El sistema de pensiones público se encuentra en tela de juicio de forma habitual. Las pensiones suponen un gasto que supera el 11% del producto interior bruto (PIB), pero lo más preocupante es la tendencia, que hace hoy de este un sistema insostenible. El Gobierno planea introducir algunos cambios para aliviarlo. La última propuesta pasa por aumentar los años de cotización para calcular las pensiones de 25 años a 35, lo que supondrá un 'recorte' a las nuevas pensiones en casi la totalidad de los casos. Ahora falta saber cómo se aplicará la variable desvelada ayer por la vicepresidenta Nadia Calviño, que aseguró que los años de cotización más negativos quedarán fuera del cálculo.
De este modo, el Gobierno presido por Pedro Sánchez pretende ampliar de 25 a 35 años cotizados el plazo que se tiene en cuenta para calcular la cuantía de la pensión. La tendencia normal en la vida laboral de casi todas las personas es percibir un salario medio cada vez mayor, por lo que la ampliación de la base de cálculo de los años concluirá en una pensión más pequeña que si se hubieran tenido en cuenta solo los últimos 25 años.
Ahora mismo, los españoles que quieran jubilarse en 2021 con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, en un horizonte total de 15 años.
En lo que al cálculo se refiere, el próximo año el periodo para calcular las pensiones sube un año respecto a 2020, desde los 23 años actuales hasta los 24 años. Esto supone que la pensión se calculará desde el 1 de enero en función de las cotizaciones de los últimos 24 años. En 2022 se elevará a 25 años (próximamente el salto será a 35 años si el Gobierno implementa este cambio).
Un recorte del 5,5% de las pensiones
Esta medida supondría un recorte evidente de las futuras pensiones iniciales, ya que lo lógico es tener carreras con salarios ascendentes. En principio. Según publicaba el diario El País esta semana, el propio Gobierno habría calculado en el documento que prepara para Bruselas que el recorte sería del 5,5% de media, un dato que rebasa las estimaciones iniciales.
El sistema de la Seguridad Social acumula déficits desde el año 2011. Pero lo más alarmante es que el desequilibrio va en aumento y rebasará los 15.000 millones de euros al año por la insuficiencia de ingresos por cotizaciones y la cascada de jubilaciones con pensiones elevadas que se está produciendo y que se producirá en los próximos años.
De este modo, desde Bruselas exigen una reforma para contener este gran desequilibrio que es la mayor amenaza para la sostenibilidad de las cuentas públicas en el corto, medio y largo plazo. Las medidas deberían tomarse antes de que empiece a jubilarse la generación del baby boom, a partir de 2023, aunque todo hace indicar que el Gobierno ya va tarde.
El gasto en pensiones sigue siendo un 'agujero' para los presupuestarios del Gobierno y prueba de ello es la última nómina de noviembre, donde el desembolso de la Seguridad Social ha vuelto a superar un nuevo récord, alcanzando los 9.955 millones de euros, lo que supone un 2,26% más que hace un año, pese a que el número de pensionistas ha caído. ¿Cuál es el problema entonces? Unas pensiones cada vez más altas.
El avance experimentado por la pensión media, y principalmente el de las nuevas altas de jubilación, donde su cuantía supera por primera vez en la historia los 1.500 euros. De este modo, la pensión media de jubilación ascendió a 1.169 euros, un 2,30% más que el año pasado. Pero las nuevas altas de pensiones de jubilación en octubre, última fecha disponible, son un 7,28% más cuantiosas que las nuevas pensiones de jubilación en el mismo mes de 2019, elevándose hasta los 1.400,72 euros al mes de media. Y las nuevas jubilaciones causadas en el régimen general ascendieron a 1.516,94 euros al mes.
El borrador que ha realizado el equipo del ministro Escrivá estima que el efecto de pasar de 25 a 35 años el periodo de cálculo para la pensión supondrá una reducción media de la pensión inicial del 5,45%. Este recorte de las pensiones no será igual para todas.
Aunque no hay información oficial, las pensiones más pequeñas apenas sufrirán variaciones, mientras que las más generosas podrían ser las que vean un mayor recorte. Aquí es donde entre en juego las declaraciones de la vicepresidenta económica, que aseguró que no se tendrán en cuenta los años cotizados más negativos.
Quizá se establezca un umbral por debajo del cual no se contabilicen esos años, lo que lastraría sobremanera las pensiones con bases de cálculo más elevadas (quizá el peor año de ese pensionista no llegue a quedar por debajo del umbral), mientras que las pensiones con cotizaciones más pequeñas podrían 'sacar' del cálculo los años más lesivos a la hora de calcular la pensión final.
Sin embargo, el cálculo no tiene por qué ser así. La realidad es que Calviño no precisó cuánto sería, pero en anteriores diseños de esta medida en el seno del Pacto de Toledo se habló de hasta un máximo de dos años (los dos peores) y solo para carreras muy largas de cotización podría mitigarse en algunos casos el recorte inicial de la pensión que implicaría ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo.
Esto está generando polémica dentro del Gobierno de coalición. Poco después de filtrarse el borrador de la medida, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, calificó de "inaceptable" la posibilidad de subir el cómputo de pensiones de 25 a 35 años, lo que implicaría bajar a su vez las pensiones un 5,5%.
El portavoz parlamentario de Unidas Podemos ha subrayado que hay "alternativas" para hacer el sistema de pensiones sostenible. Concretamente, ha planteado "destopar la cotización máxima sin aumentar la pensión máxima, pasar los gastos impropios a los Presupuestos Generales" y "eliminar las desgravaciones a planes privados".
