El servicio militar obligatorio, más conocido como la 'mili', fue suprimido en 2001, pero sus efectos aún tienen influencia para muchos pensionistas que sí tuvieron que dedicar una parte de su vida a este tipo de responsabilidad que tiene su origen en el siblo XVIII.
Las pensiones de incapacidad permanente son más de 947.000 en nuestro país, conforme a los datos de la Seguridad Social correspondientes al mes de mayo. Uno de cada diez pensionistas españoles reciben una de estas pensiones, que están destinadas a aquellas personas que pierden recursos económicos tras un accidente o enfermedad que limite o incluso anule su capacidad laboral.
El Ministerio de Migraciones, Seguridad Social y Migraciones ha pagado 10.154,1 millones de euros para desembolsar los más de 9,83 millones de pensiones contributivas correspondientes al mes de mayo.
La derogación del Índice de Revalorización y la vinculación de las subidas con la inflación y la anulación del factor de sostenibilidad llevarán el gasto anual en pensiones al 14,2% del PIB en 2050, lo que supone un aumento de la factura anual de las prestaciones de 40.000 millones de euros.
El Gobierno se ha marcado el firme compromiso de impulsar el segundo pilar del sistema de pensiones español: los planes de pensiones de empleo (PPE), una fórmula muy extendida en otros países europeos que, sin embargo, se usa poco en España. Y es que solo el 1% de las empresas ofrece este tipo de productos a sus trabajadores, a pesar de que el ahorro para la jubilación es un beneficio social muy bien valorado por los empleados.
Desde hace varios años, uno de los debates macroeconómicos más extendidos es el de la reforma del sistema público de pensiones. Cada vez se jubilan más personas que han cotizado en unos niveles altos, lo que les permite optar a pensiones más elevadas. En 2021, el Gobierno decidió incrementar la cuantía de las pensiones un 0,9%, mientras que, en el caso de las pensiones mínimas, la revalorización fue del 1,8%. Hoy, la pensión media de un jubilado en España es de 1.170,26 euros, es decir, 15 euros más que en 2020. Solo en la última década, la Seguridad Social acumula un déficit de 151.000 millones de euros, alrededor del 13% del producto interior bruto (PIB).
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha planteado unas mayores penalizaciones a la jubilación anticipada como parte de la reforma de las pensiones. Una remodelación que podría afectar negativamente a los tramos más altos.
Los días finales de cada mes son importantísimos en la economía de los pensionistas, ya que son aquellos en los que reciben sus pensiones en sus cuentas bancarias. Algo que tampoco es excepción para este mes de mayo.
El Gobierno ya ha puesto sobre la mesa su propuesta para extender hasta el próximo 31 de septiembre el esquema de ayudas para autónomos aprobado hace un año para hacer frente a los efectos de la pandemia. En esta prórroga, Moncloa parece querer abonar el terreno de la reactivación, incentivando que los trabajadores por cuenta propia que estén en condiciones de relanzar sus negocios lo hagan ya sin el soporte de la Administración. Concretamente, en la propuesta remitida a las asociaciones representantes de los trabajadores autónomos, por un lado se premia e incentiva la vuelta a la actividad en los meses de verano con exenciones de cuota que llegarían al 90% en los próximos meses, si bien se endurecen ciertos supuestos de acceso al cese extraordinario de actividad, tal y como ha denunciado el colectivo.
La propuesta del Gobierno para cambiar los incentivos a la jubilación demorada supondrá un ahorro de hasta 21.000 euros para quienes accedan a esta modalidad de retiro y opten por el cobro de la mejora de pensión en forma de pago único, a modo de un cheque que se recibirá en el momento justo de la jubilación. Según los cálculos del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, la propuesta de Escrivá de premiar el retraso de la jubilación con un cheque de hasta 12.000 euros anuales permite visualizar a los trabajadores de forma más fácil los beneficios a largo plazo de demorar su jubilación, pero su diseño está "muy desequilibrado". Si bien, el organismo argumenta que la modalidad implica cobrar menos por este alargamiento en el largo plazo que si, por el contrario, se optara por la modalidad actualmente vigente donde esa mejora -del 4%- se prorratea en la pensión mensual.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado que todavía no hay acuerdo sobre las pensiones, y ha advertido de que a las empresas "no les gustaría ser las paganas".
Por lo general, apenas reparamos en la cuenta en la que tenemos domiciliada la pensión que recibimos, pero en caso de que tengamos un problema con nuestro banco y decidamos cambiar de entidad, también tendremos que comunicárselo a la Seguridad Social.
En su proyecto de reforma de las pensiones, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha adelantado la penalización a las jubilaciones anticipadas a partir del último trimestre de 2021. Algo que ha puesto en alerta a todas aquellas personas que ya están en disposición de prejubilarse y que podrían aprovechar los últimos meses con los actuales coeficientes reductores antes de que estos les sean menos beneficiosos.
