Reforma de pensiones

Desde luego, proponiendo el tema de estas líneas, no vamos a descubrir la sopa de ajo ni mucho menos. La sostenibilidad de las pensiones es una discusión recurrente, por no decir que cotidiana. De momento, lo bueno es que las pensiones se van cobrando, que cada año hay actualizaciones gobierne quien gobierne, que los pensionistas, a veces con razón, se quejan y que a fin de cuentas tanto quienes gobiernan como quienes pretenden hacerlo saben que cuestionar ajustes en las pensiones, que pudieran ser a la baja o simplemente estancarlas, supondría minar sus opciones ante próximos lances electorales – que en España son varios cada año – porque los pensionistas son muchos millones de votos. Así que, de vez en cuando, conviene examinar la sostenibilidad de las pensiones con una mirada exclusivamente económica, ajena a veleidades políticas. Tal vez, éste sea el principal freno para acometer una positiva reforma de las pensiones que asegure su sostenibilidad cara al futuro. Esbocemos unas pinceladas sin recurrir a guarismos que dejamos para otro día.

La ampliación a 35 años del cálculo de la base reguladora en el sistema de pensiones impactaría negativamente en la cuantía de la pensión media inicial de jubilación, pero afectaría especialmente a las pagas más pequeñas, según las principales conclusiones del análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura.

El magistrado Juan José Escalonilla investiga a Juan Carlos Monedero por una factura presuntamente falsa de 26.000 euros que cobró de Neurona; Pablo Echenique fue sancionado por Hacienda por no pagar el IRPF de su asistenta e Irene Montero, la ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias, coloca de adjunta a su jefa de gabinete, Teresa Arellano, para que haga de niñera con cargo a los Presupuestos del Estado. Y en Podemos aún se extrañan de que los youtubers, que ingresan cantidades millonarias, trasladen su domicilio fiscal a Andorra para rebajar su factura fiscal.

La reforma de pensiones ha puesto en la diana a las prejubilaciones, que suponen un alto coste para la Seguridad Social, asolada por un déficit que rondará los 1,3 puntos del PIB para finales de este presente 2021, y que es la principal opción de salida del mercado laboral para el 40% de los trabajadores españoles. El Gobierno asegura que es una fórmula de retiro que beneficia principalmente a los trabajadores con rentas más elevadas -por lo que pretende rediseñar el sistema de penalizaciones e incentivos- y, al menos, así lo pone de manifiesto el informe sobre pensiones elaborado por la Seguridad Social en su proyecto presupuestario para 2021, donde se recoge como las personas que se prejubilan cobran hasta un 37% más que quienes salen del mercado laboral una vez alcanzada la edad legal de jubilación.

La propuesta que está barajando el Gobierno sobre el aumento de 25 a 35 los años cotizados para el cálculo de la pensión y la consecuencia de la medida, un recorte medio de las nuevas pagas del 5,5%, ya hacía prever la disconformidad con la misma de parte del Gobierno, tal y como ha confirmado en las últimas horas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al asegurar que "es un recorte, sencillamente" y como a confirmado este mismo jueves una de las voces autorizadas de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, asegurando que sui partido no va a callar si Escrivá impulsa la "incomprensible" reforma de pensiones, que "rescata" las tesis del PP.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha confirmado este lunes que el Ejecutivo baraja una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, pero con exclusión de los años más negativos de cotización, como una de las distintas alternativas a explorar a partir del acuerdo del Pacto de Toledo.

La futura reforma de las pensiones contará con pocas medidas para racionalizar el gasto de la Seguridad Social. Entre ellas destaca el fomento de la prolongación de la vida laboral, pero este propósito corre el riesgo de aplicarse tarde.

Fedea pone de manifiesto la debilidad de la reforma de pensiones que se avecina. Sus economistas evidencian la pobreza de las medidas de racionalización de gasto que prevé por ahora, reducidas a la desincentivación de las prejubilaciones.

De la reforma de pensiones propuesta por el Pacto de Toledo y ratificada por el Congreso se desprende una primera lectura: el gasto en pensiones mantendrá en los próximos años la senda ascendente impulsada por la revalorización de las prestaciones vinculada al IPC. Esto supondrá que en 2021 las pensiones subirán un 0,9%, lo que sumará 1.400 millones de euros al coste de la partida. Ahora bien, desde Fedea apuntan que esta medida de recuperar la indexación con el IPC sumada a la separación de fuentes iniciada por el Gobierno en los Presupuestos de 2021 con un traspaso de 14.000 millones de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado hace que la vía directa para financiar el déficit del Sistema sea la impositiva. En este punto advierten los expertos: el incremento del gasto asociado y la necesidad de cubrirlo con impuestos obligará al Gobierno a elevar el tipo de IPRF en un 50% hasta 2050, cuando se espera el pico de gasto en pensiones por la jubilación de la generación baby boom.

