Fedea pone de manifiesto la debilidad de la reforma de pensiones que se avecina. Sus economistas evidencian la pobreza de las medidas de racionalización de gasto que prevé por ahora, reducidas a la desincentivación de las prejubilaciones.
Su efecto será mínimo en comparación con la presión al alza sobre el desembolso de la Seguridad Social que supone volver a vincular estas prestaciones al IPC anual previsto. Para cubrir tan flagrante desequilibrio no bastará con los ingresos por cotizaciones sino que se requerirá un avance sin parangón, del 50%, en el tipo efectivo del IRPF. Aflora así el alto coste de una reforma más guiada por el afán de blindar la revalorización de las pensiones que por la necesidad de hacerlas sostenibles en el tiempo.
