Madrid
Con el Pacto de Toledo al borde del acuerdo para las recomendaciones de la reforma de pensiones, habrá algunas cuestiones que eleve la Comisión que deberán someterse a examen durante los próximos meses, como la despenalización de las carreras de cotización de 40 años o más. Concretamente, los partidos políticos impondrán un plazo de tres meses al Gabinete de José Luis Escrivá para analizar el impacto presupuestario que supondría abrir la puerta para la entrada en el sistema de jubilaciones de estos trabajadores con largas vidas laborales. Si bien, los expertos consultados por elEconomista ya advierten de que una medida en este sentido a las bravas, que inicie una sangría de prejubilaciones, supondría un estocazo a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, que ya carga cada año con un déficit de 18.000 millones de euros y que este año se irá a los 25.000 millones por el impacto de la pandemia.
La medida que reclama el Pacto de Toledo nace de una propuesta de la asociación Asjubi40, que pide la derogación de los coeficientes reductores a las jubilaciones anticipadas con 40 o más años cotizados. Esta ha sido asumida por la Comisión pero con salvedades. El espíritu de la reivindicación se basa en la reparación para un colectivo de trabajadores que han aportado durante toda su vida con más o menos generosas bases reguladoras a la Seguridad Social, pero que en los últimos años, y tras la crisis económica de 2008, han visto comprometida la suficiencia de sus pagas de jubilación por haber abandonado el mercado de trabajo, lo que supone una laguna en su carrera de cotización.
Como esas lagunas suponen una merma en el cálculo de la pensión y como las prejubilaciones aplican coeficientes reductores de en torno al 8% por cada año de anticipación del retiro, lo que pide la asociación es el levantamiento de estas penalizaciones. Una propuesta que recibió el Pacto de Toledo consistía en la aplicación de los coeficientes reductores para el cobro de la pensión durante los años en situación de prejubilación, hasta llegar a la edad legal de retiro, momento en el que esta penalización se levantaría y se reconocería el 100% de la paga. Una medida que se podría aplicar sobre las jubilaciones ya causadas en estas condiciones y que repararía parte del impacto de la crisis, pero que no soluciona la cuestión para las nuevas jubilaciones.
Ahora bien, como se ha comentado, la piedra de toque de esta medida es el impacto presupuestario que pueda acarrear consigo. Por ello, según fuentes cercanas a la negociación, lo más probable es que el Gobierno concluya en su estudio que la viabilidad de la medida se restringe a las jubilaciones causadas de manera no voluntaria.
Legislación actual
En este caso, la clave está en el periodo de años cotizados necesarios para cobrar el 100% de la prestación. Actualmente, en virtud a la reforma de 2011 de pensiones nos encontramos en un tránsito desde los 35 años a los 37 años como periodo de cotización necesario para cobrar la totalidad de la prestación correspondiente, que culmina en 2027. Como norma general, una persona que se retire a la edad legal en cada momento tendrá que haber cotizado un mínimo de 35 años y medio en el periodo de 2013 a 2019, 36 años en el periodo de 2020 a 2022, 36 años y medio de 2023 a 2026 y 37 años a partir de 2027.
Además, está la escala en la que los años cotizados compensan el alza de la edad legal de jubilación. También se encuentra en un tránsito hasta 2027 y permite acceder al 100% de la pensión con un retiro a los 65 años (actualmente la edad legal es de 65 años y 10 meses, y de 67 años en 2027), y por la cual en el año 2022 se necesitarán 37 años y medio cotizados y así hasta 2027, en el que serán obligatorios 38 años y medio de cotización.