La propuesta que baraja el Gobierno sobre un posible aumento del periodo de 25 años a 35 años cotizados para el cálculo de la pensión que ha trascendido en los últimos días tendrá un impacto heterogéneo entre los futuros jubilados de nuestro país. Si bien los expertos calculan que un trabajador medio, con una carrera de cotización ordinaria -con aumento progresivo de las aportaciones a la Seguridad Social- sufriría un recorte de la pensión inicial de un 5% de media, para otros empleados, la medida supondrá un balón de oxígeno y un incremento de la cuantía de la prestación respecto a lo que cobraría con la legislación actual.

Las ayudas del fondo de reconstrucción de Bruselas para afrontar los efectos de la pandemia no estarán exentas de contrapartidas, por lo que el Gobierno deberá abordar cambios estructurales en ciertos ámbitos, principalmente pensiones y mercado laboral, para acceder a los 140.000 millones de euros que corresponden a nuestro país de las ayudas aprobadas por el Covid.

Con las recomendaciones del Pacto de Toledo aún recién aprobadas, así como su convalidación en el Congreso, una primera aproximación a la pertinencia de las medidas propuestas sugiere que estas carecen de una lectura sobre el impacto económico de las mismas tanto en las finanzas de la Seguridad Social como en cuestiones que implican a la evolución del mercado de trabajo. Por ello, el miembro del Foro Santalucía AM, Ángel de la Fuente, y el socio fundador de LoRIS y miembro del Foro Santalucía AM, José Antonio Herce, aseguraron este jueves, en una conferencia virtual sobre la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones bajo el lema Después del Pacto de Toledo: ¿ahora qué? albergada por el Instituto Santalucía, que una vez analizados los puntos de la futura reforma queda claro que nuevas actuaciones sobre los gastos y los ingresos serán necesarias ya que, lejos de reducir los esfuerzos financieros, la Seguridad Social afronta unos años donde la senda del gasto será ascendente, empezando por las futuras revalorizaciones previstas en base al IPC.

El Gobierno se ha adelantado algunos pasos en el arranque de la reforma de pensiones, que ya ha sido convalidada por los grupos en el Congreso de los Diputados y que supone un mandato oficial para el Ejecutivo de llevar a cabo los cambios normativos. Los primeros ladrillos de la reforma asoman en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con la subida de las pensiones un 0,9% conforme al IPC previsto para el próximo ejercicio, la aprobación de una transferencia de 14.000 millones de euros que cubrirá una primera parte de los gastos no contributivos de la Seguridad Social, y el despliegue de las medidas que tienen que ver con el ahorro privado destinado a la jubilación: con el recorte de incentivos fiscales a planes individuales de pensiones de un 75% para trasladarlos al sistema colectivo y el anuncio de aprobación de un fondo público de pensiones.

Tras cuatro años de negociación y casi una década del último acuerdo alcanzado entre los partidos políticos, el Congreso de los Diputados dio luz verde este jueves a las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones. Con la culminación de la aprobación del texto, el mandato para la modificación de la ley de Seguridad Social se hace efectivo y el Gobierno deberá ir abordando las reformas que se reclaman para garantizar el futuro de las jubilaciones en nuestro país durante los próximos meses, dando cuenta de las decisiones a los partidos representados en la Comisión parlamentaria."Solamente con la suma de ambos consensos, político y social, podremos adoptar medidas eficaces que solucionen de forma duradera los importantes desafíos a los que se enfrenta hoy nuestra Seguridad Social", manifestó la presidenta del Pacto de Toledo y exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que cree que este sistema "es y debe seguir siendo un instrumento de vertebración, inclusión y cohesión que garantice la paz social y la estabilidad política". Además, durante su intervención, ahora al acuerdo entre Gobierno, organizaciones sindicales y patronales.

Los partidos políticos representados en el Pacto de Toledo exigen al Gobierno que cumpla con el mandato de la Comisión que tanto en el reciente acuerdo de finales de octubre como en el alcanzado en 2011 piden a los responsable de la Administración de la Seguridad Social que informe por carta, tal y como ocurre en numerosos países del entrono comunitario, de la proyección de la pensión pública que recibirá durante la jubilación. Así aparece recogido en el documento de recomendaciones aprobado en el seno de la Comisión después de nueve años de ausencia de consenso hace escasas semanas, y con lo que se busca poner una suerte de alerta para los trabajadores que se aproximan a la jubilación.