Una de las preguntas más frecuentes en los meses o años previos a la jubilación es qué pensión nos va a quedar para disfrutar del último tramo de nuestra vida. Se trata de un cálculo muy importante, ya que nos permitirá saber el dinero con el que contaremos todos los meses cuando nos jubilemos, con lo que eso conlleva.
El pasado mes de abril significó un récord en el pago de pensiones. Por primera vez, España abonó 10.136 millones de euros a los pensionistas, con más de 9,82 millones de pensiones diferentes. De todas ellas, las de jubilación conforman el gasto más grande.
Los pensionistas están muy cerca de recibir el dinero de sus pensiones del mes de mayo. Como cada mes, y especialmente a raíz de la pandemia de coronavirus, los bancos están adelantando el pago de estas prestaciones unos días.
Los pensionistas están cerca de obtener un respiro para sus cuentas. En un mes, al habitual pago de sus pensiones se unirá el de la primera de los pagas extra que reciben a lo largo del año en la mayoría de los casos.
El Banco de España propone una estrategia integral de reformas estructurales para enderezar el rumbo torcido de nuestra economía que, de manera sintética, intentamos esbozar destacando los puntos más relevantes.
El Ministerio de Seguridad Social que encabeza José Luis Escrivá va a acometer una reforma de las pensiones entre 2021 y 2022. Una batería de medidas que se pretenden tomar con el consenso de los agentes sociales y el aval de las recomendaciones del Pacto de Toledo que va a afectar a diferentes aspectos del sistema de jubilación español.
El pasado año 2020 se produjeron en España un total de 285.870 altas de jubilación en la Seguridad Social. De ellas, 109.581, es decir, un 38,3% se produjeron antes de los 65 años, la edad fijada por ley para el retiro en el pasado ejercicio. Y de estas últimas, 54.000 altas de jubilación anticipada se produjeron de forma voluntaria, es decir, un 49,2% de todas las altas prematuras en el sistema de jubilaciones de la Seguridad Social.
Uno de los objetivos medulares de la futura reforma de pensiones pasa por acercar lo más posible la edad real de jubilación a aquélla que la ley establece. Para ello, es indudable que el Gobierno tiene que conjugar los incentivos para alargar la vida laboral y las penalizaciones a la jubilación anticipada.
En España tenemos muchos problemas, muchos más de los que teníamos hace poco más de un año. Es evidente que una pandemia global por sí misma es un enorme problema. Pero a los problemas sanitarios, como sabemos todos, se están sucediendo los económicos. Además de las dificultades económicas y sociales surgidas de la Pandemia, tenemos complicaciones económicas y sociales “heredadas” que la Pandemia ha agravado o nos ha puesto de manifiesto. Todo esto ha evidenciado la necesidad de “reformas” en múltiples ámbitos, que son costosas y no precisamente sencillas. Sólo hay que pensar, por ejemplo, en algunas de las cuestiones que están dando problemas en las negociaciones con las Autoridades Comunitarias, de cara a los fondos comunitarios: la reforma laboral, la de pensiones y la reforma fiscal.
El Tribunal Constitucional tumbó este jueves varias disposiciones del Real Decreto Ley 15/2020 de medidas laborales y fiscales, entre las que se incluía la integración del régimen de pensiones de Clases Pasivas a la Seguridad Social.
Asterion Industrial Partners impulsa el que puede convertirse en el mayor fondo de infraestructuras español. La gestora independiente, liderada por Jesús Olmos, ha anunciado que su segundo fondo ha alcanzado un primer cierre de 925 millones.
Más de 947.000 personas reciben en España alguna pensión por incapacidad permanente, de acuerdo con los datos de la Seguridad Social. Todos estos ciudadanos se rigen por una serie de requisitos y cuantías que regulan esta prestación, una de las varias contributivas que concede el organismo a determinados colectivos.
Dentro del ambicioso plan de reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, una de las primeras medidas que verán la luz en el cuarto trimestre de 2021 será la mejora de los incentivos a la jubilación demorada.
El culebrón de la revalorización de las pensiones podría cerrar capítulo. Gobierno y los interlocutores sociales realizarán, en el marco del diálogo social, una evaluación periódica cada cinco años de los efectos de la nueva fórmula de revalorización de las pensiones con el IPC, a la que finalmente accedió el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para el mantenimiento del poder adquisitivo.
El sistema de jubilación de los funcionarios es diferente al del resto de los ciudadanos españoles. Los trabajadores del Estado se rigen por el sistema de Clases Pasivas, que contempla unas pensiones de jubilación o retiro concretas y que atienden a unos requisitos determinados.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha confirmado este martes que la mayor parte de las reformas en pensiones enviadas a Europa como contraparte a la recepción de los fondos comunitarios para la recuperación se ejecutarán a partir de 2022.
La Agencia Tributaria (Aeat) desarrolla un procedimiento especial de retenciones para los pensionistas que tenemos varios pagadores, que nos puede ayudar a no tener que pagar al realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pero si no nos adherimos a principios del año 2020 ni en 2021, ya tendremos que pensar en beneficiarnos de él en la declaración de la Renta de 2022.
