La banca buscará tumbar en los tribunales el impuestazo aprobado por el Gobierno para recaudar 3.000 millones de euros a su costa en dos ejercicio o, al menos, dejar fuera del gravamen aquellos ingresos desligados de los tipos de interés en Europa tales las comisiones por comercialización de productos de inversión, seguros o márgenes generados en otras geografías.
La batalla jurídica que librarán será para lograr la nulidad, pero, alternativamente y de forma subsidiaria, los recursos que interpongan en los tribunales intentarán, en el peor de los casos, reducir la base imponible, según fuentes financieras.
La bautizada como prestación patrimonial de carácter público no tributario fija un tipo impositivo del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones cobradas por aquellas entidades financieras que en 2019 ingresaron, al menos, 800 millones en España. El Gobierno argumentó su creación para gravar los ingresos extraordinarios que coseche el sector por la empinada subida de tipos de interés para financiar con esos recursos las ayudas articuladas para los colectivos más afectados por el deterioro de la situación provocado por la guerra de Rusia y la escalada de la inflación.
Aunque el sector y los expertos jurídicos denunciaron la falsedad de considerar como ingresos o beneficios extraordinarios la "normalización de tipos", pueden valerse del argumento para intentar mensurar su aplicación y que tribute solo por el negocio ligado a los tipos. La redacción actual del tributo grava el margen de intereses pudiendo incorporar, por ejemplo, los ingresos cosechados en este epígrafe en geografías distintas a la zona euro y en la rúbrica de comisiones entrarían actividades como seguros, tarjetas o gestión de activos, explican.
El impuesto se pagará contra las cuentas de 2022 y 2023 en dos ventanas. La primera será el día 20 de febrero y la segunda se espera para el mes de octubre. La fiscalidad obliga a realizar la correspondiente provisión por un principio de solvencia, con independencia del recurso posterior y si triunfa o no la reducción de base imponible.
El sector en bloque intentó frenar el diseño de una tasa que ha sido duramente contestada desde el mismo Banco Central Europeo (BCE), contrario a aprobar impuestos ad hoc con fines recaudatorios para sectores que no provocan externalidades negativas a la economía.
El organismo se posicionó en contra con el aviso de que puede afectar al crecimiento de la economía, encarecer el crédito y advirtió de que la banca debe trasladar su coste, aunque la ley lo prohíba. La patronales AEB y CECA intentaron también, sin éxito, reconducir su diseño en el trámite parlamentario y ahora analizan cómo impugnarlo, aunque serán los bancos los que primero y más fácilmente puedan actuar al ser los perjudicados directos (las patronales podría hacerlo en representación de sus asociados).
Junto a la banca, los expertos jurídicos ven inconstitucionalidad en la tasa. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank vinculado a la CEOE, afirmó que es recurrible ante el Constitucional al ser un impuesto no una prestación patrimonial, por ser discriminatorio y provocar una doble tributación.
