El Pacto de Toledo, en las postrimerías de la negociación para alumbrar las recomendaciones de la reforma del sistema público de pensiones, no solicitará al Gobierno una revisión de las cotizaciones para los trabajadores del régimen general de asalariados. Ello implica de facto que, en este momento no abogan por tocar las cotizaciones de estos asalariados, tanto de rentas altas como de rentas bajas y medias. Algo que sí ocurrirá para el régimen especial de trabajadores autónomos (Reta), donde sí que se solicitará dar un paso más hacia la convergencia de regímenes de la Seguridad Social, articulando un sistema de aportaciones en base a los ingresos reales. Esta decisión de salvar a los asalariados de una eventual subida de las cotizaciones tiene sentido en el actual contexto de crisis económica, donde puede ser contraproducente el aumento de los costes para la contratación, pero también tapona por el momento una de las vías para aumentar los ingresos, las cotizaciones sociales, que caerán un 2,5% en 2020.
Cabe recordar en este punto que, por el estallido de la pandemia, el Gobierno frenó la subida para las rentas altas de sus cotizaciones a la Seguridad Social, y que tuvo que posponer por la situación de excepcionalidad. Finalmente, y más aún tras la postura de los partidos en el Pacto de Toledo, el decreto en el que trabajaba el Ejecutivo para incrementar la cuota de aportación de aquellos trabajadores con salarios superiores a los 48.800 euros anuales descansará en los cajones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al menos hasta que pasen los momentos más duros de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y que amenaza con descarrilar la economía del país si la situación de excepcionalidad se prolonga el próximo año.
Los planes frustrados
Entonces, el Consejo de Ministros manejaba un texto que recogía el incremento de la base máxima de cotización cercano al 2%, después de que el propio ministro José Luis Escrivá descartase en una entrevista que la subida se fuese casi al 3%, tal y como se especulaba, argumentando que la misma se produciría en línea con el incremento salarial experimentado por la rentas de ese tramo en el último ejercicio. Además, también se establecía en dicho decreto un aumento de la base mínima de cotización para los autónomos en línea con la evolución de la inflación -que ya había sido acordada con la anterior ministra Magdalena Valerio-, situada en el entorno del 1,3% para este año.
Precisamente, la situación de los autónomos es la que sí será revisada en términos de reglamentación para sus aportaciones de la Seguridad Social. Como ya ha avanzado este periódico, Gobierno y asociaciones representantes de los trabajadores autónomos avanzan con paso firme en la negociación de la reforma del Reta en la que el principal cambio será la configuración de un sistema de cotización a la Seguridad Social por parte de este colectivo en función de sus ingresos reales. Por un lado, incrementaría en principio la aportación media de este colectivo que en su inmensa mayoría escoge la cuota más exigua pero por contra mejoraría ciertas prestaciones de estos trabajadores como el cese de actividad o la pensión de jubilación.
Esta medida que abordará el Gobierno sobre el modelo de autónomos se recogerá en la cuarta recomendación del Pacto de Toledo, y gracias a ella el Ejecutivo espera ingresar a través del Reta unos 11.000 millones de euros, 2.000 millones más que con el actual sistema. Las estimación apunta que 700.000 trabajadores por cuenta propia verían aumentar su cuota y algo más de un millón la vería reducida.
Acelerón de la negociación
Más allá, esta decisión y el resto de las medidas que eleve el Pacto de Toledo al Gobierno verán pronto la luz. Según indican fuentes parlamentarias a elEconomista, el acelerón de los trabajos y las consecutivas reuniones mantenidas por los partidos en los meses de septiembre y de octubre habilitan un calendario para llegar al acuerdo en la Comisión antes del final de octubre. Cabe recordar, que los grupos pusieron toda la carne en el asador a la vuelta de verano para tratar de acompasar el acuerdo sobre pensiones con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que precisamente la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé tener listos -al menos el proyecto- antes de finales de este mes de octubre.
Como explica el profesor y economista Javier Santacruz, conocer los cambios que se pueden dar en la Seguridad Social por la reforma es "importante porque los Presupuestos Generales se elaboran en base a las previsiones de caja de la Seguridad Social". En este sentido, sería crucial concretar dichas modificaciones antes de aprobar las Cuentas, lo que permitiría conocer la necesidad de financiación del Sistema de cara a 2021.
Así, los partidos afrontan una jornada clave este viernes, cuando se espera que los grupos parlamentarios se posiciones sobre el borrador definitivo para la reforma del sistema público de pensiones elaborado por el letrado de la Comisión. Con todo ello, las informaciones sobre la evolución de esta negociación arrojan esperanzas para la consecución de acuerdo final, con ciertos puntos ya consensuados como la separación de fuentes de financiación o la revalorización de las pensiones en función del IPC.
