La reforma de las pensiones está dando mucho que hablar. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha ido desgranando propuestas como el destope de las pensiones, la penalización a las jubilaciones anticipadas o el aumento del periodo de cálculo de 25 a 35 años.
La jubilación anticipada es una modalidad de jubilación que da el acceso a la pensión contributiva de jubilación unos años antes de lo previsto, aunque con una serie de reducciones. Se trata de un mecanismo puesto a debate en las últimas semanas y susceptible de reforma del cual se benefician diferentes colectivos, incluido el de las personas en paro.
El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva meses inmerso en su proyecto de reforma de las pensiones, que tiene como objetivo ajustar las diferencias entre la edad de jubilación real y la jubilación efectiva. Entre las medidas planteadas al Pacto de Toledo se encuentra la mayor penalización a la jubilación anticipada.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha enviado a Bruselas incluye la eliminación de incentivos fiscales y un alza en el IRPF. En concreto, tal y como avanzó elEconomista estas semanas, el documento incluye las medidas que Moncloa ya firmó para este año -como los cambios en IRPF, en Sucesiones, en Transmisiones Patrimoniales, en IVA o en Pactos Sucesorios que buscan aumentar la recaudación. Además, insiste en la revisión de ciertos beneficios fiscales. El Ejecutivo asegura que estudiará los 13 propuestos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su último Spending Review.
La situación puede serle familiar: un amigo o conocido es víctima de un despido a pocos meses o años de su edad de jubilación. Se trata de una situación complicada, dada la dificultad en estas franjas de edad para reengancharse al mercado laboral y por la necesidad de seguir cotizando, ya sea por aumentar algo la pensión de jubilación o por llegar al mínimo que permita percibir esa pensión.
El Gobierno ha propuesto el incremento gradual de la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, antes de finalizar 2022, aunque su implementación se extenderá durante 30 años, según se desprende del Plan de Recuperación, dentro del apartado de las reformas de pensiones, enviado por el Gobierno a Bruselas el pasado viernes, pero que no se ha hecho público hasta hoy tras el llamamiento de Bruselas a una mayor transparencia. Esta medida, con todo, se discutirá en el marco del diálogo social, afectará a todos los trabajadores y pensionistas del sistema, y "no se prevén impedimentos relevantes" para sacarla adelante, según especifica el documento.
El cierre de las cuentas de los fondos de la Seguridad Social correspondiente al año 2020 con un déficit de 29.685 millones de euros, poco ha sorprendido. A lo largo de 2020 ya se vislumbraba que ése sería un año tenso para los números de la Seguridad Social debido a los desajustes en el mercado laboral. Y los datos definitivos así lo confirman.
Un matrimonio de jubilados perderá 86,2 euros al mes de su pensión si prospera la propuesta del Gobierno para eliminar la tributación conjunta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IPRF). La medida impactaría de lleno en los pensionistas. En un ejemplo para una pareja de jubilados con una pensión de 18.000 euros, la desaparición de la declaración conjunta cuesta 1.034,5 euros al año.
Las discrepancias sobre los puntos concretos de la reforma de pensiones que pretende llevar a cabo el Gobierno con el mandato del Pacto de Toledo que se han puesto de manifiesto en la mesa de negociación abierta con los agentes sociales para avanzar en las modificaciones normativas que experimentará la Seguridad Social. Ya era conocido que uno de los puntos más avanzados en términos de consenso entre las partes es el de la fórmula de revalorización de las pensiones y había sido anunciado recientemente por el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, como uno de los primeros que verían la luz verde en el Diálogo Social para ser elevado a categoría de ley. Sin embargo, en las últimas reuniones, las presiones de los sindicatos contra una propuesta que eliminaba los supuestos de aumentos o ganancias de poder adquisitivo de las pensiones, obligaron al Ejecutivo en dar marcha atrás en la medida para reconsiderar este punto.
