Madrid. 
La Seguridad Social triplicará el déficit en el cierre de 2020 en relación al registrado en 2019, situándose en el 4,1% del PIB, contra el 1,3% del año precedente. Un volumen, que trasladado a cifras económicas supone un desfase presupuestario de cerca de 56.000 millones de euros. Una cifra que se alcanza en un año especialmente duro para el Sistema como principal órgano de protección social desplegado en los peores meses de la pandemia para sostener rentas ciudadanas y otorgar ayudas a empresas, trabajadores y autónomos, y para lo que el Ejecutivo liberó hasta cuatro préstamos en el conjunto del año que hacen la suma del desequilibrio.
Es más, si nos fijamos tan solo en desempeño contributivo de la Seguridad Social en el pasado año: las cotizaciones ingresadas contra los pagos ordinarios de las prestaciones habituales donde la principal partida de gasto son las pensiones, el déficit en el pasado ejercicio roza los 20.000 millones de euros, lo que supone un 20% más que el registrado en el anterior 2019 cuando este se situó en los 16.000 millones de euros.
Es decir, por un lado tenemos el desequilibrio exclusivo en la partida de pensiones, donde el incremento del déficit está directamente relacionado con la caída de los ingresos procedentes de las cotizaciones de los trabajadores. De este modo, cabe recordar que con los datos de ejecución presupuestaria hasta el pasado mes de noviembre, la cotizaciones sociales suponían 109.417 millones de euros, es decir, 3.000 millones menos que lo recaudado en el mismo periodo de 2019, es decir, un 3,8% inferior, principalmente como consecuencia de la devastación de la pandemia para el mercado laboral español.
De hecho, para defenderse de esta destrucción de puestos de trabajo y cierre de negocios, el Ministerio de Hacienda recoge en el Plan de Estabilidad Presupuestaria remitido a Bruselas actuaciones de la Seguridad Social en el plano de los gastos por valor de casi 30.000 millones de euros, y por el lado de los ingresos por valor de más de 6.000 millones de euros en exenciones –entre ellas el coste del ingreso mínimo vital en los primeros meses hasta diciembre de 2020 cercano a 1.000 millones de euros–.
De este modo, la cifra de déficit de 56.000 millones que arroja también Hacienda en este mismo documento remitido a la Comisión Europea recoge todas las inyecciones de dinero extra que ha precisado en el último ejercicio la Seguridad Social para hacer frente a estas medidas discrecionales de gasto, que ascienden a 51.000 millones. En este montante están sumados los cuatro préstamos que liberó el Estado en el pasado año: el primero de 13.800 millones extendido en abril y que estaba recogido en el Presupuesto General del Estado; el segundo y tercer préstamos concedidos en mayo por valor de 14.000 millones y 16.000 millones de euros; y el último de noviembre de 2020 de 6.000 millones, que junto con lo aprobado en mayo sirvieron para poder hacer frente a la paga extra de junio y noviembre de los pensionistas. Meses en los que la nómina alcanza los 20.000 millones de euros.
No en vano, habrá que esperar a ver el cierre presupuestario de 2020 de la Seguridad Social que se espera conocer a finales de este mes para dar cuenta del desequilibrio presupuestario generado por las medidas para paliar el impacto de la pandemia.
