
El Ministerio de Seguridad Social que encabeza José Luis Escrivá va a acometer una reforma de las pensiones entre 2021 y 2022. Una batería de medidas que se pretenden tomar con el consenso de los agentes sociales y el aval de las recomendaciones del Pacto de Toledo que va a afectar a diferentes aspectos del sistema de jubilación español.
Jubilación anticipada
Una de las medidas con más repercusión ha sido la penalización a las jubilaciones anticipadas. Con el fin de acompasar la edad real y la edad efectiva de jubilación, se van a ampliar los coeficientes reductores de la pensión en cada una de las modalidades: voluntaria, involuntaria, para mutualistas, personas con discapacidad o en razón del grupo profesional.
Los coeficientes pasarán de ser trimestrales a ser mensuales y afectarán a la cuantía de la pensión en lugar de aplicarse sobre la base reguladora como se hacía antes. Los coeficientes pensados para cada tramo (en función de los años cotizados) y tipo de jubilación anticipada pueden consultarse en este enlace.
Jubilación demorada
Otro de los objetivos que se ha planteado Escrivá es alargar la vida laboral de los trabajadores, razón por la cual ha propuesto incentivos a la jubilación que se demore más allá de la edad legal (actualmente en 66 años o 65 si se han trabajado 37 años y tres meses).
Se trata de una medida que se pretende aprobar a finales de 2021 para su aplicación en 2022 y que se podría materializar de dos formas distintas que se pueden combinar si el trabajador así lo desea:
-Un aumento del 4% de la pensión por cada año trabajado de más, a aplicar sobre la base reguladora y a añadir sobre los años ya trabajados anteriormente.
-Un pago único por año demorado que depende de la cuantía de la pensión y de la duración de la vida laboral del ciudadano. Puede ir de los 4.786,27 a los 12.060,12 euros.
Además, Escrivá ha propuesto revisar el procedimiento de solicitud de jubilación anticipada por razones de peligrosidad o penosidad, reflejándolos de forma más clara y haciendo que las organizaciones sindicales y empresariales más representativa sean las que formulen en su fase inicial estas solicitudes.
Jubilación forzosa
La intención del Gobierno es prohibir las cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores menores de 68 años, aunque esto se podrá mantener en los convenios que todavía tengan vigencia.
Jubilación activa
El departamento de Escrivá quiere para poder optar a una jubilación activa (compatibilizar el trabajo por cuenta propia o ajena con una pensión) se deba superar al menos un año la edad ordinaria de jubilación.
Revalorización de las pensiones
Además, se establece un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se actualizarán cada año con la media del IPC (Índice de Precios al Consumo) del ejercicio anterior y la evaluación de este sistema cada cinco años.
Si el IPC es negativo, la actualización no se hará en negativo. En paralelo, los jubilados podrán ganar poder adquisitivo, a pesar de la primera opción del Gobierno y después de la presión de los sindicatos, eliminándose la opción de compensar en ejercicios posteriores las subidas por el IPC qur tuviesen dicho efecto.