Castigo fiscal que frena la inversión

España grava las ganancias de capital por la venta de acciones 6,45 puntos por encima de lo que hace la media de los países de la Unión Europea. En concreto, el gravamen que Hacienda exige del 26% en su tasa marginal máxima, y que afecta a los beneficios obtenidos a través de operaciones bursátiles, está por encima del 19,55% de media en Europa.

Por si esta brecha no fuera suficiente, en el Viejo Continente hay sobrados ejemplos de países que mantienen este impuesto fuera de su sistema fiscal o lo utilizan solo en determinados supuestos (cuando la ganancia tiene consideración de renta profesional o si los títulos se mantuvieron menos de tres años, entre otros), con el objetivo de atraer inversiones. Es el caso de República Checa, Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia y Bélgica. España, por tanto, se ha convertido en una rara avis en la UE.

A ello ha contribuido el afán recaudatorio del Gobierno actual que frena la actividad y la inversión. Pero que en este caso resulta especialmente nocivo porque afecta al legítimo afán de las empresas y de todos los ahorradores particulares, con independencia de su nivel de renta, de buscar el máximo rendimiento del capital que poseen. Más aún si se tiene en cuenta que el alto gravamen a las ganancias de capital no es la única normativa fiscal a la que están sujetos los inversores en España.

De hecho, nuestro sistema impositivo también exige un impuesto por la repatriación de los dividendos de los accionistas residentes en territorio nacional. En cambio, países como Países Bajos carecen de ello. Todo ello configura un castigo fiscal a las empresas y los particulares que inflige un grave daño al conjunto de la actividad y de la economía nacional, ya que desincentiva la inversión.

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