Madrid
El Gobierno se ha adelantado algunos pasos en el arranque de la reforma de pensiones, que ya ha sido convalidada por los grupos en el Congreso de los Diputados y que supone un mandato oficial para el Ejecutivo de llevar a cabo los cambios normativos. Los primeros ladrillos de la reforma asoman en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con la subida de las pensiones un 0,9% conforme al IPC previsto para el próximo ejercicio, la aprobación de una transferencia de 14.000 millones de euros que cubrirá una primera parte de los gastos no contributivos de la Seguridad Social, y el despliegue de las medidas que tienen que ver con el ahorro privado destinado a la jubilación: con el recorte de incentivos fiscales a planes individuales de pensiones de un 75% para trasladarlos al sistema colectivo y el anuncio de aprobación de un fondo público de pensiones.
Ambas medidas suponen una revolución en el modelo de ahorro privado en España que por un lado apuesta decididamente por el impulso de la previsión social complementaria a través de los planes de ahorro de empresa, pero que por contra aplica un rejón a estos productos que puede suponer un golpe definitivo para la industria.
"Los planes colectivos en España suponen el 3% del PIB, unos 35.000 millones de euros, una cifra bajísima", explicaba recientemente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lo que refleja un "infradesarrollo" de los mismos. En Bélgica, Francia o Alemania "uno de cada dos trabajadores está en un plan colectivo, mientras que en España son uno de cada seis", recuerda el ministro. Por ello, señala que el Gobierno quiere desarrollar los planes de pensiones colectivos para tratar de alcanzar a la mitad de la población ocupada, multiplicando por cuatro su penetración actual, llegando a sumar 9 millones de empleados.
Divorcio con el sector privado
Por su parte, el sector asegurador cree que el fondo de pensiones público que creará el Gobierno, con grandes economías de escala, tardará al menos cinco años -el Ejecutivo se ha dado un plazo de 12 meses- en dinamizarse, y critica que, mientras tanto, se estará penalizando el ahorro privado a largo plazo a través del alza fiscal sobre los individuales que se plantea en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
De hecho, un total de 18 asociaciones empresariales y profesionales españolas, entre las que se encuentran las representativas de la previsión social complementaria, han firmado un manifiesto en el que abogan por mantener el actual límite fiscal en los planes de pensiones privados, frente a la reducción propuesta por el Gobierno.
Entre los firmantes de este manifiesto están la patronal del capital privado (Ascri), la Asociación Española de Banca (AEB), la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros (Ceca), la Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros (Adecose), la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y la Asociación para la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras (Amaef).
Asimismo, se han adherido al manifiesto la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), la Confederación Española de Mutualidades, el Consejo General de Colegios de Mediadores, Federación de Asociaciones de Corredores y Corredurías de España (Fecor), el Instituto de Actuarios Españoles, el Instituto de Estudios Económicos, Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc). Todos ellos se han sumado al rechazo ya mostrado por la patronal de inversión Inverco y del sector asegurador Unespa, que junto con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomo (ATA), ya se posicionaron en contra de los recortes de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria.
En este sentido, el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, señala como medida "muy positiva" la creación del fondo de pensiones de promoción pública recogido en el proyecto de los PGE, si bien asegura que es una propuesta de "maduración lenta". Y también advierte de que el mismo proyecto de PGE para 2021 recoge una noticia "muy negativa y de maduración inmediata" como es la reducción del atractivo fiscal de los planes de pensiones privados.
Cabe recordar que el Ejecutivo ha modificado los límites de aportaciones máximas a estos planes, rebajando de 8.000 euros a 2.000 euros (75% menos) el nivel de aportación que puede desgravarse en el IRPF para los individuales. Para la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, la única finalidad de este alza fiscal "es recaudatorio a corto plazo, no más allá del año 2022 o 2023". En su opinión, si un sistema de pensiones público va a tardar al menos cinco años en dinamizarse, los ahorros privados de cerca de seis de cada diez trabajadores se van a ver penalizados durante este periodo.
"Creo que el tema no responde a la finalidad pretendida", apostilló la presidenta de la patronal del seguro, añadiendo que, de ninguna manera, este "hachazo o latigazo" fiscal se verá compensado. González de Frutos contó cómo la historia de las grandes reformas de pensiones, como la sueca, la alemana, la italiana, la noruega o las sucesivas en Holanda, han enseñado que "el gran acicate para un cambio compromete dichos sistemas".
