Los expertos estiman que elevar el número de años trabajados para el cálculo de la pensión, pasando de 25 a 35 años, supondría un recorte en la cuantía media de esas prestaciones cercano al 8%.
Los analistas confirman así un efecto tan impopular como inevitable de esta medida, que llevó al Ministerio e Seguridad Social a renunciar a sus planes de ponerla en práctica. Sin embargo, la crítica situación del sistema de pensiones obliga a volver a estudiarla. Mucho antes de la epidemia, la entonces ministra Fátima Báñez llegó a abogar por el cómputo del 100% de la vida laboral. Ahora que la crisis ha diezmado el mercado de trabajo, la necesidad de ese tipo de políticas, capaces de racionalizar el gasto de la Seguridad Social, son más urgentes que nunca.
