Las medidas que el Gobierno está aprobando en materia de protección de los trabajadores autónomos como consecuencia de la crisis del coronavirus no caerán en saco roto cuando finalice la crisis sanitaria. De hecho, todas esta producción normativa podría servir en algunos meses como el marco sobre el que continuar los trabajos ya iniciados antes del estallido de la pandemia para la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Este era, antes del desastre económico que ha provocado a lo largo y ancho del globo el COVID-19, uno de los ejes de actuación conjunta que ocuparían tanto al Ministerio de Trabajo y Economía Social como al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que tendría como piedra angular la cotización de los trabajadores por cuenta propia en función a sus ingresos reales. Como ya adelantó, elEconomista, el ministro José Luis Escrivá estaba a punto de presentar una propuesta de reordenación de las cotizaciones de este colectivo a las entidades representantes de estos trabajadores.
Ahora, fuentes de Moncloa confirman a este diario que la intención del Ejecutivo, es incluir algunos de las coberturas previstas en el actual estado de alarma como parte del armazón del nuevo RETA. "Una de las enseñanzas de esta crisis es la desprotección de los autónomos, eso va a cambiar", aseguran elEconomista añadiendo que necesariamente esto tiene que ir acompañado de una cotización del colectivo en función de sus ingresos, "algo que ya sucede en muchos países de la Unión Europea". Esto quiere decir que el nuevo sistema de aportaciones de los autónomos a la Seguridad Social preverá mayores niveles de cotización pero también recogerá mayor volumen de cobertura para aquellos que se vean obligados a cesar su actividad, o para los que se jubilan y pasan a depender de la pensión.
Escrivá confirma que se revisarán las aportaciones de los autónomos para elevar su pensión
"Hay que corregir que algunos autónomos hagan un esfuerzo ínfimo mientras que otros llevan a cabo sobre esfuerzos", apuntaban fuentes de las patronales de autónomos sobre el establecimiento de la aportación en función de los ingresos.
Además, el propio Escrivá aseguraba la semana pasada a cerca de este punto, que "es necesario replantear el sistema de aportaciones de los autónomos para que cobren mejores pensiones". Un reciente informe de UPTA apunta a una diferencia en la pensión del trabajador por cuenta propia en comparación con el empleado por cuenta ajena de hasta 523 euros.
La batalla de la cotización 'real'
En este sentido, el profesor colaborador del Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo (IFTA) y vicepresidente CIRIEC España, Sebastián Reyna, explica a este diario que el trabajo de la reforma del RETA se centrará en la cuestión de las cotizaciones. Recuerda que el acceso a los servicios y coberturas se amplió ya en el Real Decreto de diciembre de 2018 aprobado por la entonces ministra del ramo, Magdalena Valerio, y que recogía que con carácter general, desde el 1 de enero de 2019, los trabajadores incluidos en el RETA deben cotizar de manera obligatoria por contingencias comunes, contingencias profesionales, cese de actividad y medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora.
Ello junto con un pliego de medidas aprobadas entonces amplía enormemente la cobertura de los trabajadores de este colectivo, de no ser por la baja cotización que realizan a la Seguridad Social, tal y como explica Reyna.
En este sentido, el nuevo cese de actividad articulado por el Gabinete de José Luis Escrivá se está certificando como la tabla de salvación para el más de millón de personas que lo han solicitado, y en su inmensa mayoría se ha concedido. De otro modo, muchos trabajadores por cuenta propia no se podrían haber acogido ya que el requisito de acceso ordinario a la prestación obliga a certificar el cese total y definitivo de la actividad, algo que en este momento se prevé temporal, y que ha frenado la sangría de afiliaciones que se podría haber producido en el colectivo como sí se ha experimentado en el Régimen General. La ayuda se sitúan en los 661 euros y hay que sumarle los casi 300 euros de cuota bonificada, que el autónomo deja de pagar.
