Economía

La reforma que busca Díaz va más allá de derogar el marco laboral de 2012

  • Yolanda Díaz pretende empezar por los asuntos 'más lesivos' de la norma
  • Se abordará la modificación sustancial de condiciones de trabajo
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. EFE.
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Ya hay fecha para retomar la negociación de la reforma laboral después de que quedase apartada en marzo por la aparición de la pandemia: el próximo miércoles 17. Sin embargo, en esta ocasión el abanico de los puntos a negociar se amplía de forma considerable ya que la intención del Gobierno, según ha dejado patente en varias ocasiones la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, es "modernizar" el actual marco de relaciones laborales lo que conlleva dar un repaso completo al Estatuto de los Trabajadores (ET). En eso, al menos, están de acuerdo los interlocutores sociales, tanto patronal como sindicatos.

Y el guion de lo que el Gobierno quiere poner encima de la mesa viene marcado por el documento que remitió a Bruselas, ligado al "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Reformas en el ámbito laboral y de Pensiones" que contempla 17 reformas, algunas aprobadas (trabajo a distancia o brecha de género) y otras negociándose ya en otras mesas abiertas con los agentes sociales como las políticas activas de empleo, empleo joven, modernización del Sepe o formación profesional.

Remitido a Bruselas

Esta semana lo reiteraba Díaz cuando anunció la apertura de las negociaciones en una mesa en la que se tratarán no sólo los aspectos considerados como "más lesivos de la reforma laboral de 2012", sino también otras materias remitidas a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, entre las que "figuran la contratación laboral o medidas contra la precariedad laboral".

La ministra aclaró que algunas de las materias que formarán parte de esta mesa, como la negociación colectiva o las cláusulas de descuelgue, ya estaban muy trabajadas antes de la llegada de la pandemia y serán, seguramente, las que primero se abordarán. Son los considerados "aspectos más lesivos" de la modificación normativa llevada a cabo en 2012 por el Gobierno popular de Mariano Rajoy que se empezaron a negociar en la anterior legislatura de Pedro Sánchez, entonces en solitario, con la ex ministra de Trabajo Magdalena Valerio.

En este primer paquete se incluye la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector, la ultraactividad de los convenios o las subcontratas, principalmente. Pero es un arranque espinoso, abocado casi al desencuentro, pues son materias que la CEOE no quiere avalar. En principio, los empresarios no estarían dispuestos a plasmar su firma en ninguna medida que suponga la "contrarreforma" de la normativa de 2012 y muy especialmente, en lo relativo a la subcontratación.

Desde los sindicatos defienden que estos temas ya están muy debatidos y las posturas fijadas. Por eso, aunque están dispuestos a dar una oportunidad a la negociación de este primer paquete de reformas, presionan para que el Gobierno no ceda a las presiones y legisle. Desde los sindicatos han insistido en que la negociación no puede estar marcada por la exigencia de un acuerdo, pues supondría entregar una especie de veto a la CEOE.

No obstante, el próximo miércoles, cuando formalmente se reabra la mesa de la reforma laboral, se establecerán las materias que se quieren abordar y sobre todo los calendarios, por lo que quizá se opte por plantear los temas en otro orden.

De hecho, la ministra, aunque reconoce que se puede empezar por estos puntos ya debatidos, entiende la negociación como un todo: "empieza una gran tarea de transformación y de reformas estructurales" en España dijo esta semana. "Es un enorme reto para el Gobierno y para los agentes sociales. (...) Vamos a estar encerrados, casi como si fuera una oposición, para desplegar todos los efectos, porque nos hemos comprometido ante Bruselas y porque el Gobierno y los agentes sociales quieren abordar estas reformas", subrayó.

Uno de los elementos más novedosos radica en la reforma del actual modelo de Erte que el Gobierno quiere asimilar al que hay en Alemania

Aunque el Gobierno llega a la mesa con un temario abierto, ha desvelado alguna medidas que quiere debatir con los agentes sociales. Por ejemplo reducir a tres el número de contratos, algo que se apunta en el documento remitido a Bruselas. Habla de la generalización del contrato indefinido, de devolver la causalidad al contrato temporal, tocando las modalidades de formación y prácticas y fijo-discontinuo. También se quiere penalizar el uso de los contratos de muy corta duración, de cinco o menos días, en lo que trabaja ya la Seguridad Social.

Otro tema que Trabajo quiere abordar, igualmente espinoso, es lo referente a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, artículo 41 de ET, que se reformó en 2012 y cuya modificación solicitan los sindicatos como una de sus mayores aspiraciones.

Pero quizá uno de los elementos más novedosos radica en la reforma del actual modelo de Erte que el Gobierno quiere asimilar al que hay en Alemania. Uno de los principales objetivos que se marca la ministra de Trabajo con la reforma es convertir los expedientes de regulación temporal de empleo en una herramienta que facilite la suficiente flexibilidad en las empresas que pasan por dificultades. Se busca que opten por reducir el volumen de trabajo, con prestaciones públicas, y evitar así acudir al despido como primera opción para atajar los momentos de crisis. Se ligaría también a la formación.

Trasladar a España el Erte alemán

Gobierno y agentes sociales han ensalzado el papel que ha jugado el Erte para evitar una destrucción masiva de empresas y puestos de trabajo durante la pandemia. Por eso, ya en verano empezaron a plantear públicamente a necesidad de abordar una reforma estructural de esta figura cogiendo como modelo el Erte alemán. El Estado se hace cargo de las nóminas de los empleados de las empresas que pasan por dificultades en periodos de tiempo que pueden llegar a dos años. A cambio, los trabajadores afectados entran en procesos formativos para reciclarles a otros sectores. Trabajo plantea la creación de un fondo tripartito para financiar las prestaciones.

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