Mientras las ministras de Economía y Hacienda, máximas responsables de las cuentas, abren la puerta a suspender el alza de las nóminas de los trabajadores públicos, el ala de Podemos se opone frontalmente.
El enésimo enfrentamiento de los miembros del Gobierno promete dejar pequeñas las anteriores trifulcas que han mantenido los ministros con carnet socialista y los procedentes de Podemos. Acostumbrados a que los debates salgan aireados fuera del Consejos de Ministros, el sueldo de los funcionarios es especialmente delicado. Primero, por ser una medida socialmente dura que afecta a más de dos millones de empleados públicos. Y segundo, porque llega en un momento decisivo, cuando hay que comenzar los Presupuestos de 2021y cuando la vigilancia y exigencias de la Comisión Europea será máxima antes de desembolsar las ayudas europeas.
Por este motivo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, la cara visible del Gobierno en Bruselas y la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la principal responsable de encajar la cuentas, se han mostrado a favor de analizar con calma la posible congelación de salarios públicos. "Será considerado. Las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores", ha apuntado Calviño. La vicepresidenta señaló ayer que la escasa inflación de este año, permitirá que los funcionarios mantengan su poder adquisitivo. "En los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo en los colectivos de funcionarios y pensionistas. Se han recuperado tras la crisis y son rentas muy importantes como motor de la economía. Eso hay que tenerlo en cuenta, y este año se apunta una inflación del 0%".
"Las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores", abre la puerta Calviño
Montero también afirmó ayer que la medida forma parte de una serie de posibilidades que "hay que estudiar", a raíz de la información aparecida por el diario El País. El Gobierno afronta una etapa de grandes dificultades económicas, pasado el primer impacto del Coronavirus, la recuperación económica está siendo más débil de lo esperado. Todavía hay más de 800.000 personas en Ertes con un elevado riesgo de terminar en el paro, los rebrotes amenazan con complicar la nueva normalidad y el sector turístico, que ha sido el principal motor económico, no tiene pinta de empezar a mínimamente a carburar hasta bien avanzado 2021. El Gobierno es consciente que tendrá mantener durante muchos meses las ayudas sociales que seguirán engordando el déficit y la deuda.
"Tendremos que estudiar todas las posibilidades. El país se enfrenta a una situación económica muy complicada derivada de la caída de la recaudación", justificó ayer la ministra de Hacienda. "Son muchas las necesidades; y los recursos, limitados", recordó.
Pero la medida todavía no ha sido planteada en el Consejo de Ministros. El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido que no le consta, pero en menos de 24 horas ha indicado que que no es algo preocupante desde el punto de vista macroeconómico, ya que que la evolución de los precios está siendo "muy contenida", con una caída en los últimos doce meses del IPC del 0,5% en agosto, una expectativa de inflación negativa de año y también "muy contenida" en 2021, intentando esquivar la polémica.
El primero de los ministros de Podemos ya se han opuesto a tocar el sueldo de los funcionarios. Alberto Garzón, ministro de Consumo, ha dado una entrevista a Onda Madrid, y ha señalado hoy que "es absolutamente erróneo hablar de recortes en un momento como este", después de que la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, no descartase ayer esa posibilidad de congelar el sueldo de los empleados públicos, criticando que se plantee "iniciar una vía de recortes". "Hay que decirlo de forma muy clara", ha continuado, para después recordar que en el año 2010 ya se tomó una medida similar.
Por ello, el titular de Consumo ha advertido de que "las políticas de reformas laborales de congelar salarios" son "un error desde el punto de vista macroeconómico y de la justicia social". "Porque es un sector que ha sufrido en los últimos años una pérdida de poder adquisitivo enorme", ha añadido.
"Tratamos de preservar salarios y pensiones", ha explicado, para después señalar que el Gobierno no está en la "tesitura" de llevar a cabo recortes. "Vamos a preservar en la medida de lo posible las pensiones y los salarios, es bueno además para la economía española sostener ese nivel de circulación de recursos", ha apuntado.
