Con firma, con foto y sin respuestas a la prensa, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estampaban ayer la firma del acuerdo que les hará socios de Gobierno si finalmente ERC no se descuelga y se abstiene en la segunda votación de investidura. En el documento Un nuevo acuerdo por España, la coalición progresista presentó medidas, como la subida de impuestos a los ricos y grandes empresas, la derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza, la eliminación del Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones que deparaba un 0,25% de subida, así como el control del precio del alquiler de la vivienda, una de las grandes propuestas de Unidas Podemos.
En definitiva, un paquete de propuestas, carentes de memoria económica, y que a tenor de las intenciones presupuestarias del Ejecutivo en ciernes, elevan el gasto público en un 6,4% del gasto total, aumentando el déficit público.
En el apartado de vivienda, resulta llamativo el control que el Gobierno quiere establecer sobre los precios de alquiler a través de las comunidades autónomas y/o los ayuntamientos, para lo cual habilitará un sistema estatal de Referencia de Precios de Alquiler que desarrolla el Ministerio de Fomento.
Intervención de los precios
Según las intenciones del Ejecutivo socialcomunista, los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva, fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado, cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda. El objetivo que defienden es el de "regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contratación de la oferta de vivienda en alquiler".
El programa socialpodemita quiere impulsar también medidas para asegurar el realojo inmediato, fomentar la vivienda social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.
En una práctica más de intervencionismo, el llamado programa progresista de PSOE y Unidas Podemos también mediará en el incremento de los precios de alquiler y la limitación de oferta para uso residencial, e impulsará medidas para que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio. En cuanto al uso social de la vivienda y el parque público, el futuro Gobierno de izquierdas quiere establecer un marco legal que define los conceptos de vivienda vacía y gran tenedor de vivienda y ponga a disposición de las comunidades autónomas y de los municipios distintas herramientas para su detención y diagnóstico.
Las líneas maestras del pacto
Lucha contra el fraude
Se actualizará la lista de paraísos fiscales, se potenciará la prevención del fraude mediante la lista de morosos y se prohibirán las amnistías fiscales. Otorgarán a la Agencia Tributaria la competencia para declarar el incumplimiento de los requisitos establecidos para las sicavs en la normativa financiera.
Aumento de la progresividad del sistema fiscal
Reforma de una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.
Fiscalidad para las pymes
Aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasan de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.
Exenciones de dividendos y plusvalías
Reducirán en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la Directiva matriz-filial.
Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas
Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.
Impuesto digital
Aprobación del Impuesto sobre determinados servicios digitales, con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea.
Transacciones financieras
Promoverán un impuesto sobre las transacciones financieras consistente en gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
Subida del Salario Mínimo Interprofesional
Subir el Salario Mínimo hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Supondría elevar el SMI a 1.200 euros a lo largo de la legislatura, aunque el documento no especifica esta cantidad.
Alquiler turístico
Para abordar esta cuestión se impulsarán reformas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.
Derogar la reforma laboral
Se derogará la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad. Se derogarán las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
