El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno y enviado a la Comisión Europeo desgrana las líneas maestras del reparto y aplicación de los fondos de la Unión Europea para renovar la economía comunitaria en la pandemia de coronavirus. Se trata de una reforma estructural en la que, como no podía ser de otra manera, los autónomos también están afectados.
Al colectivo de profesionales por cuenta propia le van a influir toda una serie de medidas en materia de pensiones, fiscal y de trabajo que van a cambiar el panorama normativo por el que se rigen en tan solo un par de años. No todas estas reformas se harán a la vez, sino de forma progresiva y con un calendario diferenciado en función de cada rama.
Medidas en pensiones
El primer calendario detallado lo anunció esta semana José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y es el que corresponde a las pensiones. La reforma del sistema afecta a los autónomos no solo en las futuras prestaciones a percibir, también en su forma de cotizar a la Seguridad Social.
Así, y según publicó el propio ministerio en su cuenta de Twitter, para el cuatro trimestre de 2021 llegará el nuevo índice de revalorización de las pensiones y la batería de medidas destinadas a alinear edad efectiva y real de jubilación, entre las que están la penalización a la jubilación anticipada, la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa y la mejora de los incentivos a la jubilación demorada.
En el segundo trimestre de 2022 se procederá a implementar de forma efectiva el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales. Para el cuatro trimestre de ese 2022 quedarán la adecuación de los periodos de cómputo a las carreras profesionales y la sustitución del factor de sostenibilidad por uno de equidad intergeneracional, así como el incremento de las bases máximas de cotización y las pensiones más altas.
Medidas laborales
En materia laboral, la reforma laboral que pretende acometer Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo está prevista para este 2021, aunque sin unas fechas planificadas al detalle, ya que depende en cierta medida de la negociación con la patronal y los sindicatos.
Tal y como se puede consultar en el texto de medidas enviado a la Comisión Europea, los objetivos marcados en el componente 23 apuntan a una reforma del mercado laboral en la que se generalizará el contrato indefinido, se modernizarán las políticas activas de empleo y la contratación y subcontratación, se ejecutará un mecanismo de flexibilidad y recualificación de trabajadores y se simplificará y mejorará el sistema de prestaciones, entre otras cosas.
Todas estas medidas, como ha prometido Yolanda Díaz en repetidas ocasiones, se pretenden aprobar durante 2021 para que puedan entrar en vigor a partir del ejercicio de 2022.
Medidas fiscales
En el plano fiscal, el año clave será 2022, cuando a partir de febrero el comité de expertos al que se ha encomendado la tarea de diseñar una reforma fiscal empiece a anunciar sus propuestas, una de las medidas incluidas en el componente 28 del Plan de Recuperación, junto a otras como la revisión de los beneficios fiscales, la reforma de medidas fiscales para la transición ecológica con impuestos a residuos en vertedero, incineraciones o el uso de plásticos no reutilizables.
No habrá subidas de impuestos en 2021, o al menos esa es la intención de Nadia Calviño, ministra de Economía, que aspira a un sistema fiscal renovado "más sólido y progresivo", y apuntando a la imposición digital, la imposición verde o la reforma del Impuesto de Sociedades, entre otros muchos aspectos.
