Las direcciones del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi-EE han anunciado el inicio de las conversaciones para abordar la reforma de la fiscalidad de Euskadi, una demanda unánime de empresarios y políticos al Ejecutivo vasco que no pudo realizarse en 2020 debido a la pandemia.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha renovado de forma parcial su Junta de Gobierno, siguiendo el mandado de su Asamblea General, celebrada el pasado octubre, en la que se designó a Ana de la Herrán como nueva presidenta de IHE, en sustitución de Ransés Pérez Boga, quien ha estado al frente de la misma desde noviembre de 2020.
Las empresas de transportes destinadas al viaje de pasajeros con fines turísticos o recreativos y por vía aérea no gozan de la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 10%. Así lo aplica el Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso Sección Segunda en una sentencia fechada a 9 de enero de 2023.
El Gobierno anunció el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas en el último cuarto del año pasado y su publicación definitiva se produjo el pasado 28 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras conocer la creación de este gravamen a final de año, los contribuyentes afectados tuvieron poco margen de maniobra para intentar mitigar el efecto del impuesto en relación con 2022 y cuya liquidación se hará entre mayo y junio de este ejercicio. Sin embargo, con el arranque del año aún hay tiempo por delante para sortear legalmente este tributo de cara a 2023 y que se tendrá que presentar en la primavera de 2024.
La banca buscará tumbar en los tribunales el impuestazo aprobado por el Gobierno para recaudar 3.000 millones de euros a su costa en dos ejercicio o, al menos, dejar fuera del gravamen aquellos ingresos desligados de los tipos de interés en Europa tales las comisiones por comercialización de productos de inversión, seguros o márgenes generados en otras geografías.
El Grupo Telefónica ha recurrido al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para defender sus derechos e intereses frente al fisco peruano. En concreto, la teleco responde a una resolución de la Corte Suprema de Perú que contempla la imposición de una multa de cien millones de euros (al cambio aproximado en soles), a la que se suma una cifra en concepto de intereses cuyo importe aún sin determinar oficialmente, pero que podría superar los 300 millones de euros.
El esfuerzo fiscal sobre las rentas españolas es ya un 53% superior a la media de la Unión Europea (UE). El año pasado, la presión fiscal sobre las empresas fue del 32,5%, frente al 23,9% de media en la UE, un 36% más -el año pasado, esta brecha fue del 31%-. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) destaca que España ya es uno de los cinco países dentro de la OCDE con peor competitividad fiscal y con un fuerte retroceso de este indicador en la actual legislatura, siguiendo el Índice de la Tax Foundation. La recaudación respecto al PIB fue del 42% en 2022.
Aunque alaba la apuesta del Gobierno vasco por la industria, que él define como "la economía real porque hay mucha creación de valor", el presidente de Honor de Tubacex, Álvaro Videgain, cree que debería ser más ambicioso en su apoyo al arraigo empresarial con participaciones más significativas, que animarían a inversores locales.Además, Videgain -que desempeñó funciones ejecutivas casi 30 años en el fabricante de tubos- destaca la herramienta fundamental que es el Concierto Económico para el desarrollo económico vasco, reclama una reforma fiscal y considera que las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) tendrían que poder entrar en las empresas para dar estabilidad a los proyectos.
Los impuestos vuelven a dividir a los socios del Gobierno valenciano de izquierdas que preside Ximo Puig. La Comisión de Economía del parlamento valenciano ha aprobado la enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos presentada por los socialistas para ampliar la bonificación del impuesto de Sucesiones a las empresas que superen los 10 millones de euros de negocio con el voto a favor de los partidos de la oposición y los votos en contra de Compromís y Podemos, socios de Puig.
El presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, considera que el Gobierno central como al autonómico deberían centrar sus esfuerzos en mejorar la eficiencia del gasto público más que en incrementar la presión fiscal y puso como ejemplo "los cuellos de botella" en la gestión de los fondos europeos y los efectos que según algunas voces está teniendo en el menor crecimiento previsto de la economía española.
El nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas que acelera la titular de Hacienda, María Jesús Montero nace entre la absoluta incertidumbre por la amenaza de la doble imposición, la confiscatoriedad y por invasión de competencias sobre las Comunidades Autónomas. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, confirmó hace unas semanas ante los Inspectores de Hacienda la celeridad con la que el departamento de Montero quiere poner en marcha el tipo. Y así lo recogen también los propios Presupuestos, que cuentan con una potencia recaudatoria de 1.500 millones de euros ya en las cuentas de 2023.
Dicen verdad, sin que sirva de precedente, Pedro Sánchez y su trío de damas de la economía cuando afirman que el informe del Banco Central Europeo sobre su impuesto ideológico a la banca no es vinculante. Pero lo que taimadamente callan es que el documento de la autoridad monetaria europea supone una auténtica enmienda a la totalidad a dicha iniciativa y, por ende, a la política fiscal y económica de un Gobierno que empieza a estar en el punto de mira de las autoridades europeas, cuestionado por el resto de socios de la Unión y que tiene a España en el furgón de cola de crecimiento, déficit y deuda, además de ser el líder en desempleo, duplicado la tasa de paro de la UE.
Los seis grupos parlamentarios presentes en Les Corts Valencianes han aprobado por unanimidad el decreto que incluye la primera parte de la reforma fiscal pactada por los socios del Gobierno del Botànic, esto es, la bajada del IRPF en 2022 para las rentas de menos de 60.000 euros.
