fiscalidad

La nueva ley anifraude, la tasa Google, la tasa Tobin, la DAC 6, la armonización fiscal entre comunidades, la reforma tributaria en IRPF o Sociedades. Es todo parte de las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno en menos de un año. Y las que aún quedan pendientes para desarrollar a partir de septiembre, como las que estudia el grupo de expertos presentado esta primavera por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este curso, en plena crisis del coronavirus, ha sido de los más intensos en materia tributaria. Además de las reformas, ha surgido nueva jurisprudencia europea, como la sentencia del IVA de las ventas ocultas y las conclusiones del Abogado General, que considera que las multas del 720 son desproporcionadas.

Las organizaciones empresariales mostraron ayer su rechazo a cualquier nueva carga fiscal, como la que planteó el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, para las rentas altas en Madrid con el objetivo de compensar por el efecto capitalidad al resto de territorios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) precisamente alabó y puso como ejemplo la política fiscal de Madrid para el resto de España.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, volvió a cargar contra lo que considera dumping fiscal y competencia desleal de Madrid, además de criticar la concentración de inversiones y empleo público estatal en esa región. Puig insiste en defender la armonización fiscal para impedir ese desequilibrio y aboga por crear un nuevo instrumento fiscal para las rentas más altas de Madrid que considera los más beneficiados por la concentración en la capital para compensar a otros territorios.

Tras años de escándalos acumulados, a pesar de haber revisado hasta en seis ocasiones la legislación comunitaria, la Comisión Europea ha puesto toda la carne en el asador para combatir el lavado de dinero y la financiación de terrorismo en la Unión Europea.

En pocas áreas la UE ha generado más propuestas que en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación de terrorismo, y por ello también ha sido uno de sus más visibles fracasos. A pesar de las seis revisiones de la directiva para evitar el blanqueo de capitales en Europa, los escándalos no han parado de sucederse en los Estados miembros durante los últimos años. El más notorio salpicó al danés Danske Bank, el cual introdujo en el circuito legal al menos 200.000 millones de euros a través de su sucursal en Estonia. Europol estima que alrededor del 1% del PIB de la UE está relacionado con actividades sospechosas.

La Comisión Europea presentó ayer uno de los paquetes legislativos más ambiciosos en décadas. Una auténtica revolución en el sector energético, del transporte o la construcción para facilitar que la UE consiga alcanzar la neutralidad climática (cero emisiones de CO2 netas) para 2050. La meta volante pasará por reducir las emisiones de CO2 al menos un 55% para 2030. Las 13 iniciativas aprobadas por el Ejecutivo comunitario bajo el título Fit for 55 representan el exigente camino para atar ese objetivo.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso envió este miércoles al Ministerio de Hacienda un documento de 237 páginas, una especie de manual, con argumentos que sostienen empírica y jurídicamente, por qué la Comunidad de Madrid opta por una política de impuestos bajos, frente a la armonización que el Gobierno de Pedro Sánchez postula, una vez que el Comité de Expertos seleccionado por el Ejecutivo tome esta decisión.

En una de las autonomías cuyo presidente se ha mostrado más crítico con la política fiscal de Madrid, sus grandes empresarios han decidido incluir la rebaja de la fiscalidad como uno de sus ejes reivindicativos.

El acuerdo para crear una nueva fiscalidad internacional, con una tasa mínima de al menos el 15% y un nuevo reparto de los ingresos tributarios que refleje la realidad de la economía digital, es tan histórico como frágil.

La economía española parece haber puesto el piloto automático de la recuperación a tenor de los datos de empleo del pasado mes de junio y de la previsión de un crecimiento sin precedentes en el segundo cuarto del año, del 18%. Todo ello parece tener un impacto decisivo en el relanzamiento de la actividad, la demanda, y el consumo de los servicios hasta hace escasas semanas limitados por las restricciones de la pandemia, con especial impacto sobre el turismo en el caso de España. Sin embargo, la llegada del verano parece haber puesto en marcha toda la maquinaria macroeconómica -siempre que el avance de los contagios permitan mantener el estado actual de actividad- y ya se refleja en los niveles de recaudación tributaria, que ya superan en un 3,5% a los registros previos a la pandemia.

