El Tribunal Constitucional tumbó este jueves varias disposiciones del Real Decreto Ley 15/2020 de medidas laborales y fiscales, entre las que se incluía la integración del régimen de pensiones de Clases Pasivas a la Seguridad Social.
Tal y cómo explica la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Gobierno "modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo".
Este Real Decreto Ley permitía que la gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, estuviese a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS); el Estado transferiría a este organismo los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones.
CSIF inició conversaciones con el Gobierno y con diferentes grupos parlamentarios para frenar esta iniciativa. Sin embargo, fue el Partido Popular quién recurrió el decreto.
"El Gobierno hizo un mal uso del Real Decreto"
El Constitucional dio la razón a los argumentos de CSIF. Tal y como se recoge en la sentencia, el Gobierno hizo un "mal uso del Real Decreto", ya que el traspaso a la Seguridad Social "no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad".
El sindicato asegura que esta situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios; lo que derivó en una oleada de jubilaciones anticipadas. Según los datos de CSIF, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2% más que en el mismo período de 2019.