Madrid. 
La propuesta que está barajando el Gobierno sobre el aumento de 25 a 35 los años cotizados para el cálculo de la pensión y la consecuencia de la medida, un recorte medio de las nuevas pagas del 5,5%, ya hacía prever la disconformidad con la misma de parte del Gobierno, tal y como ha confirmado en las últimas horas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al asegurar que "es un recorte, sencillamente" y como a confirmado este mismo jueves una de las voces autorizadas de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, asegurando que sui partido no va a callar si Escrivá impulsa la "incomprensible" reforma de pensiones, que "rescata" las tesis del PP.
De este modo, aparecen dos cuestiones en el pulso que se avecina dentro del Consejo de Ministros sobre las medidas que pretende impulsar el Ejecutivo en materia de pensiones, cuyo mandato recae sobre el titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá: por un lado, la contestación a la medida que ya ha tenido el Ejecutivo, también por parte de los sindicatos a pesar de asegurar que tal propuesta no ha sido introducida hasta el momento en la Mesa de Diálogo tripartita que negocia los cambios en las pensiones que llevará a cabo el Ejecutivo con el mandato del Congreso y del Pacto de Toledo.
Y por otro lado, está la realidad de un sistema que acusa importantes necesidades de financiación para hacer frente a sus pagos anuales, que es fuente principal del déficit público del conjunto de las administraciones y que Europa exige embridar lo más pronto posible como condición para la recepción de los fondos comunitarios para la reconstrucción -de los que a España le corresponden 140.000 millones de euros-.
Oposición interna
De este modo, en declaraciones a RNE, Mayoral subrayó que "rescatar" este planteamiento, que a su juicio es el mismo que defendió la exministra popular Fátima Báñez, va en "contra del Pacto de Toledo" y contituye no solo una "fricción" no solo con Unidas Podemos sino con el propio PSOE. Y en esta línea, la ministra Díaz expresó estos días su "disconformidad" con un planteamiento que supone un "recorte duro en materia de pensiones" y le "inquieta" que se hable de ello cuando hace un mes se aprobó un acuerdo sobre pensiones en el Pacto de Toledo, que no va en esos términos.
Sin embargo, no solo la contestación se ha producido en los últimos días en el seno del Ejecutivo. El propio PP, partido clave para la consecución del acuerdo sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo, ha expresado su rechazo. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, reprochó recientemente al ministro Escrivá que plantee la posibilidad de subir el cómputo de pensiones de 25 a 35 años, lo que implicaría bajar a su vez las pensiones un 5,5%, porque considera que se trata de una "trampa".
¿Qué dice el Pacto de Toledo?
Concretamente, el Pacto de Toledo no hace un referencia específica sobre cual debe ser la senda a seguir en los próximos años a cerca del periodo de cálculo. La progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora -que culminará en 2022- implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones", apunta el documento de la Comisión aprobado recientemente.
No obstante, la Comisión considera importante evaluar, a la mayor brevedad posible, su impacto en función del tipo de carrera profesional del trabajador, a menudo marcada por periodos de desempleo y de precariedad. "Dicha evaluación debe contemplar, también, otras medidas como la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión. En particular, esta solución puede resultar interesante en supuestos como el de personas que, a partir de una determinada edad y durante un largo periodo de tiempo, hayan experimentado una reducción significativa de las bases de cotización", apunta el documento firmado por los partidos en el que se aboga igualmente por evaluar la "progresiva ampliación del periodo cotizado necesario para alcanzar el cien por cien de la base reguladora, prevista en la Ley".
En este sentido, si bien es cierto que la Comisión mandata reforzar el carácter contributivo del sistema de pensiones, se aclara específicamente que estos incrementos del periodo de cotización para el cálculo de la base reguladora sean evaluados ex ante, diferenciando el impacto que tendría entre las diferentes categorías profesionales.
"La relación entre las bases máximas de cotización y la pensión máxima debe guardar el necesario equilibrio entre aportaciones realizadas y prestaciones percibidas para garantizar la contributividad, pero sin menoscabo de la dimensión solidaria del sistema", recoge el documento de recomendaciones del Pacto de Toledo.