Cuando le preguntas qué le quita el sueño al líder de los empresarios madrileños, reacciona rápido y contesta rotundamente con solo dos palabras: rentabilidad y viabilidad para el tiempo postpandemia. Sus amigos dicen que es un empresario pata negra, fundador en 1985 de Viajes Eco, compañía especializada en viajes de empresas. Miguel Garrido de la Cierva (Madrid, 1960), presidente de la Confederación Empresarial de Madrid y vicepresidente de CEOE fue presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. Ha sido miembro de la Junta Directiva de CEOE y de CEIM, donde además ha ocupado el cargo de secretario general. Asimismo, ha sido director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid y ha tenido una amplia trayectoria política en el Gobierno madrileño: viceconsejero de Empleo, Economía e Innovación Tecnológica, consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal de Isabel II. Además tiene una reconocida fama de gastrónomo. Es un hombre amable y educado, de formas impecables y muy combativo que tiene muy claro lo que significa ser la cara y la voz de las empresas que representa.

Como ya hizo hace tres años, pero esta vez con motivo de las Jornadas España, Europa y Libertad, organizadas po rel Partido Popular Europeo, el líder de la oposición y presidente del PP, Pablo Casado, presentó su plan alternativo con cinco recetas económicas, que en materia de fiscalidad pivotan en la bajada de cinco impuestos: Sociedades, IRPF, Donaciones, Sucesiones y Patrimonio. Precisamente, parte de la actuación impositiva que el Gobierno de coalición quiere armonizar al alza con una cuota estatal.

"El nuevo impuesto mínimo global es una nueva forma de enfocar la política tributaria". Así resumen los economistas Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, y Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas, la medida que ha aprobado el G7. A su juicio, esta tendencia en la fiscalidad internacional servirá para socavar las posiciones de los llamados "paraísos fiscales" y aseguran que favorecerá una competencia fiscal más leal.

Son varios los retos a los que nos enfrentamos cuando la reactivación económica empieza a ser una realidad. El primero de ellos es cómo absorbemos la tamaña destrucción empresarial habida y pensamos en su recuperación y de qué forma se encaja a las tantas personas que se han quedado sin trabajo. La complicada situación financiera de muchas empresas, con endeudamientos elevados, recursos propios erosionados, cuentas de resultados desequilibradas, requiere una atención especial y ofrecerles oxigenación financiera a largo plazo para que puedan remontar la situación o acometer un vuelco en sus modelos de negocios. Por consiguiente, parte de nuestro tejido productivo tendrá que afrontar una reconversión.

En muchas ocasiones, me he encontrado con problemas de muy difícil solución que surgen tras una compraventa inmobiliaria. Se le ofrece a un inversor una aparente buena operación inmobiliaria y, por cuestiones de celeridad y confianza en que todo parece correcto según lo que le han transmitido, lo adquiere, sin haber realizado una previa revisión legal.

El historiador y catedrático especializado en el marco tributario de Canarias, Salvador Miranda, expresó este jueves su contrariedad por la ignorancia que hay en el propio archipiélago con el REF de las islas, el sistema fiscal que produce cosas como el doble sistema aduanero que hay en Canarias o que las islas tengan su propio IVA, el llamado IGIC.

Vestida de traje de chaqueta blanco, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pronunció su discurso de investidura en la Asamblea madrileña, momento en el cual anunció al menos 21 grandes medidas de actuación, muchas de ellas cuantificadas por su impacto económico, impacto que alcanzará alrededor de 1.400 millones de euros en dos años, sustanciados en rebajas fiscales y en proyectos de inversión y políticas sociales y educativas. Ayuso también anunció un recorte de 13 a nueve consejerías, sin la previsión de viceconsejerías.

Uno de los asuntos prioritarios en la agenda política es el de la regulación de alquileres, congelando precios en zonas concretas. La decisión no parece la más acertada. De nuevo, hay que apelar a aquello de que sería bueno que nuestras autoridades políticas hicieran un gesto y aprovecharan para ponerse manos a la obra con vivienda social y asequible para todas economías, incluso buscando complicidades con el sector privado tal cual ocurre en otros países europeos.

Un 68% de los asesores fiscales considera que el cambio de residencia fiscal de personas físicas por motivos tributarios hacia otros países va en aumento, que se está convirtiendo en tendencia, lo mismo que ocurre con los cambios de residencia fiscal entre comunidades autónomas, según un 67,9% de los profesionales de la asesoría fiscal.

