Los roces entre el ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social amenazan con demorar la aprobación de ciertas medidas clave en la preparación de la economía para la recuperación de la crisis provocada por la pandemia, como el acuerdo de ampliación de los Erte hasta el 31 de diciembre. Son públicas ciertas discrepancias entre los ministros de Unidas Podemos y los del PSOE si bien la inmediatez de la puesta en marcha de ciertas políticas que afectan al mercado de trabajo está tensando la cuerda en el seno del Ejecutivo.
La ley del teletrabajo o la negociación de los Erte son las dos últimas muestras de esta disensión que ha provocado por un lado que aún no se haya dado salida al acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno sobre la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 31 de diciembre a falta solo de 10 días para que cumplan las condiciones en las que se pueden acoger las empresas a estos procesos para conservar las plantillas ante el desplome de la demanda. Y son estas condiciones las que podría generar discrepancias siendo el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, partidario de evaluar con detalle la extensión de los Erte en según qué tipo de negocios, los más afectados por la crisis asociados al sector turístico, pero en el que podría no incluirse a aquellos del comercio y la hostelería. Desde Trabajo se asegura que la negociación está avanzada y que en los próximos días se rubricará la nueva extensión.
En el caso de la ley de teletrabajo se reproduce el tira y afloja que el ministerio de Escrivá mantuvo con el de Pablo Iglesias en la aprobación del ingreso mínimo vital, principalmente por los tiempos. En este caso, mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se apresura para dar luz verde al decreto que regule las condiciones de los empleados que ejerzan desde su hogar, Escrivá considera que se trata de una norma que debe ser analizada y aprobada después de un estudio minucioso de los efectos de desplegar esta norma sobre la realidad de las empresas.
Del mismo modo, ente plano se encuentra el proyecto de contrarreforma laboral, donde la ministra Díaz parece haber abandonado el mantra de la derogación total de la norma aprobada por el PP en 2012 y ahora se constriñe a la modificación de los "aspectos más lesivos" de la ley que rige el mercado laboral español. Una postura más cercana a la expuesta por el ministro Escrivá desde el comienzo de la legislatura, que siempre se ha mostrado más partidario de cambiar ciertos aspectos de la ley, como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad de los convenios o la política de subcontrataciones.
¿Endurecer la jubilación anticipada?
Estas discrepancias entre ambos ministros también quedaron plasmadas recientemente tras la comparecencia del ministro Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo, cuando el titular de Seguridad Social pidió a los partidos políticos que elaborasen con premura las recomendaciones para la reforma del sistema público de pensiones, ya que el Ministerio debería legislar con posterioridad. Una de las medidas que se pretenden abordar pasa por el endurecimiento de las condiciones para la jubilación anticipada en nuestro país, para corregir la tendencia de que la edad real de retiro en nuestro país está un año por debajo de la edad real y con ello aliviar las cuestas del Sistema. Sin embargo, la ministra Díaz resolvió tras esta comparecencia de Escrivá que es "no es el camino" que debe llevar la reforma de las pensiones en nuestro país.
No en vano, en este último supuesto poco espacio para la disensión deja la aprobación de una medida, la de la reforma de pensiones, que más allá deberá ser alumbrada en el seno del Pacto de Toledo donde entre otros partidos se necesitará de un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, por lo que se entenderán por superadas estas diferencias sobre la materia. Cabe recordar además, que esta situación ya estaba prevista desde ambos gabinetes después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trocease el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, anteriormente capitaneado por Magdalena Valerio, y más allá vaciase de competencias la cartera que de Yolanda Díaz, retirando de su negociado las cuestiones de la economía laboral que se establecen desde la Seguridad Social.
Tal y como avanzaban este fin de semana desde el ABC estas discrepancias amenazan con entorpecer la aprobación de estas medidas cruciales para encarar la recuperación económica en los próximos meses e inciden en las diferencias de base que asoman por las gritas del Ejecutivo de coalición. Ello en un momento crucial de la legislatura donde la aprobación de los Presupuestos Generales supone la primera piedra de toque para el Ejecutivo y una foto fija sobre los compañeros de viaje del Gobierno durante este mandato de carácter excepcional y marcado por la pandemia.
