Ahora toca cumplir con los compromisos que el gobierno tiene con la clase trabajadora de este país. Trabajadoras y trabajadores de la sanidad y los servicios sociales, de la educación, del comercio, de la policía, de la limpieza, del transporte y la logística, de la industria, de los servicios de emergencia, etc. que han estado en la primera línea de lucha contra la pandemia y que han sufrido numerosas situaciones de riesgo para su salud y su propia vida, pero también de riesgo económico, de pérdida de empleo, de reducción del salario, de incremento de la incertidumbre laboral y de la precariedad, que es una segunda pandemia que asola nuestro país desde hace décadas y que tiene una clara solución en términos de políticas económicas, laborales y sociales.
CCOO exige cumplir los compromisos adquiridos por este gobierno con los sindicatos, y que forman parte del Acuerdo del Gobierno Progresista, de superar la reforma laboral de 2012, cuyo objetivo era bajar los salarios de los trabajadores más desprotegidos, con una nueva legislación laboral que: equilibre el poder de negociación entre trabajadores y empresarios; favorezca la estabilidad en el empleo; limite la subcontratación; sustituya el recurso al despido por fórmulas de adaptación del tiempo de trabajo cuando hay problemas coyunturales en las empresas -los Erte nos han dado algunas pistas de esa modernización de la relaciones laborales que requiere España-. No podemos salir de esta crisis con mayor desigualdad social, con mayor pobreza.
CCOO exige retomar la senda de subida del Salario Mínimo Interprofesional. No tiene ningún sentido, ni económico ni social, que los convenios suscritos en 2020 entre sindicatos y patronales hayan tenido un incremento salarial medio del 1,56% y que el SMI permanezca congelado, mientras los países de la UE que tienen un salario mínimo establecido por ley lo han incrementado para 2021. El SMI afecta directamente a más de dos millones de personas en España, y además tiene un efecto positivo sobre los salarios bajos, cuyos incrementos favorecen una mejor distribución de la riqueza y se traducen en un aumento de la demanda y del empleo.
CCOO consideramos asimismo prioritaria la derogación de la última reforma de las pensiones que suponía un recorte de las prestaciones presentes y mucho más de las futuras. Hay que trasladar a la población española que en las próximas dos décadas habrá más pensionistas, con pensiones más altas y que cobrarán durante más tiempo. Pero no hay ninguna maldición bíblica que impida que ese fuerte incremento de gasto no se pueda asumir, si así lo decide la sociedad española. Para ello es prioritario incrementar los recursos, fiscales y contributivos, que financien las pensiones actuales y futuras.
Todas estas reivindicaciones sindicales hay que situarlas en un contexto social y político muy determinado. Las consecuencias de la anterior crisis y los efectos de la actual han deteriorado las condiciones materiales de vida de una buena parte de la población y han quebrado las expectativas vitales de otra parte aún mayor, generando malestares profundos que corren el riesgo de cronificarse.
El crecimiento económico debe ir acompañado de una mayor igualdad social
En España una cuarta parte de la población está en riesgo de pobreza, con un desempleo y subempleo estructural en determinados colectivos de trabajadores, con sectores que van a redimensionarse de forma abrupta como resultado de la pandemia -como es el caso del turismo de demanda extranjera en determinadas zonas-, con el enquistamiento de la pobreza en muchos jóvenes, en miles de mujeres con trabajos precarios, en amplias zonas de la geografía española por las que el último tren pasó hace muchos años.
En este sentido el Plan de Recuperación y Resiliencia que ha presentado el gobierno debe ser una palanca de revitalización de la actividad económica que vendrá tras la generalización de la vacunación. Pero este crecimiento económico debe ir acompañado de una mayor igualdad social, y ello no se puede llevar a cabo sin los sindicatos.
En EEUU los planes anunciados por el Presidente Biden de un nuevo paquete de inversiones sociales por valor de 1,8 billones dólares se dedicarán, entre otras medidas, a desarrollar el cuidado infantil de alta calidad, permitiendo que las familias paguen en función de sus ingresos, a financiar bajas médicas remuneradas, a establecer la pre-escolaridad universal y gratuita, y a satisfacer necesidades alimentarias de niños de bajo ingresos.
Este nuevo plan se presenta tan solo un mes después de otro de 2 billones de dólares dedicados a infraestructuras, junto a una decidida apuesta por recuperar los derechos laborales y los salarios de la clase trabajadora estadounidense. Como ha dicho Kamala Harris, la vicepresidenta de EEUU: "Wall Street no construyó este país, fue la clase media la que construyó este país. Y la clase media la construyeron los sindicatos".
