La reforma de las pensiones continúa siendo una asignatura pendiente. El Pacto de Toledo discute desde hace un tiempo -antes del inicio de la pandemia- cuál sería la mejor manera para que el sistema sea sostenible, asegure el poder adquisitivo de los pensionistas y ofrezca garantías a una de las preocupaciones más candentes de los españoles. A la espera de consenso, todo parece indicar que el Gobierno quiere volver al método de 2011: revalorizar las pensiones acorde al IPC real. Este año subieron un 0,9%.
"Nuestro objetivo -dentro del pacto de Toledo- es despejar la incertidumbre sobre los mecanismos del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de forma permanente", ha asegurado este viernes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
En una entrevista en Cope, Escrivá, que ha negado una posible congelación de las pensiones, ha abogado por establecer una regla fija de actualización para que se mantenga su nivel adquisitivo y transmita confianza a los pensionistas. Hace unos días, el ministro aseguraba que este sistema no tendría ningún problema a ojos de Europa, ya que se parece mucho a la que tienen algunos países vecinos.
Otra cosa es la "sobrecarga" que tiene la Seguridad Social. "Todo el mundo tira de la Seguridad Social", ha lamentado, y es que, según sus cálculos, el déficit del organismo alcanzará el 2% este año frente al 1,2% con el que cerró 2019, por lo que ha pedido repartir 23.000 millones de gastos "impropios" -políticas activas de empleo, prestaciones de paro no contributivas o ayudas a la maternidad por hijo- que asume la Seguridad Social entre la Administración General del Estado -los ministerios competentes- a lo largo de esta legislatura.
También ha reconocido que el Gobierno está trabajando en reducir las jubilaciones anticipadas, que el año pasado se incrementaron en un 16%. Escrivá ha considerado que hay un mal diseño de la norma en el desincentivo para acogerse a esta fórmula. "El recorte del 8% de la pensión por año anticipado se aplica sobre la base reguladora y no sobre la pensión que se va a recibir, por lo que el efecto desincentivador es muy bajo -en torno al 2%-", ha señalado.
En cuanto a la posible congelación salarial a los funcionarios, ha moderado su discurso. El jueves con un rotundo "no me consta" esquivaba el debate, pero este viernes ha optado por quitar hierro al asunto asegurando que no es algo preocupante desde el punto de vista macroeconómico, ya que que la evolución de los precios está siendo "muy contenida", con una caída en los últimos doce meses del IPC del 0,5% en agosto, una expectativa de inflación negativa de año y también "muy contenida" en 2021.
Preguntado por el hipotético caso de que los próximos Ertes consuman paro, el representante ministerial ha pedido prudencia al encontrarse el asunto en negociaciones con los agentes sociales. Lo que sí ha alertado es que el dinero destinado a estas prestaciones "es limitado". "Nos hemos gastado ya más de 22.000 millones en los Ertes y el recorrido presupuestario que nos queda es limitado, por lo que tenemos que proteger a los profesionales de los sectores con una situación aún muy difícil", ha indicado.
El ministro ha descartado hablar de una subida de impuestos, sólo los verdes. Escrivá ha recordado que España tiene una fiscalidad medioambiental "muy baja" que la Comisión Europa y otros organismos recomiendan reforzar. "El Gobierno está en eso, algunas de las subidas de impuestos que se han anunciado son fundamentalmente en ese área medioambiental al tener un déficit rente a los países del entorno", ha detallado.
Preguntado por cambios en el IRPF, "no creo que vaya a haber modificaciones", aunque sí ha apuntado a la posibilidad de limitar los beneficios fiscales. "España es el país de Europa con más beneficios fiscales y hay recomendaciones de organismos internacionales que nos dicen que esto no debe ser así. Es difícil justificar por qué se producen muchas de esas exenciones", ha dicho.
