
Un matrimonio de jubilados perderá 86,2 euros al mes de su pensión si prospera la propuesta del Gobierno para eliminar la tributación conjunta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IPRF). La medida impactaría de lleno en los pensionistas. En un ejemplo para una pareja de jubilados con una pensión de 18.000 euros, la desaparición de la declaración conjunta cuesta 1.034,5 euros al año.
El Gobierno rectificó este domingo y dio marcha atrás en el proyecto tributario que incluye la eliminación de este beneficio fiscal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió tras el Consejo de Ministros que "el Gobierno ni ha decidido, ni ha hecho, ni ha planteado" tal reforma. La ministra rechazó sin embargo enviar a Bruselas una nota aclaratoria sobre el asunto. "No hay compromiso sobre esta materia, ni ningún tipo de reforma. Creo que en el contexto global del documento está perfectamente aclarado y no hace falta remitir aclaración adicional a la Comisión Europea, porque el componente de fiscalidad es blanco sobre negro, o negro sobre blanco, y no está incorporada esta reforma", añadió Montero.
El exdirector de la Aeat cree que "es una medida injusta que afecta a las familias modestas"
El ex director general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, manifestó esta semana su desacuerdo con la medida. "Esto es un hachazo fiscal importante y, además, injusto, porque afecta a las familias más modestas", señaló. "No quiero imaginar lo que pueden estar pensando en Bruselas de la seriedad de un Gobierno que presenta un plan y a las 36 horas dice que lo va a rectificar", aseguró
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas el viernes incluye en el Anexo IV referido a temas de igualdad la idea de eliminar de manera progresiva la reducción por tributación conjunta en el IRPF al entender que perjudica la incorporación de la mujer al mercado laboral. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aclaró durante el fin de semana que únicamente se recordaba el estudio realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en julio de 2020 sobre beneficios fiscales, en el que el organismo concluía que esta reducción, en su actual configuración, generaba un "desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores de renta (principalmente mujeres de rentas bajas), lo que acentúa los problemas de brecha de género de la economía española".
Para este tipo de cuestiones fiscales, así como para el resto de las planteadas en materia fiscal, el Gobierno ha constituido un comité de expertos para la reforma fiscal, con el objetivo de modernizar el sistema tributario para adaptarlo al siglo XXI, que tendrá que revisar los elementos que considere de interés y "aprovechará materiales que están siendo editados por organismos como la AIReF", según ha explicado la ministra.
Culpa a la campaña
La ministra de Hacienda culpó a la campaña electoral de Madrid sobre las informaciones de esta reforma fiscal. "Otra cosa es que en etapas preelectorales cualquier elemento sirve para intentar llevar al ánimo de los ciudadanos algo que este Gobierno ni ha decidido, ni ha hecho, ni ha planteado", criticó Montero. Por tanto, desde el Ejecutivo hizo hincapié en que lo único que van a estudiar, con el asesoramiento técnico de los expertos, es la forma de evitar que esta reducción fiscal acentúe la brecha de género existente en el mercado laboral. "Todo ello, sin que, en ningún caso, esta posible reforma tributaria vaya a suponer un aumento de la carga fiscal de las familias", aseguró el Ministerio de Hacienda.
El beneficio fiscal evita que Hacienda cobre a las familias españolas casi 2.400 millones
La tributación conjunta en el IRPF evita que Hacienda cobre a las familias españolas casi 2.400 millones de más por juntar sus rentas en una misma declaración. El Gobierno anunció el lunes que abandonaba el proyecto en el que pretendía su eliminación. La medida afecta a más de dos millones de familias, casi 4,2 millones de contribuyentes. Este beneficio fiscal supone, de media, un ahorro de unos 1.100 euros al año para los que se acogen en la declaración.
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