El desglose del patrimonio de los miembros del Gobierno muestra el gran peso de los planes de pensiones. Son 16 los ministros de PSOE y Podemos, de un total de 25, que invierten en ellos con cantidades tan notables, como los 1,4 millones del titular de Universidades, Manuel Castells.
Ahora toca cumplir con los compromisos que el gobierno tiene con la clase trabajadora de este país. Trabajadoras y trabajadores de la sanidad y los servicios sociales, de la educación, del comercio, de la policía, de la limpieza, del transporte y la logística, de la industria, de los servicios de emergencia, etc. que han estado en la primera línea de lucha contra la pandemia y que han sufrido numerosas situaciones de riesgo para su salud y su propia vida, pero también de riesgo económico, de pérdida de empleo, de reducción del salario, de incremento de la incertidumbre laboral y de la precariedad, que es una segunda pandemia que asola nuestro país desde hace décadas y que tiene una clara solución en términos de políticas económicas, laborales y sociales.
Las pensiones de viudedad son, tras las de jubilación, las que destinadas a un mayor número de personas. Según los datos de la Seguridad Social de abril de 2021, más de 2,35 millones de personas las reciben en nuestro país tras la revalorización del 0,9% de las pensiones contributivas efectuada a comienzos de año.
El momento más esperado de los pensionistas es el día del mes en el que reciben sus pensiones. No todos los beneficiarios de alguna pensión de jubilación en España reciben dicha pensión en la misma fecha, ya que depende del banco en el que esté domiciliada. Para las pensiones del mes de mayo no habrá excepciones.
Hoy volvemos a celebrar el Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores y trabajadoras, en un momento esperanzador. Empezamos a ver la luz al final del túnel de una pandemia que ha dejado dolor, enfermedad, muerte y destrucción durante más de un año. Un año en el que millones de trabajadores y trabajadoras de los llamados sectores esenciales, desde la sanidad hasta la limpieza, de los transportes al comercio, de la agricultura a la industria, desde la comunicación a la seguridad, cuidaron de todos nosotros. Este 1 de Mayo debe ser un reconocimiento a todas esas personas. Pero ese reconocimiento debe ser explícito y, como dice nuestro lema de este año: ahora toca cumplir, porque este país está en deuda con su gente trabajadora.
Apurando al límite los plazos, el gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas un Plan de Reconstrucción y Resiliencia del que, después de haberlo presentado una decena de veces, no conocemos más que pinceladas sin concreciones y del que nada nos han dicho de los aspectos claves que los socios europeos exigen para librarnos esos 140.000 millones de euros prometidos, como son las reformas laboral, fiscal y del sistema de pensiones y las condiciones que, en forma de ajustes y recortes, se están negociando con las autoridades comunitarias.
La revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas ha provocado que aumente la cuantía mínima de las pensiones...pero también el tope máximo. Así, existe un poco más de margen para aquellas personas que opten tanto al tope máximo general como para el establecido para cada una de las pensiones que contempla la Seguridad Social.
Todas las pensiones están diseñadas para cubrir a determinados sectores de la población, pero además el sistema de la Seguridad Social permite compatibilizar algunas de ellas en aquellos casos en los que los ciudadanos quedan especialmente desprotegidos por circunstancias personalaes y/o laborales.
El Gobierno prevé reducir hasta en un 66% los costes que acarrean actualmente los ahorradores en sus planes de pensiones en forma de comisiones de depósito y de gestión. Concretamente, el Ejecutivo proyecta esta reducción de costes, actualmente en el entorno del 1,25% en los planes del sistema individual y ya por debajo del 0,5% en los planes colectivos de empresa, principalmente sobre los primeros. El punto de inicio de la estrategia estará en el impulso de vehículos de ahorro para autónomos y pymes con bajos costes de gestión (control y promoción por parte del sector público) enfocando el instrumento en los fondos de pensiones de empresa, con menores comisiones, propiciando y facilitando la movilización de los planes individuales que muchos trabajadores del colectivo actualmente tienen en cartera, pero con altas comisiones de gestión aplicadas por las entidades.