La reforma fiscal pactada por los socios del Gobierno de coalición del Botànic no es el final de la batalla fiscal... y menos en un año electoral. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y las dos grandes asociaciones de empresa familiar de Valencia y Alicante, el Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (IVEFA), y la Asociación de Empresas Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA), no quieren que el rechazo de Compromís y Podemos para ampliar la bonificación al Impuesto de Sucesiones pueda echar en saco roto el compromiso del propio presidente Ximo Puig.
A la mera sospecha de la Agencia Tributaria (AEAT), ratificada por el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Cataluña, de que existe fraude no puede otorgársele mayor credibilidad que a la posibilidad de que sean ciertas las explicaciones dadas por un contribuyente sancionado, que ha venido declarando pérdidas durante años, según establece el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, en sentencia de 25 de marzo de 2022.
El Gobierno valenciano de izquierdas que preside Ximo Puig anunció una reforma fiscal apenas unos días antes de presentar su proyecto de presupuestos para el próximo año. Una muestra de como la negociación entre los socios del Gobierno de coalición de ambas cuestiones ha ido de la mano.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado que los partidos que conforman el cuatripartito, PSOE, Podemos, CHA y PAR, han alcanzado este miércoles un acuerdo para rebajar el tramo autonómico del IRPF para rentas de hasta 50.000 euros.
Dos días después de presentar el proyecto de Presupuestos y después de los anuncios de su reforma fiscal en la que no lo mencionó, el PSPV ha desvelado que incluirá una enmienda al proyecto de ley presupuestaria para incluir la reclamación de la empresa familiar de bonificar el Impuesto de Sucesiones y eliminar el límite a las que facturan más de 10 millones de euros.
Francisco Vallejo preside el Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (Ivefa), que aglutina a 260 grupos familiares con suman más de 500 empresas valencianas. Además de apoyar todo tipo de iniciativas para garantizar el relevo generacional, uno de sus caballos de batalla en estos años ha sido reclamar mejoras fiscales para favorecer la continuidad, especialmente en el Impuesto de Sucesiones que aplica la Generalitat Valenciana.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitó Euskadi el pasado viernes para dar una charla en Vitoria sobre la actualidad, encuentro donde aconsejó a los dirigentes vascos modificar su fiscalidad para "recuperar el peso en la economía española".
Los tres presidentes populares han anunciado el compromiso de la formación política de trabajar para conseguir que definitivamente el gobierno aplique el 20% de los costes laborales para empresarios y autónomos como recoge la directriz de la Comisión Europea del año 2021 y que se haga con carácter retroactivo, de manera que se aplique desde el 1 de enero de 2022.
La bajada del IRPF anunciada por el presidente valenciano Ximo Puig para este año para las rentas de menos de 60.000 euros por la inflación también supondrá incrementar dar un nuevo giro de tuerca a la presión fiscal en las rentas más altas el próximo año. El líder socialista ha cedido a las demandas de sus socios de Compromís y Unidas Podemos que para aplicar esta rebaja insistían en aumentar los ingresos procedentes de quienes tienen mayor renta y patrimonio.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) plantea un marco fiscal alternativo en el que el Gobierno tendría que adoptar un ancla de deuda a medio plazo bajo el cumplimiento de una senda de gasto neto desde el inicio de la legislatura. La principal variable sería la deuda pública. El objetivo, en el marco europeo, se alejaría de la generalidad de las actuales reglas fiscales que marcan el objetivo de deuda pública en el 60% para todos los países y persigue la predictibilidad en el medio plazo.
El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado este lunes un informe en el que piden mejorar los incentivos fiscales al ahorro privado tras constatar "deficiencias" en el actual marco tributario.
El Presidente de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI), Scott Markham, se ha dirigido a los responsables de algunos gobiernos autonómicos para solicitarles la inclusión en sus respectivos marcos fiscales de desgravaciones al aprendizaje de idiomas extranjeros, en parecida línea a como ya se establece en la fiscalidad de algunas regiones españolas, como son Andalucía, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Madrid.
El principal socio de Ximo Puig en el Gobierno valenciano deja claro que su apoyo a la bajada fiscal en el IRPF anunciada por el socialista saldrá caro. La coalición valencianista ha presentado una serie de medidas que suponen rebajar el alcance previsto, además de incrementar las cargas a las rentas más altas, una de sus banderas electorales.
"No nos vamos a esconder ni nos van a asustar". Ese es el mensaje que ha lanzado hoy el Instituto de Empresa Familiar (IEF) en el vídeo de presentación de su XXV Congreso, que se celebra en Cáceres. Es la máxima reivindicación de las empresas familiares ante el hachazo fiscal anunciado por el Gobierno, destacando que "representamos una parte muy destacada de la realidad española, de esa realidad que hacen cada día los españoles con su esfuerzo y trabajo".
No hay política social más progresista que tener trabajo y dinero en el bolsillo. El Gobierno sin embargo demuestra que lo progresista es quitarle el dinero del bolsillo a "la clase media trabajadora" según expresión que tanto gusta de usar. La reforma de impuestos anunciada de forma acelerada no da ningún alivio a" la clase media trabajadora".
El presidente valenciano Ximo Puig se ha convertido en protagonista de la guerra fiscal desatada entre varias comunidades del PP y el Gobierno de Pedro Sánchez al anunciar una rebajar del tramo autonómico del IRPF para la mayoría de los contribuyentes valencianos este mismo año.
El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha considerado que el presidente del Gobierno aragonés, el socialista Javier Lambán, "no debería ser el último sanchista, el ultimo presidente de una comunidad autónoma en tomar medidas fiscales bajando impuestos para ayudar a las familias a llegar a fin de mes".
