
España grava las ganancias de capital por la venta de acciones 6,45 puntos por encima de lo que lo hace la media de los países que componen la Unión Europea (UE). El impuesto, que Hacienda mantiene en el 26% en su tasa marginal máxima y que afecta a los beneficios obtenidos por la venta de títulos, se sitúa -en su tipo máximo- por encima del 19,55% que fija el gravamen de la media comunitaria.
En contra, varios países de la comunidad europea mantienen este impuesto fuera de su sistema fiscal con la intención de seguir atrayendo inversión. República Checa, Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia y Bélgica, no cuentan con esta figura impositiva. Un miembro del euro -este último- que incluyó en 2021 un gravamen del 0,15% sobre los instrumentos financieros para operar en bolsa, que iguales o superiores a un millón de euros.
Sin embargo, solo Luxemburgo y Suiza no aplican el gravamen en ninguno de los supuestos, aunque este último no forma parte de la UE. En el resto, el impuesto se activa de alguna u otra manera. Bélgica grava las ganancias si tienen consideración de renta profesional, República Checa lo hace si las acciones se mantuvieron menos de tres años, Eslovaquia rebaja ese periodo de exención a un año, un caso muy similar al incluido en la normativa turca. Por último, Eslovenia mantiene un tipo máximo del 27,5% siempre que el activo se haya mantenido al menos 20 años.
Según los datos elaborados por Bloomberg Tax y PWC, Dinamarca continúa siendo el país con el tipo de rendimientos más alto entre aquellos que forman la OCDE. El socio de la UE, grava estos beneficios con una tasa del 42%. Fuera del espectro de la comunidad europea destaca Noruega, con un tipo al 35,2%. Por su parte, entre los países próximos a España, Francia cuenta con un impuesto sobre las ganancias de capital máximo del 34%, que afecta a aquellas personas con altos ingresos, para el resto el gravamen es del 30%. En el polo opuesto se sitúan Grecia y Hungría, que firman las tasas más bajas, del 15%.
El impuesto actúa cuando una persona vende un activo para obtener una ganancia por la venta de una acción. El sistema tributario español cuenta con varios tramos que gravan las transacciones de títulos, en función de la plusvalía obtenida. Si el beneficio obtenido se sitúa entre los 0,01 y 6.000 euros, el impuesto grava el 19%. Entre 6.000 y 50.000 euros, Hacienda actúa sobre el 21%. Entre 50.000 euros y 200.000 euros, sobre 23%. La tasa marginal del 26% se activa en aquellas plusvalías superiores a 200.000 euros. "En muchos países, los ingresos por inversiones, como los dividendos y las ganancias de capital, se gravan a una tasa diferente que los ingresos por salarios", relata Cristina Enache, autora del Índice de Competitividad Fiscal Regional de España y economista de la Tax Foundation.
Dividendos repatriados
No es la única normativa fiscal a la que están sujetos los inversores en España. El sistema fiscal español grava además la repatriación de los dividendos de los accionistas residentes en territorio nacional. Un impuesto que ganó notoriedad después del anuncio en el que la dirección Ferrovial decidió trasladar su sede de Madrid a Países Bajos. La iniciativa fue respaldado poco después por la Junta de Accionistas de la compañía que preside Rafael del Pino.
El Gobierno aprobó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 una reforma en el Impuesto de Sociedades que limita la exención del 100% en la repatriación de los dividendos. La medida, en vigor desde hace dos años. Reduce la exención al 95%, ese 5% de diferencia se integra en la base imponible y tributa al 25%, por lo que debe pagarse el 1,25% de esos dividendos.
Sin embargo, el traslado de Ferrovial a Países Bajos beneficia en este asunto a sus accionistas. En este país, la exención sigue siendo del 100%, por lo que aquellos que posean títulos de la empresa de infraestructuras no están sujetos a la normativa aplicada por el Ejecutivo desde 2021. Se trata de la gran ventaja fiscal que obtiene la empresa por la mudanza de su domicilio a país con capital en Ámsterdam.
La normativa comunitaria deja en manos de cada país la política tributaria relativa a las ventas de acciones o dividendos. No obstante, la Unión Europea supervisa las normas fiscales de los diferentes Estados miembros.
El 'coto fiscal' noruego
En el lado opuesto, Noruega, es uno de los países del viejo continente más estrictos. El país, ajeno a la Unión Europea, no solo cuenta con uno de las tasas impositivas sobre las plusvalías por ventas de acciones de toda la OCDE, sino que desde hace años ha emprendido una contundente guerra contra aquellas grandes fortunas o empresas que se han propuesto huir fuera de sus fronteras para esquivar su presión fiscal.
A finales de este 2022, el gobierno noruego decidió elevar el gravamen sobre la venta de títulos, del 35% al 37,84%. El principal motivo de este cambio es la "alarmante cantidad de multimillonarios que está considerando mudarse", según afirmó Bettine Banoun, socio del bufete de abogados noruego Wiersholm. Se trata de personas cuyas riquezas superan los 100 millones de dólares.
Es más, según la prensa del país, en 2021 se produjo una desbandada de grandes fortunas. Una de ellas fue la de Kjell Inge Rokke, considerada la cuarta persona más rica del país y presidente de Aker, que con un patrimonio de 5.110 millones de dólares se mudó recientemente a Suiza. El coto fiscal mantiene actualmente a 13 multimillonarios en Noruega, con una riqueza combinada de 40.900 millones de dólares, según Forbes. El administrador de fondos de cobertura Andreas Halvorsen ocupa el primer lugar con 6.600 millones.