El acuerdo del Pacto de Toledo sobre la recomendaciones para la reforma de pensiones será sometido a votación en le pleno del Congreso de los Diputados el próximo 17 de noviembre. Presumiblemente, el texto deberá ser aprobado al menos por el mismo número de partidos que suscribió el acuerdo en la Comisión Parlamentaria, si bien este periodo de transito hasta que se vote en el pleno se encuentra abierto un plazo de votos particulares, que son una suerte de enmiendas parciales al texto que servirá al Gobierno como guía para abordar los cambios legislativos sobre la Seguridad Social.

El Gobierno anunció hace pocos días la aprobación de un fondo de pensiones de titularidad pública, que será gestionado por una entidad privada y que servirá para dinamizar el ahorro a largo plazo para los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Ahora bien, son muchos los flecos y los detalles que aún faltan por establecer en torno a un fondo de pensiones que en uno de sus aspectos fundamentales, supondrá un ahorro para los trabajadores que se adscriban al plan en su respectiva declaración de la renta. Así, aunque no se conocen los porcentajes y niveles de desgravación fiscal asociados a las aportaciones sí que estas tendrán una repercusión en forma de ahorro en la declaración anual de la renta al suponer una desgravación en el IRPF.

Uno de los puntos de la reforma de pensiones que necesitará de un periodo de estudio sobre los cambios a introducir una vez que esta eche a andar es el de las pagas de muerte y supervivencia, principalmente las pensiones de viudedad, y su necesaria adaptación a la realidad social del momento, donde las necesidades para las que se concibió esta prestación han cambiado. En este sentido, el Pacto de Toledo aboga por una revisión "íntegra" de esta prestación para su adecuación, donde el principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la cuantía de la prestación.

El Gobierno aprobará este martes la articulación de un fondo público de pensiones colectivo para facilitar la adhesión de los trabajadores a los planes de ahorro a largo plazo y elevar así el nivel de cobertura de la previsión social complementaria en nuestro país, principalmente entre el colectivo de pymes y autónomos. Con esta medida el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da respuesta a uno de los mandatos del Pacto de Toledo que en la decimosexta recomendación para la reforma del sistema de pensiones reclama que se incentive el ahorro de los trabajadores en el seno de la empresa, a través de modelos de fondos colectivos de pensiones como ocurre en el sistema NEST de Reino Unido o con las EPSV del País Vasco. Además, el Ejecutivo prevé abordar en el Consejo de Ministros de este martes la reducción de las desgravaciones fiscales para los planes individuales, fijados en 8.000 euros anuales de aportación, y que pasaría a restringirse a 2.000 euros anuales. Cabe recordar que según los cálculos del Ministerio de Hacienda, la desgravación fiscal aplicada a estos instrumentos de ahorro resta cada año 1.643 millones de euros a las arcas públicas (450 millones si se tiene en cuenta el diferimiento fiscal). Con esta medidas, se arma una doble vía de actuación para revolucionar la historia del ahorro privado en nuestro país, virando hacia modelos más extendidos en el resto de Europa donde la previsión individual supone una parte fundamental de paga de jubilación.

El Pacto de Toledo ha llegado este viernes a un acuerdo para la reforma del sistema público de pensiones en España tras cuatro años de duras negociaciones sobre cómo revertir la situación financiera que afronta la Seguridad Social con un déficit estructural y una senda de gasto ascendente que compromete la sostenibilidad a futuro del Sistema. El anterior pacto alcanzado en esta Comisión para reformar las pensiones se dio hace ya 9 años con el PSOE en el Gobierno.

Se rompe la máxima de que los españoles siempre dejan para el último momento su aportación al plan de pensiones. Por primera vez desde 2008, estos vehículos de ahorro han conseguido entradas netas de dinero entre julio y septiembre, y también en el acumulado de los nueve primeros meses del año. Un cambio de tendencia que se produce justo cuando el Gobierno perfila una reforma que baraja eliminar la ventaja fiscal de los planes de pensiones, con la que el inversor puede desgravarse las aportaciones realizadas por un máximo de 8.000 euros en su declaración. Pero también cuando la incertidumbre que rodea a la economía española es máxima a medida que crecen los rebrotes.

