Madrid 
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha enviado a Bruselas incluye la eliminación de incentivos fiscales y un alza en el IRPF. En concreto, tal y como avanzó elEconomista estas semanas, el documento incluye las medidas que Moncloa ya firmó para este año -como los cambios en IRPF, en Sucesiones, en Transmisiones Patrimoniales, en IVA o en Pactos Sucesorios que buscan aumentar la recaudación. Además, insiste en la revisión de ciertos beneficios fiscales. El Ejecutivo asegura que estudiará los 13 propuestos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su último Spending Review.
Ayer, Moncloa publicó los pormenores del documento, aunque apenas ha introducido cambios y sigue sin concretar las cifras. Según el documento enviado a Bruselas, las medidas tributarias adoptadas en 2020 en los impuestos personales incrementarán la recaudación al "hacerlos más progresivos, redistributivos y justos". El Gobierno previó que esta subida generaría este año 6.100 millones de euros. La AIReF desmontó hace unas semanas esta cifra y aseguró que solo recaudará la mitad.
Entre estas medidas, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, están la subida del IRPF en tres puntos para las rentas del capital a partir de 200.000 euros y en dos puntos para las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros. Además, el impuesto sobre Patrimonio subió un punto para las fortunas de más de 10 millones de euros y los grandes grupos empresariales verán limitadas las exenciones de dividendos y plusvalías de sus filiales en el exterior y las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) tendrán una tributación mínima del 15%. Por otra parte, en los planes de pensiones individuales, el importe desgravable de la base imponible del IRPF baja de 8.000 euros a 2.000 euros. Además, se crean los planes de pensiones colectivos o de empresa, concebidos para los empleados.
Más subidas
Dentro de las novedades, el documento refleja el interés del Gobierno por eliminar varios beneficios fiscales a los contribuyentes. En concreto, el plan subraya que "se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse. Asimismo, deben analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes".
El Gobierno apunta así al último informe de la AIReF. La segunda fase del Spending Review analiza 13 beneficios fiscales. El Plan enviado a Bruselas destaca "la evaluación el coste de oportunidad que suponen los beneficios fiscales en términos recaudatorios y la importancia de garantizar que cumplen de forma eficaz el objetivo para el que fueron creados".
Las 13 propuestas de la AIReF sumarían una subida fiscal de 34.248 millones de euros. La más polémica está recogida en el Anexo 28 del documento. "Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta", apunta el texto.
La tributación conjunta en el IRPF evita que Hacienda cobre a las familias 2.400 millones de más por juntar sus rentas. El Gobierno anunció ayer que abandonaba el proyecto en el que pretendía su eliminación. La medida afecta a más de 2 millones de familias, casi 4,2 millones de contribuyentes. Este beneficio fiscal supone, de media, un ahorro de unos 1.100 euros al año para los que se acogen en la declaración. Un matrimonio de jubilados perderá 86,2 euros al mes de su pensión si prospera la propuesta del Gobierno para eliminar la tributación conjunta. La medida impactaría de lleno en los pensionistas. En un ejemplo para una pareja de jubilados con una pensión de 18.000 euros, la desaparición de la declaración conjunta cuesta 1.034,5 euros al año.
El Gobierno rectificó este domingo y dio marcha atrás sobre esta reforma. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió tras el Consejo de Ministros de este martes que "el Gobierno ni ha decidido, ni ha hecho, ni ha planteado" tal reforma. Sin embargo, la medida continúa en el documento.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, calificó ayer de "errata" y "sorpresa" la eliminación de la tributación conjunta. " "Estamos hablando de una errata dentro del cuerpo del Plan y en la ficha fiscal lo que se prevé es la creación del grupo de expertos de la reforma fiscal, que evaluará las cuestiones de la AIReF en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales que ya existen", reiteró.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó sin embargo este martes enviar a Bruselas una nota aclaratoria sobre el asunto. "No hay compromiso sobre esta materia, ni ningún tipo de reforma. Creo que en el contexto global del documento está perfectamente aclarado y no hace falta remitir aclaración adicional a la Comisión Europea, porque el componente de fiscalidad es blanco sobre negro, o negro sobre blanco, y no está incorporada esta reforma", añadió Montero.
La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembro transparencia en sus planes. Bruselas aseguró esta semana que "no sabe" si los proyectos enviados contienen las mismas medidas que aparecen publicadas en las web de los Gobiernos. "Tenemos que hacer todavía un análisis preliminar sobre este asunto. Lo único que ahora podemos pedir a los países es transparencia", argumentó Bruselas.
Alza de gasto en pensiones
Dentro del componente de la reforma de pensiones remitido a Bruselas, el Gobierno concreta que uno de los elementos para el reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social que se pretende aprobar antes de finalizar el próximo año es la sustitución del factor de sostenibilidad por otro mecanismo de solidaridad intergeneracional. En concreto, se prevé introducir un nuevo instrumento en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema sean objeto de revisión periódica en el marco del Pacto de Toledo en función del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista y del nivel de gasto agregado.
Sobre la revalorización de las pensiones con el IPC, el Gobierno reconoce que conllevará un gasto importante para el sistema, que cifra en 2,5 puntos del PIB en 2050, unos 30.000 millones de euros, para luego caer "de forma intensa", aunque lo considera "asumible" en el conjunto de las reformas planteadas, ya que se pondrán en marcha otras medidas de contención del gasto. En las últimas reuniones del Diálogo Social, las presiones de los sindicatos contra una propuesta que eliminaba los supuestos de aumentos o ganancias de poder adquisitivo de las pensiones, obligaron al Ejecutivo en dar marcha atrás en la medida para reconsiderar este punto y volver a una subida más similar a la actual.