La recaudación de impuestos en los primeros cinco meses del año da un respiro a las arcas autonómicas valencianas y apuntan a un repunte de la economía tras su frenazo por la pandemia. Hasta mayo, los derechos reconocidos en tributos propios y cedidos alcanzan los 672,1 millones, lo que supone que el incremento del 40,96% respecto al mismo periodo de un 2020 marcado por el Covid.

El presidente valenciano insta a los grandes empresarios valencianos que forman parte de la asociación sumarse a su batalla fiscal frente a Madrid, como con el Corredor Mediterráneo y la reforma de la financiación autonómica.

Un tercio de las economías europeas ha creado un tipo reducido mínimo especial en el Impuesto sobre Sociedades para reducir la carga sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Ocho Estados europeos cuentan con estas tasas especiales. En concreto, Bélgica, Francia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovaquia han implementado el tipo reducido en Sociedades para estas empresas. España no contempla esta medida, pese a tener una de las economías más dependientes de las pymes.

La Comisión Europea ha iniciado un proceso de reforma de las reglas fiscales con el objetivo de mejorar su funcionamiento, un debate que ahora da sus primeros pasos y en el que todo apunta a que el déficit público perderá su actual protagonismo. Son muchos los expertos en España que defienden la supresión del tope del 3% del déficit en favor de alternativas más acordes a la realidad del país. 

Un problema global necesita soluciones globales. Que las empresas que más dinero ganan en el mundo sean las que menos porcentaje pagan de impuestos sobre sus beneficios es algo que pasa en todas partes, desgraciadamente, aunque en unos sitios más que en otros. Por eso que el G-7 haya llegado a un principio de acuerdo para que las multinacionales paguen una tasa global mínima del 15% es una buena noticia. Sin embargo, hay varios aspectos que distan de estar claros.

El acuerdo que han alcanzado las 7 principales economías occidentales el pasado fin de semana, abre un camino hasta ahora inexplorado de grandes acuerdos internacionales en materia de armonización de impuestos. Hasta la fecha, los acuerdos eran fundamentalmente bilaterales y se ceñían a cuestiones de cumplimiento fiscal como evitar la doble imposición o el intercambio automático de datos fiscales entre países y jurisdicciones. A partir de este momento, se abre la puerta a establecer reglas transnacionales en materia de bases imponibles y tipos impositivos, si bien la coyuntura geopolítica no es la más favorable para ello.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, junto a sus homólogos de Alemania, Francia e Italia, representando a las cuatro mayores economías de la zona euro, han firmado una carta en la que, horas antes del comienzo de la cumbre de ministros de Finanzas del G7, fijan su posición en favor de un nuevo sistema fiscal internacional más adecuado para el siglo XXI, incluyendo un impuesto mínimo de sociedades universal.

Está previsto que cuando cuando el ministro de finanzas inglés, Rishi Sunak, reciba hoy a sus homólogos del G7 en Londres, los responsables económicos de las siete principales potencias occidentales se reúnan en Lancaster House con la intención de aupar el mayor golpe contra los abusos fiscales de las multinacionales en un siglo.

Tal y como se esperaba desde el pasado marzo, la Comisión Europea confirmará hoy que mantendrá el Pacto de Estabilidad y Crecimiento suspendido también el próximo año. Es decir, la Comisión mantendrá la cláusula de escape del Pacto en 2022, activada por primera vez en marzo de 2020, por lo que los Estados miembros no tendrán que cumplir con las reglas fiscales para reducir sus niveles de déficit por debajo del 3% del PIB y la deuda pública hasta el 60% del PIB.

Los ministros de Economía y Finanzas del Grupo de los Siete (G7) han reducido sus diferencias sobre la necesidad de imponer un impuesto de sociedades a nivel global pero es poco probable que debatan cifras concretas sobre los tipos impositivos mínimos en su reunión de este viernes, según adelantó el ministro de Finanzas nipón, Taro Aso.

A mediados de la década de 1980 solo siete países tenían reglamentos de política fiscal. En 2015, según el último recuento del Fondo Monetario Internacional, eran 96. La mayoría contaba con disposiciones que limitaban la deuda pública, los déficit presupuestarios o ambas cosas, y había algunos con normas adicionales para el gasto público.