El cierre de las cuentas de los fondos de la Seguridad Social correspondiente al año 2020 con un déficit de 29.685 millones de euros, poco ha sorprendido. A lo largo de 2020 ya se vislumbraba que ése sería un año tenso para los números de la Seguridad Social debido a los desajustes en el mercado laboral. Y los datos definitivos así lo confirman.
Las cuentas de la Seguridad Social que de 1995 a 1998 se saldaron con déficits muy contraídos – en el 95 de 2.620 millones de euros y en el 98 de 1.615 millones – enfilaron a partir de 1999 una tendencia positiva – superávit de 970 millones – que, en sus mejores años, a partir de 2001, fueron liquidándose en positivo. Por ejemplo, en 2005 con 10.075 millones de euros, en 2006 con 13.096 millones, en 2007 con 13.842 millones, en 2008 con 7.419 millones y en 2009 con 7.629 millones.
Sin embargo, esa trayectoria favorable, gracias a que en aquellos años nuestra economía vivía un momento dulce, el trabajo funcionaba, no faltaba empleo y eso se traducía en cotizaciones, a la par que el número de pensionistas era más bajo que hoy y con el detalle añadido de que las pensiones eran en promedio más bajas que las actuales, se truncó en 2010 cuando golpeaban los coletazos de la crisis financiera de 2008 que, con algo de retraso, se dejaron sentir.
Aquel año los ingresos de la Seguridad Social se contrajeron a 154.797 millones de euros, por debajo de los 158.417 millones del año anterior y salvo un repunte habido en 2011, con ingresos de 156.977 millones, en los años posteriores, hasta 2017 se situaron por debajo de los 150.000 millones. Entretanto, los gastos de la Seguridad Social iban en aumento de año en año y si en 2010 ascendían a 157.466 millones de euros, en 2020 se elevaron a 220.205 millones en tanto que la recaudación de la Seguridad Social en 2020 sumó 190.520 millones de euros, confluyendo en el descuadre de los antedichos -29.685 millones del año 2020.
Las cotizaciones sociales en 2020, 151.336 millones de euros, fueron ligeramente superiores a las de 2019, 150.057 millones, y por encima de las de 2018, 138.812 millones, y las de 2017, 132.410 millones.
Que haya trabajo es fundamental para contar con un aceptable número de cotizantes y cuando mejor sea la calidad del empleo más altas serán las cotizaciones de los trabajadores. Éstos constituyen sendos elementos clave para sostener el sistema de reparto en el que se basan las pensiones, considerando que la cuantía de estas, tanto en lo que sería la pensión media de jubilación como el montante total de las pensiones satisfechas va en aumento cada año.
Los números descuadrados de la Seguridad Social de 2020, con el déficit indicado, se agravan en los postreros ejercicios. Así, en 2019 se saldaron en negativo con 15.859 millones. Y si vamos retrocediendo en el tiempo vemos que en 2018 el déficit fue de 17.310, de 16.775 millones en 2017, en 2016 de 17.401, en 2015 de 12.853, en 2014 de 10.607, en 2013 de 11.349, en 2012 de 10.015, en 2011 de 1.242 y en 2010 de 2.669 millones. Fue en 2010 el momento en el que tras varios años de superávit se rompe la racha positiva.
Y el fondo de reserva de las pensiones, conocido popularmente como la hucha de las pensiones, que inició su andadura en el año 2000 con un saldo de 604 millones de euros y fue acrecentándose hasta 2011, cuando lucía un saldo de 66.815 millones, a partir de 2012, debido a los desajustes de las cuentas de la Seguridad Social fue aminorándose y las últimas noticias que tenemos indican que se ha quedado, desde hace un par de años, en apenas 1.543 millones de euros. El proceso de vaciado de la hucha de las pensiones junto con los descuadres de la Seguridad Social ha provocado que su deuda, que ascendía a tan solo 17.188 millones a 31 de diciembre de 2015, alcance 85.355 millones al concluir 2020. Y eso, pese a que el Estado hizo transferencias a la Seguridad Social por 30.000 millones durante 2020.
Tales déficits revelan que nuestro mercado laboral no funciona, que en él abunda excesiva temporalidad, que es muy sensible a la destrucción de empleo y que no se dan efectivas políticas activas de empleo. Las cotizaciones, por ende, se resienten. Y el pago de las pensiones, con aumentos progresivos, cuando la esperanza de vida aumenta y con una tasa de natalidad baja, genera tensiones. Las reformas de las pensiones no se han consumado y, como solución, se propone sacar de la Seguridad Social gastos impropios que soportarían las cuentas del Estado. En realidad, no se actúa sobre la raíz del problema que es el trabajo. Si la tasa de paro fuera simbólica, si los empleos encajaran en un modelo económico consistente y productivo, no estaríamos hablando de tantas dificultades en las cuentas de la Seguridad Social. En consecuencia, afloran legítimas dudas acerca de la sostenibilidad del sistema de pensiones.
