La Agencia Tributaria amenaza a Ferrovial con un millonario castigo fiscal para frenar su marcha a Países Bajos. Hacienda podrá quedarse con hasta el 25% de las plusvalías latentes que la compañía española traspase a la nueva matriz radicada en Ámsterdam (Ferrovial International). Una factura que las fuentes consultadas tachan de "considerable" y sobre la que aseguran que acabará en los tribunales.
El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ya dejó entrever en la carta que remitió a Ferrovial el pasado lunes y en la que aseguró que no hay motivos económicos que justifiquen la marcha de la compañía cuál podría ser la posición que tomará Hacienda sobre la fusión. Sus palabras prácticamente calcan el texto de la Ley del Impuesto de Sociedades que en materia de fusiones señala que no se aplicará el régimen de neutralidad fiscal cuando "la operación no se efectúe por motivos económicos válidos". Esto significa que si la Agencia Tributaria no acepta como válidos los argumentos que dé Ferrovial para su marcha tanto en el proyecto de fusión como cuando solicite acogerse a dicho régimen de neutralidad fiscal, podrá considerar que se marcha para eludir impuestos y requerirle que pague el 25% de las plusvalías latentes de los activos que traspase en la fusión. O dicho de otro modo, el 25% de la diferencia del valor de los activos en libros frente al valor del mercado. Como ejemplo, si la firma traspasase a la empresa absorbente una autopista ya amortizada y cuyo valor de mercado es de 500 millones de euros, Hacienda le reclamaría 125 millones. "Hay operaciones de fusión que no se harían si las empresas no pudieran acogerse a este régimen de neutralidad fiscal porque afloran estos beneficios y tributan automáticamente sin que nadie haya pagado el activo", explica un experto en fiscalidad.
No obstante, Ferrovial no sabrá si Hacienda le denegará el régimen de neutralidad hasta que no presente el Impuesto de Sociedades, una vez extinguida tras cerrar la fusión. Ferrovial, tal y como anunció al comunicar su marcha, prevé que la operación de fusión se cierre oficialmente antes del 30 de junio. Una vez realizada, se comunicaría la extinción de la sociedad española al Registro Mercantil y, pasados seis meses, Ferrovial tiene un plazo de 25 días para presentar ante Hacienda la liquidación del Impuesto de Sociedades. En ese momento, previsiblemente, pediría acogerse al régimen de neutralidad fiscal y Hacienda analizaría si hay o no motivos económicos válidos para el traslado de sede.
Cambio de legislatura
Si se cumplen los plazos previstos por Ferrovial, la presentación del Impuesto de Sociedades llegará a Hacienda en enero de 2024, tras las elecciones generales y con la posibilidad de un cambio de color en el Gobierno que pueda resultar más beneficioso para la compañía a la hora de llevar a cabo su salida sin trabas fiscales.
La decisión de Hacienda se adoptará una vez Ferrovial ya esté situada en Ámsterdam, siempre que los accionistas aprueben la operación. Las vías judiciales que se pueden abrir entonces son varias. De un lado, la Administración de Países Bajos podría considerar que la compañía sí tiene motivos económicos para el traslado por lo que se estaría dando una doble tributación, lo que daría alas a la empresa para ir a un arbitraje contra España.
Además, Ferrovial también podría impugnar el pago a Hacienda ante la Administración y recurrirlo en los tribunales nacionales, aunque los jurídicos ya señalan que acabará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Justicia Europea ha establecido jurisprudencia a favor de la libertad de establecimiento de una compañía de un Estado miembro hacia otro Estado miembro si la empresa no es estratégica o el cambio no afecta al interés general. "Cuando Ferrovial cree que tiene la razón en algún punto, la defiende y la lleva a los tribunales", apuntan fuentes del mercado.
La judicialización del caso también supondría más costes para Ferrovial en materia de provisiones y avales. La compañía tendría que dotar en sus cuentas la estimación de una sentencia en contra, aunque en esto el auditor será clave ya que si considera que hay un bajo riesgo para la compañía puede permitir que la empresa no registre dotaciones y solo refleje un pie de nota sobre el asunto. Por otro lado, los fiscalistas también señalan que la compañía podría requerir avales para guardarse las espaldas con la Administración. "Si Hacienda te exige un dinero y no lo pagas ni tienes avales, te embarga", dicen. A lo que suman el riesgo del impacto que puede tener en bolsa la apertura de un acta por parte de Hacienda.
Carta de Ferrovial
Ferrovial responde al secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, por la misma vía, por carta. La compañía mandó este martes por la tarde una misiva a la Administración que encabeza Nadia Calviño rebatiendo que BME hoy por hoy no permite la negociación directa de acciones de una firma española en EEUU y se tiene que ir Países Bajos. La firma apunta que aunque desde BME se haya explorado en EEUU esta opción, cuando alguien sabe donde están las cosas no se explora. Así, considera que hoy por hoy la única disponibilidad en el mercado europeo para cotizar en EEUU es a través de Euronext, la bolsa de valores con sede en Ámsterdam porque de momento BME no lo ofrece ni sabe cuándo lo va a ofrecer. Asimismo, también argumenta que hacerlo con BME arrastra problemas regulatorios, funcionales y operativos. Según la compañía que preside Rafael del Pino, es una responsabilidad de cara a los accionistas proponer una vía segura y que ya han usado una veintena de empresas europeas.