El Pacto de Toledo, en las postrimerías de la negociación para alumbrar las recomendaciones de la reforma del sistema público de pensiones, no solicitará al Gobierno una revisión de las cotizaciones para los trabajadores del régimen general de asalariados. Ello implica de facto que, en este momento no abogan por tocar las cotizaciones de estos asalariados, tanto de rentas altas como de rentas bajas y medias. Algo que sí ocurrirá para el régimen especial de trabajadores autónomos (Reta), donde sí que se solicitará dar un paso más hacia la convergencia de regímenes de la Seguridad Social, articulando un sistema de aportaciones en base a los ingresos reales. Esta decisión de salvar a los asalariados de una eventual subida de las cotizaciones tiene sentido en el actual contexto de crisis económica, donde puede ser contraproducente el aumento de los costes para la contratación, pero también tapona por el momento una de las vías para aumentar los ingresos, las cotizaciones sociales, que caerán un 2,5% en 2020.

Con el Pacto de Toledo al borde del acuerdo para las recomendaciones de la reforma de pensiones, habrá algunas cuestiones que eleve la Comisión que deberán someterse a examen durante los próximos meses, como la despenalización de las carreras de cotización de 40 años o más. Concretamente, los partidos políticos impondrán un plazo de tres meses al Gabinete de José Luis Escrivá para analizar el impacto presupuestario que supondría abrir la puerta para la entrada en el sistema de jubilaciones de estos trabajadores con largas vidas laborales. Si bien, los expertos consultados por elEconomista ya advierten de que una medida en este sentido a las bravas, que inicie una sangría de prejubilaciones, supondría un estocazo a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, que ya carga cada año con un déficit de 18.000 millones de euros y que este año se irá a los 25.000 millones por el impacto de la pandemia.

Una realidad perversa del sistema de pensiones español se da a raíz del modelo de jubilación anticipada, que según el reglaje de porcentajes de penalización por cada año que se adelanta el retiro resulta en su cómputo final más ventajoso para las rentas altas y más gravoso para las más bajas. Ahora, como ya adelantó elEconomista y ya ha anunciado el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en sus últimas comparecencias, la intención es la de establecer un marco que por un lado incentive la permanencia en el puesto de trabajo más allá de la edad legal al tiempo que haya desincentivos para adelantar ese retiro.

Según las declaraciones concretas realizadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que aseguraba esta semana que las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, del mismo modo que ha ocurrido este año, y el coste que ello implica en función de la inflación prevista, el Gobierno asume un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%.

A pocos días del toque de corneta para arrancar la reforma del sistema público de pensiones, una vez el Pacto de Toledo resuelva el documento de recomendaciones y que según ha podido saber elEconomista podría tener lugar en las próximas semanas, la reforma de pensiones parece tener ya cara y ojos a la luz de las observaciones realizadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en la Comisión parlamentaria del ramo. Concretamente, los cambios que llegan para las jubilaciones futuras se sustancia en seis aspectos, a pesar de que serán hasta 21 las recomendaciones que emita el Pacto de Toledo de la reforma.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) considera necesaria una reforma integral del sistema de pensiones en el Perú, porque la mayoría de peruanos no accede a jubilación y en el aumento de población envejecida, señaló el gerente central de Estudios Económicos de esta entidad, Adrián Armas.

El Pacto de Toledo estudia la posibilidad de desviar hasta 12.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones por desempleo que va a parar al Sepe a los fondos de la Seguridad Social para afrontar futuros gasto en pensiones. Concretamente, el documento sobre el que trabajan los partidos representados en la Comisión parlamentaria encargada de emitir las recomendaciones para la reforma del sistema público, recoge la posibilidad de derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al Sepe hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.

El déficit de la Seguridad Social puede tener los días contados, una vez se sustancien en el Pacto de Toledo las recomendaciones que servirán al Gobierno para legislar sobre el sistema público de pensiones. La intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es con la percha de la separación de fuentes de financiación que se recoge en la primera de las recomendaciones para extraer de la Seguridad Social hasta 22.871 millones de euros, equivalentes al 1,6% del PIB en 2023, de gasto no contributivo e impropio. Ello, supondría de facto la eliminación del déficit en el organismo encargado de pagar las pensiones en España y tal y como confirman fuentes de Moncloa a este medio, la idea es desplegar este proceso en el periodo que resta de legislatura.

La reforma del sistema de pensiones traerá consigo un nuevo paradigma en el que le sector privado ganará cada vez más peso en el pago de las pensiones de jubilación, a través del impulso a los planes de pensiones de empleo que pretende dar el Gobierno, una vez que el Pacto de Toledo emita sus recomendaciones.