José María Gay de Liébana

Economista, profesor de la Universidad de Barcelona

En ocasiones se advierten triunfalismos y espejismos económicos. Desde las esferas gubernamentales, ésas que nos están hablando de que vamos adelante, que nuestra economía este año tirará como un cohete, que los datos del paro no son tan malos, que el desastre de nuestras cuentas públicas no es tan impúdico y que España será la envidia de Europa y del mundo, con ese anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que creceremos al 6,4%, nada más y nada menos que a la altura de los mismos Estados Unidos de Joe Biden; desde las esferas gubernamentales, decía, las cosas se ven de otro color muy distinto al que uno observa pisando la calle, donde la melancolía nos invade y la alegría anda desaparecida. Uno recuerda a Joaquín Sabina cantando aquello de que "vivo en el número siete, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía". Son los contrastes entre la España política, la de los coches oficiales y séquitos, escoltas y alfombras palaciegas, barruntando sobre cómo repartir los famosos, aunque por el momento inexistentes fondos europeos, ajena a lo que acontece en el suelo patrio, y la España real, la que cada día se levanta al amanecer, se acuesta con preocupación al anochecer, y valora contar con un puesto de trabajo que, tal y como están las cosas, el empleo se ha convertido en un lujo pese a que a veces las condiciones no sean las mejores. Esas euforias gubernamentales, que sin duda ocultan las vivencias de la triste realidad e intentan justificar sus desastrosas decisiones y actuaciones, no coinciden en absoluto con lo que estamos viendo.

La actual coyuntura, además de obligar a resistir y combatir los embates de la pandemia y sus aristas económicas y sociales, amén de las políticas, exige concretar el paradigma para la reconversión y reconstrucción de la economía española que tiene que fijar sus objetivos en promover la competitividad y fortalecer la calidad del modelo productivo.

Las recientes previsiones del Banco de España pronostican, en su escenario central, para este año una tasa de paro, en media anual y en porcentaje sobre la población activa, del 17%, del 15,1% para 2022 y del 14,1% para 2023. En los otros dos escenarios alternativos que propone el Banco de España, el paro oscila ligeramente. Así, en el escenario suave, aquel en el que las cosas apuntarían a mejor, con una vuelta a la normalidad más rápida, con un ritmo de vacunación mucho más ágil y con el pronto retorno a la regularidad de la actividad económica, sin nuevas oleadas pandémicas, el paro se situaría en 2021 en el 15,9%, en 2022 en el 13,9% y en 2023 en el 12,8%. Por el contrario, si el panorama se endurece y las cosas pintaran a peor, tanto por la contundencia de la plaga como por la baja intensidad de la vacunación, con más confinamientos y prosiguiendo con medidas restrictivas que limitaran la actividad económica, se estaría ante un escenario severo en el que la tasa de desempleo subiría al 18,3% en 2021, y en 2022 y 2023 se atenuaría estimándose en el 17,2% y 16,1%, respectivamente. Téngase en cuenta, por añadidura, que en 2021 aún seguiremos teniendo la influencia de los ERTE, que suavizan la tasa de paro real que, en todo caso, estaría por encima de lo estimado por el Banco de España.

Madrid se ha convertido en el eje de la vida tributaria de los españoles o, al menos, en el punto de mira de las críticas que demonizan su política fiscal, tildándola de "paraíso fiscal" y acusándola, con desdén, de dumping fiscal, o sea, de pagar menos impuestos. Parafraseando a Benjamin Franklin siempre tenemos la certeza de que "en este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos". Y, la verdad, si uno, legítima y legalmente puede pagar menos impuestos, está en su perfecto derecho. Madrid se convierte en el ruedo de la casta política y de su bravura. Veremos qué depara el 4 de mayo: si quienes residen en su Comunidad se inclinan por seguir estando como están o, por el contrario, prefieren meterse en un horno fiscal del que se puede salir más o menos asado con la salsa del progresismo y el picante de la progresividad tributaria.

Que la economía española tiene que afrontar una ineludible transformación es impepinable. No podemos seguir como estamos, al margen del vendaval vírico, ni tampoco continuar por el mismo camino a través del cual llegamos a antes de que estallara la pandemia.

Cada cual a su manera y siempre bajo el yugo de las restricciones imperantes que nos han impuesto como única alternativa para combatir la pandemia, mientras andamos expectantes con esas prometidas vacunas cuya llegada se va demorando, celebraremos estos días de Semana Santa que, si habían perdido su tradicional mística, ahora, en 2020 y 2021, vuelven a ser jornadas profundamente espirituales al percatarnos, desde hace un año, de lo frágiles que somos cuando se desata una plaga.

El primer trimestre de 2021 ha bajado el telón y los resultados económicos se antojan inciertos. La Semana Santa, que siempre constituye una bocanada de aire fresco económico, se va al garete, por la reducida movilidad y los impulsos turísticos se cercenan a ámbitos muy domésticos y de cercanía. Y, sinceramente, las dudas se ciernen sobre la siempre esperada temporada veraniega. Tampoco se celebrará este año la Feria de Abril de Sevilla, ni de momento las posteriores Ferias de otras ciudades.

Marzo de 2021. Hoy, último día. Doce meses después, España anda sumida en horas muy bajas. La batalla sanitaria prosigue. En el frente económico las pérdidas se cuentan por cientos de miles y las víctimas en curso son y serán copiosas. En lo social, el país empieza a estar desmontado. La pobreza y las desigualdades se agudizan y recientes altercados como los de Barcelona transmiten una infausta imagen de España en el mundo. Y políticamente estamos en las manos menos idóneas tanto por los unos como por los otros y por los terceros. España, con ese paisaje, no saldrá de la hecatombe hasta dentro de mucho tiempo.

Pendientes aún de los últimos ajustes, porque Europa siempre tiene la última palabra y la experiencia nos dice que cada año Bruselas hace un retoque de carácter negativo, el déficit público de España en 2020 fue del 10,09% sobre el PIB, lo cual equivale en dinero contante y sonante a 113.179 millones de euros que se han gastado de más por parte de Papá Estado respecto de lo que ha ingresado. En consecuencia, la magnitud del déficit público de 2020 es más o menos la presumida, aunque, repetimos, a la espera de esos retoques de última hora que Bruselas suele formular.