Madrid
La jubilación anticipada se ha colocado en el centro de la diana de la reforma de pensiones en España. El objetivo del ministerio de Seguridad Social que capitanea José Luis Escrivá es el de establecer un marco regulador que incentive el retiro laboral más tardío, una vez alcanzada la edad legal de jubilación, actualmente en 65 años y 10 meses, e incluso permanecer en el trabajo más allá. Sin embargo el Banco de España asegura que los incentivos para estos supuestos de jubilación tardía son "inexistentes".
Así lo asegura en uno de sus últimos análisis el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, quien ve "absolutamente legítimo" que se pudiesen volver a vincular las pensiones al IPC, si bien cree que debería ir aparejado a la aplicación "automática" de posibles medidas como la mejora de los "muy débiles y prácticamente inexistentes" incentivos para trabajar más allá de los 65 años, ampliar el periodo de cálculo para la pensión, aumentar los ingresos incluso con figuras impositivas e impulsar los planes de ahorro privado, como planes de pensiones o productos financieros como la licuación de patrimonio inmobiliario.
Durante su intervención en una conferencia telemática organizada por la Fundación Edad & Vida, Arce puso encima de la mesa los "importantes" retos del sistema público de pensiones, en un contexto de déficit del 1,3% del PIB de la Seguridad Social en 2019 y una presión al alza en el gasto de pensiones en las próximas décadas por el aumento de la tasa de dependencia ligada al incremento de la esperanza de vida y la jubilación de los baby boomers. Así, a pesar de que las reformas aprobadas en 2011 y 2013 supusieron un "avance sustancial" para garantizar la sostenibilidad financiera, el Banco de España apunta que la suspensión de algunos elementos de estas reformas hace necesario introducir nuevas medidas, más allá de la mejora del empleo, puesto que esto solo compensaría parcialmente la presión demográfica.
Entre la batería de posibles opciones, el supervisor incide en que el retraso de la edad de jubilación es un elemento "potente" para moderar los gastos, ya que, según cálculos de la AIReF, por cada año de retraso de la edad efectiva de jubilación, el gasto en pensiones en 2048 bajaría entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales de PIB. Así, apunta que el efecto de la reforma de 2011 que fijó el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027, tiene un "impacto limitado", ya que la edad efectiva es de 64,5 años respecto a los 65,8 años de la edad legal.
Impacto del envejecimiento
Además, el Banco de España recuerda que varios países de la UE como Italia, Portugal, Finlandia o Dinamarca han ligado la edad de jubilación a la esperanza de vida. Según Arce, el sistema de pensiones genera un rendimiento real esperado por encima del 2% para un cotizante con una carrera larga, por lo que posponer la edad e jubilación actualmente "no genera un mayor retorno" en ese caso, ya que, a su juicio, los incentivos para retrasar la edad de retiro más allá de los 65 años son "muy débiles o prácticamente inexistentes".
De igual forma, plantea como opción alargar los años considerados para el cálculo de la base reguladora, lo que ha apuntado que provocaría una reducción de la pensión media y previsiblemente tendría mayor incidencia en rentas altas, y acercaría al sistema español a países como Finlandia, Polonia, Portugal o Suecia.
¿Destope de cotizaciones sociales?
En cuanto a posibles medidas de aumento de ingresos, asegura Arce que eliminar el tope máximo de cotización tendría un "potencial recaudatorio alto", si bien advierte de que podría afectar negativamente a la demanda de trabajo y generar un aumento del gasto de pensiones a futuro, salvo que se mantenga el límite impuesto para la pensión máxima, en cuyo caso el carácter contributivo del sistema se vería minorado.
Sobre un eventual incremento de la imposición, el supervisor considera que "puede ser una alternativa", pero recuerda que las cotizaciones sociales están por encima de la media de la UE, la iniciativa afectaría a toda la población, incluyendo a los propios pensionistas, y podría tener implicaciones sobre el carácter contributivo del sistema. Por otra parte, sobre el ahorro privado, asegura que en España aún hay "margen" para incentivar los planes de pensiones, ya que en 2017 solo un 23% de hogares españoles tenía un plan de pensiones individual, seis puntos menos que la media del Eurosistema.
Por ello, cree que hay un contexto "idóneo" para desarrollar productos financieros "responsables y competitivos", como la licuación patrimonial con hipotecas inversas o ventas de nuda propiedad para que los mayores puedan recurrir a su riqueza inmobiliaria para acceder a activos financieros líquidos en condiciones "atractivas y seguras". En todo caso, precisa que estos instrumentos no pueden ser "sustitutivos" de las pensiones.
Incentivos a planes de pensiones
El director general de Economía y Estadística del Banco de España también explica que los incentivos fiscales al ahorro parecen tener un efecto "limitado", por lo que cree que hay que mejorar el diseño de esos incentivos, ya que actualmente se constata que se deja de ahorrar en otros instrumentos para ahorrar en estos de mayor beneficio fiscal. En este punto, instó Arce durante su presentación a acometer mejora en el sector bancario en lo referido a las comisiones de estos incentivos.
En cambio, opina que la coyuntura de crisis actual "no es la más favorecedora" para introducir mecanismos que refuercen el sistema de previsión social, ya que "o los empleadores contribuyen más o los trabajadores, o una combinación de ambos", algo que cree que actualmente "se antoja potencialmente complicado". Eso sí, pide realizar un estudio "muy detallado" del modelo británico, puesto como ejemplo por el Ministerio de Seguridad Social, ante su "éxito" para la adhesión de este tipo de mecanismos.
Por último, sobre las llamadas cuentas nocionales, resaltó que proporcionan una relación más estrecha entre cotizaciones y pensiones, aumentan la transparencia en los derechos de pensión y favorecen la toma de decisiones, pero no solucionan 'per se' la disyuntiva entre la suficiencia y los recursos disponibles del sistema ni la incertidumbre asociada a las rentabilidades.
