El Banco Central Europeo ha publicado este jueves su esperado dictamen sobre el impuesto a la banca que tramita el Gobierno, y su conclusión trae una advertencia grave: tal y como está planteada, la tasa podría suponer un "riesgo para la estabilidad financiera", al hacer que los bancos españoles sean "menos capaces de absorber los posibles efectos negativos de una contracción económica". Por ello, pide a Ejecutivo y Congreso que estudien más a fondo el alcance y los efectos del impuesto, y que permitan a los bancos repercutir el coste sobre los clientes.
El regulador europeo, en su opinión no vinculante, considera que la propuesta impositiva "no tiene en cuenta el ciclo económico completo, no incluye los gastos operativos ni el coste del riesgo crediticio", y advierte de que su aplicación para unas pocas entidades podría "distorsionar la competencia" en el sistema bancario, tanto en España como en el conjunto de la UE.
Además, podría tener efectos sobre la política monetaria del BCE, ya que los efectos de las subidas de tipos, que deberían dar más beneficios a las entidades y reflejarse en la concesión de créditos, podrían verse distorsionados por el impuesto. "El efecto neto de la normalización de la política monetaria sobre la rentabilidad de las entidades de crédito podría ser posiblemente menos positivo, o incluso negativo", lo que "podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía", advierten.
Por ello, el Banco Central recomienda al Congreso que "la propuesta legislativa vaya acompañada de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario", de forma que los legisladores conozcan claramente los efectos de la tasa sobre el sistema financiero antes de aprobarla.
Y en todo caso, pide al Gobierno que, en el texto de la ley, permita a los bancos repercutir el impuesto sobre los clientes, ya que el gravamen supone "un coste más" que debe sumarse a la hora de fijar un precio para los créditos para que la banca no pierda dinero. El proyecto actual prohíbe hacerlo, pero no está claro qué capacidad tendrá el BdE a la hora de determinar si se está cumpliendo esa prohibición o no.
Un impuesto que preocupa a Frankfurt
El BCE ha sido muy crítico con la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez desde un primer momento y había creado una comisión de expertos ad hoc para analizar si el recargo amenaza la solvencia, la estabilidad financiera, el crédito y su encaje legal. Moncloa decidió pedir voluntariamente el dictamen a Frankfurt, en vez de esperar a que lo publicaran ellos en lo que se habría interpretado como una censura aún mayor.
El organismo que dirige Christine Lagarde ya se ha mostrado crítico con este tipo de medidas recaudatorias. En 2019 arremetió, por ejemplo, contra un impuesto a la banca de Lituania por el "efecto material adverso" que tendría sobre su sistema financiero y reprobó el uso para fines presupuestarios.
El proyecto que el PSOE y Unidas Podemos han llevado al Congreso para su tramitación fija un tipo impositivo del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran aquellas entidades financieras que en 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones. Su intención es financiar con estos recursos las ayudas desplegadas para los colectivos más afectados por el aumento de la inflación y energía.
