Madrid
El Gobierno ha deslizado una propuesta a los agentes sociales en el marco de la negociación para la reforma del sistema público de pensiones para que los convenios de empresa que incluyen cláusulas de jubilación forzosa demoren en un año el límite en el que estarían capacitados para prescindir de estos puestos de trabajo cercanos al retiro laboral. Concretamente, la medida se encuadra dentro del pliego de actuaciones que prevé impulsar el Ejecutivo para tratar de nivelar en nuestro país la edad efectiva de jubilación (64,5 años) y la edad legal (66 años en 2021), y busca acotar ciertos modelos de convenio empresarial que por contrato permiten la expulsión de su puesto de trabajo del empleado antes de alcanzar la edad legal de retiro. En lo que propone el Gobierno que estos convenios se amplíen en un año sobre la edad legal de jubilación para poder forzar la salida del trabajador -por ejemplo, hasta los 68 años en 2027 cuando la edad legal de retiro se sitúe en 67 años-.
Sobre este aspecto de la jubilación forzosa, el ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, apuntó este viernes en declaraciones para la televisión pública que esta fórmula no existe en ningún país europeo y argumenta que en España se da la peculiaridad de que, a través de los convenios colectivos, se pueda restringir el derecho de las personas a jubilarse cuando quieren, algo que el Gobierno se ha propuesto modificar porque, al contrario de lo que se dice, esta fórmula no impulsa el empleo juvenil. "Yo espero que lleguemos a un acuerdo sobre esto, estamos parametrizando cómo hacerlo", añadía.
En este sentido, el Gobierno habría propuesto a los agentes sociales un acotamiento -elevando un año la jubilación forzosa- y mejora de estos convenios, permitiendo en ese año de ampliación del trabajo por parte del empleado la exención de las cotizaciones a la Seguridad Social para la compañía, pero además este abanico de exenciones, según apuntan fuentes del Diálogo Social, se ampliaría para los empleados, a partir de cierta edad, que se vieran afectados por procesos de incapacidad temporal.
Esta medida, que aún está siendo negociada con los agentes sociales, estaría encuadrada en el esquema de medidas para elevar la edad efectiva de jubilación, como pide el Pacto de Toledo en sus recomendaciones, y está siendo contestada tanto por la patronal como los sindicatos, que ven en la propuesta un cuello de botella para la renovación de la plantillas y la inserción laboral de los más jóvenes.
Apoyo al empleo
"Sin embargo, no hay evidencia empírica para esta afirmación. Por el contrario, es probable que el aumento de la edad de jubilación efectiva y las políticas para fomentar el empleo de los trabajadores de mayor edad apoyen el empleo tanto de los trabajadores de más edad como de los más jóvenes", aseguran René Böheim, profesor de la Universidad Johannes Kepler de Linz (Austria) y Thomas Nice, profesor de la Universidad de Humboldt (Alemania), en un documento publicado por IZA. Misma conclusión a la que llegaron Alicia H. Munnell y April Yanyuan Wu, profesores de la Universidad de Stanford, cuando estudiaron el impacto en el mercado laboral de retrasar la edad de jubilación en EEUU entre 1977 y 2011.
Según el calendario que maneja el Gobierno, esta medida estaría impulsada en la primera parte de la reforma de pensiones, que se pretende culminar antes del final de 2021. Si bien, según las fuentes consultadas por elEconomista, se incluirán periodos transitorios para el despliegue de este esquema de incentivos y desincentivos que buscan impulsar la edad real de retiro de los españoles, y que prevé al margen de la modificación de estas cláusulas, una flexibilización de los coeficientes reductores para la anticipación del retiro, al tiempo que su aplicación se llevaría a cabo no sobre el nivel de base reguladora si no directamente sobre la cuantía de la prestación de jubilación.
Cabe recordar que la posibilidad de incluir esta cláusula en los convenios fue derogada en 2012 por la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, y que fue Magdalena Valerio quien recuperó esta posibilidad tras la llegada al Gobierno en 2018. Desde entonces, estas cláusulas se han incluido en un 14% más de convenios, y afectan a más de un millón de trabajadores de nuestro país.
Escrivá señaló en esas mismas declaraciones que las negociaciones del Diálogo Social requieren de "mucho trabajo fino" e indicó que Gobierno, sindicatos y empresarios ya trabajan en la mesa de pensiones con un borrador muy detallado sobre el primer paquete de reformas en el sistema, cuyo elemento central es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante una fórmula ligada al IPC.
Sobre la jubilación anticipada, Escrivá reiteró a los medios que la intención del Gobierno es establecer el mismo marco de penalización para todas las pensiones, pues actualmente los coeficientes reductores que se aplican sobre la pensión por jubilarse dos años antes de la edad legal suponen un recorte del 16% para una pensión media y de solo el 4% para la pensión máxima. "Es una anomalía a corregir, un elemento regresivo", denuncia el ministro de Seguridad Social.
