Las ayudas del fondo de reconstrucción de Bruselas para afrontar los efectos de la pandemia no estarán exentas de contrapartidas, por lo que el Gobierno deberá abordar cambios estructurales en ciertos ámbitos, principalmente pensiones y mercado laboral, para acceder a los 140.000 millones de euros que corresponden a nuestro país de las ayudas aprobadas por el Covid.
Concretamente, tal y como avanzó elEconomista allá por verano y como ha confirmado la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tras la última reunión del Ecofin, el Gobierno y Bruselas ya están en contacto para analizar las medidas que llevará a cabo el Ejecutivo en materia de reforma de pensiones. "Tenemos un contacto fluido y constante con las autoridades europeas, que están siguiendo muy de cerca las decisiones que se están adoptando en el ámbito de la reforma de las pensiones", apunta la ministra al respecto.
En este sentido, Calviño puso en valor el acuerdo "histórico" al que ha llegado el Pacto de Toledo. Ya que "hacía 10 años que no teníamos un acuerdo de esta envergadura. Ahora es labor del Gobierno ver cómo plasmamos la puesta en marcha de esa reforma para reforzar todo el sistema público de pensiones, que es una de las joyas de la corona de nuestro Estado de bienestar", apunta.
Cabe recordar en este punto que la Comisión Europea lleva años haciendo recomendaciones a España en este sentido y está analizando junto con nosotros las distintas cifras, las distintas previsiones, y "el impacto tanto sobre el sistema de pensiones como sobre el presupuesto público de las diferentes medidas que se van a poner en marcha", explica Calviño, confirmando que se está produciendo ese análisis y ese intercambio de puntos de vista "en un ambiente tremendamente constructivo".
Del mismo modo, la ministra de Economía del Gobierno de España aseguró que las conversaciones con los organismos comunitarios a cerca de los cambios en el mercado laboral se encuentran más retrasadas. Es el otro punto de fricción entre el Ejecutivo y la Comisión para la concesión de las ayudas ya que por un lado el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha certificado en varias ocasiones su intención de derogar la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, mientras que la Comisión Europea ya ha pedido en sus recomendaciones específicas para cada país que nada más lejos, ahonde en los fundamentos de la actual ley del mercado laboral.
