Economía

La reforma de las pensiones del Gobierno elevará el gasto y llevará la deuda al 165% de PIB

  • Moncloa asume mayor coste en la partida con las medidas propuestas a los agentes sociales
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. EFE.
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La derogación del Índice de Revalorización y la vinculación de las subidas con la inflación y la anulación del factor de sostenibilidad llevarán el gasto anual en pensiones al 14,2% del PIB en 2050, lo que supone un aumento de la factura anual de las prestaciones de 40.000 millones de euros.

El Gobierno asume ya una máxima que resultará del proceso de reforma del sistema público de pensiones: las medidas que se adopten elevarán el gasto anual en esta partida a cargo de la Seguridad Social, para la que se destinarán en este año 135.000 millones de euros. Concretamente, la derogación del factor de sostenibilidad unido a la sustitución del IRP por el IPC como guía para la revalorización de las pagas supone endosar a la factura anual otros 40.000 millones de euros. De modo que si en 2019 el desembolso en prestaciones alcanzaba el 10,9% del PIB, y según las estimaciones de la AIReF, estas dos medidas harán que en 2050 este coste ascienda a 14,2 puntos porcentuales del PIB.

Pero más allá, este aumento del gasto provocaría según la AIReF asumir un volumen de deuda letal para la economía, en el entorno del 165% del PIB. Eso, siempre y cuando el Ejecutivo incorpore en las medidas para la reforma del sistema público algún tipo de elemento compensador del aumento de la esperanza de vida, como parece que actuará el anunciado como factor de equidad generacional, que será aprobado en el próximo año, en una segunda fase de la reforma del Sistema. De no introducirse un elemento corrector del gasto asociado a la evolución demográfica, la deuda pública ascendería hasta el 175% del PIB como producto de la reforma que está llevando a cabo el Gobierno.

No en vano, cabe recordar, tal y como viene anotando en sus intervenciones el ministro encargado de la reforma, José Luis Escrivá, si España cuenta en la actualidad con un gasto en pensiones en el entorno del 10% del PIB, la media de los países de la Unión Europea cuentan con un desembolso del 13% de su PIB. Es decir, esta comparación otorga a España aún un margen de 3 puntos porcentuales para aproximar el gasto público en prestaciones al de nuestros vencidos europeos. Es decir, un margen de 36.000 millones de euros con los que el Ejecutivo trata de justificar la viabilidad financiera del sistema pública en el medio plazo, incluso si se tiene en cuenta esta revalorización con el IPC.

"La sustitución del IPC por el IRP como factor de revalorización en las proyecciones de la AIReF supondría una reducción del gasto de 2,3 puntos porcentuales del PIB en 2050. Por su parte, la no entrada en vigor del factor de sostenibilidad en 2023 acordada recientemente (no incluida en las últimas previsiones de la AIReF) aumentaría el gasto en 0,9 puntos de PIB en 2050", apunta el auditor público en el último informe sobre Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024.

Variación de proyecciones

Sobre este aspecto, el Gobierno presenta la proyección a largo plazo de gasto público asociado al envejecimiento del informe Ageing Report 2021, todavía no publicado, en el que la ratio de gasto en pensiones sobre PIB aumenta del 12,3% al 13% entre 2019 y 2050. El ejercicio europeo incorpora supuestos demográficos y macroeconómicos comunes a todos los Estados miembros bajo un principio de legislación constante. Moncloa reconoce que en la actualidad el supuesto de legislación constante no refleja las decisiones de política económica recientes.

En efecto, el escenario base del ejercicio europeo supone la revalorización anual de las pensiones con el IRP y la aplicación del factor de sostenibilidad a las pensiones nuevas a partir de 2023. No obstante, desde 2018 se ha abandonado el uso del IRP como mecanismo efectivo de revalorización año a año, aunque no se haya producido su derogación formal. Adicionalmente, en 2021 se ha acordado en el marco del diálogo social, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, abandonar de manera definitiva el IRP a favor del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante su revalorización a través del IPC y la sustitución del factor de sostenibilidad por otro mecanismo de equidad intergeneracional por definir que aplicaría correcciones en base a la demografía del momento.

De este modo, las diferencias con las previsiones con el Gobierno se explican por la cobertura del ejercicio y por los distintos supuestos demográficos, macroeconómicos e institucionales. En primer lugar, la estimación de Moncloa incluye las pensiones de la Seguridad Social, las pensiones de las Clases Pasivas del Estado y las pensiones no contributivas, mientras que la de la AIReF se centra únicamente en las primeras. Por otro lado, la AIReF utiliza sus propias proyecciones demográficas y el Ageing Report parte de las proyecciones de Eurostat. Por su parte, la metodología del Ageing Report se basa en supuestos de convergencia a largo plazo entre Estados miembros de las principales variables macroeconómicas, mientras que la AIReF elabora su propio cuadro macroeconómico a largo plazo. Por último, la AIReF no parte de un principio de legislación constante sino que supone que las pensiones se revalorizarán con el IPC.

Riesgo para la sostenibilidad

El aumento proyectado del gasto en pensiones es uno de los principales riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo. El incremento estructural del gasto en pensiones, si no es compensado con ingresos adicionales, conllevará un aumento significativo del endeudamiento desde unos niveles históricamente elevados. "El mayor gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población junto con un posible endurecimiento de las condiciones de financiación se vislumbran como los principales riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas en un horizonte de medio y largo plazo, tanto por su probabilidad de ocurrencia como por su elevado impacto", advierte en el informe la Autoridad Fiscal al tiempo que llama a una estrategia de consolidación fiscal y saneamiento de las Administraciones públicas.

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