Ferrovial admite ante los inversores que la fusión inversa entre Ferrovial SA y Ferrovial International Sociedad Europea (FISE), por la que esta, con sede en Países Bajos, se convertirá en la nueva matriz del grupo de infraestructuras, "podría quedar fuera de la protección del Régimen Especial de Neutralidad Fiscal español". Así lo advierte la compañía en el folleto remitido a la Bolsa de Dublín para informar de la renovación de su programa de pagarés por 1.500 millones de euros y en el que incluye una relación de riesgos específicos ligados a la operación por la que trasladará su sede a Ámsterdam y comenzará a cotizar en el Euronext.
El pasado 13 de abril, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, aseguró durante la junta de accionistas en la que se aprobó la fusión que la operación "permite que (Ferrovial) pueda acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones". Respondía así a las insinuaciones vertidas por miembros del Gobierno respecto a la pretensión del grupo de obtener beneficios fiscales con el cambio de sede a Países Bajos.
El 10 de abril, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, remitió una carta al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, en la que cuestionó "la motivación económica del proyecto de fusión transfronteriza". Esta es condición para poder acogerse al régimen de neutralidad fiscal por el que, en una operación de este tipo, las empresas quedan exentas de tributar por las plusvalías o minusvalías que se generen en los activos traspasados. Madridejos contestó al día siguiente en una misiva en la que señala al número dos de la ministra Nadia Calviño por aludir "a que las autoridades competentes –la Agencia Tributaria– objetarán a que la fusión se acoja al régimen de neutralidad fiscal". "Si fuera el caso –añade–, baste señalar que la Secretaría de Estado de Economía no debería prejuzgar ni condicionar el criterio puramente técnico que correspondería aplicar a otros organismos", avisó.
En el folleto publicado en la bolsa de Dublín el pasado 30 de marzo, antes incluso, por tanto, del cruce de cartas entre García Andrés y Madridejos, Ferrovial explica que "tiene la intención de aplicar el régimen especial de neutralidad fiscal implantado en España de conformidad con el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades". Ahora bien, alerta de que "existe un riesgo potencial de impugnación de la aplicación del régimen especial de neutralidad fiscal por parte de las autoridades fiscales españolas". En concreto, agrega, "las autoridades tributarias españolas españolas pueden, en el curso de una inspección fiscal, impugnar las supuestas razones de la fusión propuesta si consideran que carece de motivos empresariales sólidos y, en cambio, se lleva a cabo principal o exclusivamente con el objetivo de obtener una ventaja fiscal y, en consecuencia, denegar la aplicación del régimen". En tal caso, "las autoridades fiscales españolas tratarán de eliminar la ventaja fiscal pretendida, gravando a su vez el Impuesto de Sociedades devengado por la diferencia entre el valor razonable de mercado de los activos de FISE y la base fiscal de los mismos", abunda.
En el documento dirigido a los tenedores de pagarés, Ferrovial indica que "las autoridades fiscales españolas también podrían impugnar" la aplicación del régimen de neutralidad fiscal "si consideran que los activos de Ferrovial no están afectos a un establecimiento permanente de FISE en España" tras la operación.
En consecuencia, todo ello, reconoce la compañía, "podría tener un efecto material adverso sobre el negocio, los resultados de las operaciones, la situación financiera y las perspectivas del grupo".
Hasta los tribunales
A pesar de las acusaciones del Gobierno de la ausencia de una motivación económica o empresarial, sugiriendo así que es de tipo fiscal, será la Agencia Tributaria la que tomará la decisión. Ferrovial prevé que la operación de fusión se cierre oficialmente antes del 30 de junio. Una vez realizada, se comunicaría la extinción de la sociedad española al Registro Mercantil y, pasados seis meses, la firma tiene un plazo de 25 días para presentar ante Hacienda la liquidación del Impuesto de Sociedades. En ese momento, previsiblemente, pediría acogerse al régimen de neutralidad fiscal y Hacienda analizaría si hay o no motivos económicos válidos para el traslado de sede.
Del Pino insistió en la junta que la operación "no persigue ventajas fiscales" y que "los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán muy similares" a los actuales, al tiempo que incidió en que la empresa "continuará contribuyendo fiscalmente en España como lo ha hecho desde su fundación". En caso de que la Agencia Tributaria deniegue la neutralidad, la compañía recurrirá hasta los tribunales.
En el folleto, Ferrovial apunta otros riesgos relacionados con la fusión. Así, admite que "algunos contratos de concesión y emisiones de deuda pueden verse afectados por la activación de las disposiciones relativas al cambio de control o al cambio de garante, respectivamente". Aunque considera que la fusión "no perjudica la posición de sus contrapartes contractuales, el ejercicio de los derechos derivados de cualquier disposición de cambio de control podría afectar negativamente a dichos contratos" y, en consecuencia, "a los futuros planes de negocio, actividades, perspectivas, resultados de explotación, situación financiera y flujos de tesorería del grupo".
Ferrovial también alude al riesgo de que la estructura financiera establecida para hacer frente a las garantías relacionadas con la posible oposición de los acreedores podría tener un impacto adverso, si bien no se espera que esto ocurra. De igual modo, hace referencia al impacto negativo en su situación financiera por la compensación a pagar a los accionistas que ejerzan la separación (venta) de sus títulos, aunque es previsible que la cantidad sea muy inferior –de un máximo de 42 millones de euros– a los 500 millones que reservó para la empresa.