La Seguridad Social desembolsó el 1 de abril 10.136,2 millones de euros para el pago de pensiones contributivas, una cifra récord que supone un 2,6% más que en el mismo mes de 2020 y que mantiene la tendencia ascendente por encima de los 10.000 millones estrenada en enero a pesar de la caída histórica de jubilados.
Ha llegado Clemente hasta los 40 años de edad con 10.000 euros de ahorro en el banco. Nunca ha encontrado el momento de invertir en un plan de pensiones (demasiados agujeros que tapar antes de plantearse esa posibilidad) y tampoco en un fondo de inversión. Una parte de su interior piensa que, a estas alturas, ya es demasiado tarde para empezar a hacerlo, porque los réditos que obtendrá en el futuro tampoco serán demasiado elevados. Lo que le ocurre a Clemente puede extrapolarse a una parte significativa de la población española, que históricamente ha canalizado su ahorro a través de depósitos y ladrillo.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que entidades financieras como CaixaBank y BBVA, que han anunciado ajustes de empleo, deberían tener en cuenta las ayudas públicas que recibieron en la anterior crisis antes de acometer un ERE.
Desde luego, proponiendo el tema de estas líneas, no vamos a descubrir la sopa de ajo ni mucho menos. La sostenibilidad de las pensiones es una discusión recurrente, por no decir que cotidiana. De momento, lo bueno es que las pensiones se van cobrando, que cada año hay actualizaciones gobierne quien gobierne, que los pensionistas, a veces con razón, se quejan y que a fin de cuentas tanto quienes gobiernan como quienes pretenden hacerlo saben que cuestionar ajustes en las pensiones, que pudieran ser a la baja o simplemente estancarlas, supondría minar sus opciones ante próximos lances electorales – que en España son varios cada año – porque los pensionistas son muchos millones de votos. Así que, de vez en cuando, conviene examinar la sostenibilidad de las pensiones con una mirada exclusivamente económica, ajena a veleidades políticas. Tal vez, éste sea el principal freno para acometer una positiva reforma de las pensiones que asegure su sostenibilidad cara al futuro. Esbocemos unas pinceladas sin recurrir a guarismos que dejamos para otro día.
La patronal CEOE reacciona con preocupación al anuncio hecho esta semana por el ministro Escrivá sobre el futuro sistema de revalorización anual de las pensiones.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cedió este lunes ante los sindicatos en la mesa de negociación para la reforma de las pensiones. Según confirman fuentes de la negociación, el ministro habría eliminado de su propuesta para la revalorización de las pensiones el punto en el que se recogía una compensación en años posteriores si se daba un aumento del poder adquisitivo de las pagas como consecuencia del desvío de la inflación prevista.
El candidato el PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha comprometido a aprobar un complemento extraordinario de 400 euros anuales para madrileños con pensiones no contributivas y a dar un complemento de 150 euros para los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) si llega a ser presidente regional.
El boceto de reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, conllevará cambios en los mecanismos de jubilación, penalizando las jubilaciones anticipadas y premiando a aquellos ciudadanos que prolonguen su vida laboral por encima de la edad de jubilación.
Los expertos estiman que elevar el número de años trabajados para el cálculo de la pensión, pasando de 25 a 35 años, supondría un recorte en la cuantía media de esas prestaciones cercano al 8%.
El gasto público batió marcas en España el año pasado al situarse en el 52% del PIB, con un incremento superior a los 92.000 millones en apenas dos años. A primera vista, nada habría que objetar a un desembolso forzado por una crisis imprevisible y de dimensiones históricas.
Durante marzo de 2021 la Seguridad Social abonó más de 947.000 pensiones por incapacidad temporal, una de las pensiones contributivas que otorga el Estado y a la cual tienen derecho aquellas personas que por una enfermedad o accidente ven "reducida o anulada su capacidad laboral".
