En 2020, el gasto público en España alcanzó 586.389 millones de euros, 62.948 millones más que los 523.441 millones de 2019. El alza, pues, del gasto público en 2020 respecto a 2019, en términos porcentuales, es del 12%. Si en 2019, el gasto público representaba el 42,05% del PIB, en 2020 ha saltado al 52,28%, lo que da idea del peso que tiene el conjunto del Estado en la economía, convirtiéndose consiguientemente en el principal agente. Eso podría ser bueno, por la labor benefactora del Estado, pero, al propio tiempo, plantea serias dudas acerca de cuál es el papel que está desempeñando el Estado en nuestra economía, suscitando el interrogante de si la economía española está fuertemente intervenida.
Ese intervencionismo que posiblemente se detecta a través de las interminables páginas del Boletín Oficial del Estado y de los correspondientes Boletines autonómicos y provinciales, más la inclinación reguladora de los ayuntamientos, provoca un alud de miles de leyes y un laberinto legal de difícil salida y, con frecuencia, demasiados titubeos interpretativos. Uno se pierde entre tanta cascada de normas legales de todo rango, con la fatídica costumbre, además, de nuevas leyes que derogan parcialmente a las precedentes y para su oportuna interpretación es obligado montar un puzle en el que se acaba pisando terreno inseguro. La premura con que entran en vigor las disposiciones aprobadas es otra presión añadida para ciudadanos y empresas. Otrosí, cada Comunidad Autónoma dispone de amplias potestades normativas, generándose conflictos de regulación legal entre territorios. La unidad de mercado es un reto que no puede demorarse más ante la marejada reguladora que padecemos en España.
En el capítulo de los ingresos, éstos en 2020 ascendieron a 463.317 millones de euros, por debajo de los 487.804 millones de 2019. Así, mientras el gasto público aumentaba en el último año en los mencionados 62.948 millones de euros, los ingresos se encogían en 24.487, confluyendo en que la necesidad de financiación según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que en 2019 fue de -35.637 millones de euros, en 2020 se concretó en -123.072 millones.
Si en los ingresos la caída responde primordialmente a los impuestos, cuya cuantía de 277.483 millones de euros en 2019 desciende a 255.809 millones en 2020, o sea, 21.674 millones, no cabe decir lo mismo de las cotizaciones sociales que en 2020 se elevaron a 161.898 millones cuando en 2019 sumaron 160.667 millones. La contracción de ingresos públicos se remacha con la reducción de otros recursos que bajan de 49.654 millones en 2019 a 45.610 millones en 2020.
En lo referente al gasto público, en 2020 han aumentado los consumos intermedios a 66.024 millones versus 63.982 millones de 2019 y suben las remuneraciones de asalariados de 134.463 millones a 140.470 millones en 2020.
Es preciso pensar en que, en algún momento, habrá que devolver las montañas de deuda
Por suerte, la política financiera acomodaticia del Banco Central Europeo ayuda no solo a mantener, sino a rebajar los intereses de la deuda pública, que de 28.349 millones en 2019 descienden a 25.192 millones en 2020. Claro que las ventajosas condiciones de los actuales tipos de interés no se eternizarán y, aunque no puede precisarse cuándo, se irán ajustando a niveles pertinentes. Por ende, hoy por hoy los tipos desempeñan un factor atípico favorable: más deuda pública y, sin embargo, menos intereses. Ésta es la ventaja de la vigente política monetaria del BCE que premia el endeudamiento. Empero, hay que pensar en que algún día habrá que devolver las montañas de deuda. Veremos cuándo y si a la larga, como solución más o menos disfrazada, se reconvertirá deuda pública en deuda perpetua que es un juego malabar para seguir endeudado, no preocuparse por su vencimiento y simplemente atender la pertinente carga financiera.
Las subvenciones se han incrementado de 12.523 millones de euros en 2019 a 21.420 millones en 2020 y, desde luego, el gran salto del gasto público en 2020 se explica por las prestaciones sociales que de 196.839 millones de euros en 2019 pasan a 228.115 millones en 2020. En parte, esa subida responde a los acontecimientos que han marcado el devenir del pasado año y, en parte, también, a la generosa política progresista implantada por el gobierno, con gasto público desprendido.
Si ésos son los rasgos más significativos sobre los ingresos y los gastos públicos de 2020, sí cabe agregar una ulterior reflexión acerca de la tendencia creciente del gasto público en porcentaje sobre el PIB, con sus pertinentes interrogantes. ¿Será soportable tanto gasto público en el futuro? ¿Esa propensión alcista del gasto seguirá implicando más y más subidas de impuestos? ¿La capacidad económica de los españoles, ciudadanos y empresas, permitirá sobrellevar más aumentos tributarios? O, en cambio, el crecimiento del PIB, tímido en los próximos años, ¿facilitará mejorar la recaudación tributaria? Y otra incógnita: ¿el abundante gasto público que entraña el estado del bienestar será sostenible?
