Madrid. 
Con las recomendaciones del Pacto de Toledo aún recién aprobadas, así como su convalidación en el Congreso, una primera aproximación a la pertinencia de las medidas propuestas sugiere que estas carecen de una lectura sobre el impacto económico de las mismas tanto en las finanzas de la Seguridad Social como en cuestiones que implican a la evolución del mercado de trabajo. Por ello, el miembro del Foro Santalucía AM, Ángel de la Fuente, y el socio fundador de LoRIS y miembro del Foro Santalucía AM, José Antonio Herce, aseguraron este jueves, en una conferencia virtual sobre la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones bajo el lema Después del Pacto de Toledo: ¿ahora qué? albergada por el Instituto Santalucía, que una vez analizados los puntos de la futura reforma queda claro que nuevas actuaciones sobre los gastos y los ingresos serán necesarias ya que, lejos de reducir los esfuerzos financieros, la Seguridad Social afronta unos años donde la senda del gasto será ascendente, empezando por las futuras revalorizaciones previstas en base al IPC.
Cabe recordar en este punto que uno de los acuerdos alcanzados y que ya ha sido trasladado a los Presupuestos es la vinculación de la subida de las pensiones a la inflación, y que en virtud a ello el Gobierno ha previsto un actualización para el próximo año del 0,9%, lo que supondrá un gasto extra de 1.400 millones sobre la ya abultada factura en prestaciones que afronta cada año la Seguridad Social y que se aproxima a los 135.000 millones de euros.
"Lo deseable es que haya certidumbre sobre los ingresos futuros, pero no a cualquier precio. Vincular su revalorización al IPC puede resultar caro. Hay que blindar algunas pensiones como las mínimas, pero en otras, una actualización parcial", recuerda el también director de Fedea, Ángel de la Fuente, quien además recuerda que por cada año de evolución normal del IPC en fase de crecimiento económico estable (2%), la factura de las pensiones se elevaría en cerca de 2.400 millones de euros. Ello implicará, según el Banco de España, que el desembolso será en 2050 de unos 35.000 millones de euros mayor que en la actualidad.
En este sentido, los expertos detectan falta de profundidad y concreción en algunas de las propuestas, como es la de la convergencia de los regímenes especiales de la Seguridad Social en el régimen general y que serviría para eliminar inequidades en el sistema de cotizaciones y jubilaciones entre colectivos, por un lado, y para dotar de mayor estabilidad económica a la Tesorería al elevar sus ingresos. En este punto estaría el mantenimiento de los privilegios para el retiro del mercado laboral de los funcionarios de clases pasivas y la petición para que se aborden medidas que aproximen la cotización de los autónomos a sus ingresos reales.
"Es importante que las bases de los autónomos se equiparen con las de los asalariados porque traen más recursos al sistema y esto es positivo para la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones", apunta Herce sobre la recomendación cuarta del Pacto de Toledo que insta a las partes a resolver una reforma del Reta en la Mesa de Diálogo Social. En este punto cabe recordar que desde hace algunas semanas el Gobierno y las asociaciones representantes de los trabajadores por cuenta propia ya se han sentado a negociar las bases de un nuevo modelo de aportaciones y protección social. Ello, supondría según las primeras estimaciones reducir la sobrecotización que efectúan algo más de un millón de autónomos, y por otro lado elevar la cuota a cerca de 750.000 trabajadores. Con un resultado previsto que elevaría en unos 2.000 millones la recaudación a través del Reta.
Alargar la estancia en el trabajo
"Cada vez vivimos más tiempo, por lo que es razonable trabajemos más tiempo", asegura De la Fuente sobre otro de los puntos conflictivos de las recomendaciones, que insta al Ejecutivo a buscar fórmulas para incentivar que las personas aguanten en el mercado de trabajo al menos hasta la edad legal del jubilación. Cabe recordar que actualmente los españoles salen del mercado a los 64,6 años mientras que la edad legal se sitúa ya en los 65 años y 10 meses, y alcanzará los 67 años en 2027, cuando se cumpla el plazo de transición estipulado en la reforma del 2011.
En este sentido, el director de Fedea señala que como cada vez vivimos más tiempo, "es razonable alargar la vida laboral" por lo que "todo lo que se haga en esa dirección es bueno", a lo que añade que de todas las vías existentes para lograr el reequilibrio financiero del sistema, el alargar la edad de jubilación "sería la menos dolorosa", precisamente por estas ganancia aparejadas de esperanza de vida. Y en esta línea, sobre el impacto que tiene para el sistema este decalaje entre la edad legal y la edad real de retiro, apunta Herce que "ahora es barato jubilarse anticipadamente y hay que encarecer esa modalidad".
Según los expertos consultados por elEconomista, es que por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más, que rebajarían el déficit anual de 18.000 millones de euros que registra el Sistema. Dicho de otra forma, el Gobierno está dejando de recaudar actualmente 8.200 millones por no cumplirse con la edad legal.
Por último, a cerca de la decimosexta recomendación sobre sistemas complementarios de ahorro para la jubilación, los expertos coinciden en la conveniencia de la aprobación del fondo público de pensiones para buscar el impulso del segundo pilar de jubilación e involucrar a los trabajadores en el sistema de previsión complementaria. Si bien coinciden en la crítica sobre el recorte del 75% aplicado a los incentivos fiscales del tercer pilar, correspondiente a los planes individuales. "No tiene sentido que haya distinto tratamiento fiscal entre los planes del segundo y el tercer pilar", asegura De la Fuente, explicando que buena parte de la culpa del infradesarrollo que muestra la industria en nuestro país es precisamente "porque la pensión pública es muy alta", lo que no incentiva mayores esfuerzos de ahorro durante la etapa laboral.
